Diputados censuran presiones de Chaves para conceder contrato de Barranca-Limonal a Tradeco

Diputados de la República se pronunciaron tras las declaraciones que el exministro Luis Amador dio a la Fiscalía, en las que se mencionan las presiones que ejerció el presidente Rodrigo Chaves al propio Amador, a la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) Mónica Araya, al Banco Nacional y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que se le entregaran las obras de Barranca-Limonal a la empresa mexicana Tradeco.
La Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta una investigación por el delito de peculado contra Chaves y contra el también exministro Mauricio Batalla.
Andrea Álvarez Marín, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN):

"Es sumamente preocupante, porque calzaría con un patrón que hemos venido viendo como parte de este Gobierno que, cuando el presidente Chaves juramenta a la junta directiva del Banco Nacional, la hoy junta directiva espuria, les pide que se fije en un crédito en específico. Esto que denuncia Amador, sí calza con hechos que todos vimos, porque todos tuvimos acceso a esa grabación", señaló la diputa verdiblanca.
"Entonces, es preocupante que, desde el Gobierno se quiera tener indebida injerencia sobre temas crediticios cuando esas decisiones, por autonomía de la banca deben estar basadas en criterios eminentemente técnicos", sumó Álvarez.
Gilberto Campos, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP):

"Lamentablemente, es un episodio más del que nos tiene acostumbrados este gobierno y el presidente de la República. Por supuesto que habrá que esperar las investigaciones correspondientes y determinar si le alcanza para el establecimiento de una causa judicial y, por supuesto, que habrá que ver si el simple hecho de decir, tal y como se plantea, alcanzar para establecer una formalidad al respecto", declaró a CR Hoy el diputado Campos.
"Lo que sí es cierto, es que esto le hace muy flaco favor a Costa Rica. Lastimosamente, nos mantiene punteando dentro de los índices de corrupción internacionales, hay que recordar que Costa Rica perdió una gran cantidad de puestos en el índice de corrupción de América Latina y esto no es algo más que una triste noticia que todos los costarricenses debemos lamentar", enfatizó el liberal.
Johana Obando, diputada independiente:

"Lastimosamente esta no es la primera vez que se denuncian intentos de injerencia política por parte del presidente Rodrigo Chaves en procesos que deberían ser técnicos o financieros, y que, por su naturaleza, deberían estar blindados de cualquier tipo de manipulación, venga de quien venga. Si estas presiones llegan a confirmarse, estaríamos ante los delitos de abuso de poder y una amenaza directa a la institucionalidad, ya muy de costumbre por parte del presidente", dijo Obando a este medio.
"Reitero que la función pública debe regirse bajo principios de interés nacional, de la ética, de la legalidad, y no por favores o presiones políticas que vengan del Ejecutivo ni de ningún otro Poder. No podemos permitir que, en Costa Rica, la corrupción que se ha demostrado, una y otra vez, marquen el rumbo de las decisiones que deberían ser técnicas, decisiones que al final de cuestas van a afectar a los costarricenses", añadió la legisladora independiente.
Presidenta interina del Congreso y diputada del PUSC; Vanessa Castro Mora:

Vanessa Castro, vicepresidenta del Congreso
"El deber de probidad en la función pública es fundamental. Es un principio básico que debe regir a todo funcionario, desde el puesto más pequeño hasta el más grande. Si se ha violentado ese deber de probidad, a través de acciones que no son apropiadas y, sobre todo, si se trata de posibles presiones de algún tipo, evidentemente, es un tema que hay que investigar de fondo y determinar si verdaderamente hay mérito para considerar que hay una acción incorrecta".
Fiscalía investiga por peculado a Chaves y exministro Batalla
El Ministerio Público confirmó a CRHoy que la Fiscalía General tramita la causa 23-8-1878-PE por el presunto delito de peculado contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla Otárola.
La investigación está relacionada con el contrato del tramo Barranca–Limonal de la carretera Interamericana Norte y el supuesto interés por adjudicar la obra a la empresa mexicana Tradeco.
El peculado es el delito que comete un funcionario público cuando sustrae o utiliza indebidamente dinero o bienes del Estado que le fueron confiados en razón de su cargo.
Las penas establecidas por este delito van de tres a doce años de prisión, según la gravedad de los hechos.
Inicialmente, la causa también incluía al exministro del MOPT Luis Amador, denunciado en el mismo expediente. Sin embargo, tras rendir declaración ante la Fiscalía, aportar información en el caso "Pista Oscura" y permitir la apertura de su teléfono celular, surgieron nuevos y relevantes datos que llevaron al Ministerio Público a considerarlo testigo dentro de la investigación.
Garantía del INS y despido de Mónica Araya
En el expediente también figura como testigo la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, a quien el presidente Chaves habría solicitado otorgar una garantía de cumplimiento a favor del Grupo Tradeco, pese a que la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para ese trámite.
Araya fue destituida por Chaves en mayo de 2024, bajo los argumentos de "pérdida de confianza", "desempeño negativo" y supuestas malas intenciones.