Diputados celebran avance de reforma a pensiones del Poder Judicial

Esta tarde la Sala Constitucional comunicó que el proyecto de ley que reforma las pensiones del Poder Judicial, no tiene vicios de inconstitucionalidad. Ahora la iniciativa, que fue cuestionada y provocó una gran huelga el año pasado, se acerca a convertirse en ley.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marcela Guerrero, una de las voces más activas durante este proceso, dijo que confirma la seriedad de los criterios, con los cuales se respaldó el proyecto.

"Muy satisfecha porque esto reafirma el esfuerzo mancomunado que hizo la Asamblea Legislativa", señaló esta tarde. Hoy vencía el plazo para que la Sala Constitucional, se pronunciara sobre la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, llamada Ley de Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa.

Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional, destacó que la ley se realizó bajo los "principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de derechos". Además aseguró que acataron recomendaciones de un estudio actuarial encargado y financiado por el mismo Poder Judicial, elaborado por el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

"Nuestra principal preocupación es garantizar la sostenibilidad del Fondo, sin afectar derechos de los funcionarios judiciales", anotó la exministra de Trabajo.

Varias fracciones del Congreso realizaron la consulta de constitucionalidad el 1 de noviembre del 2017, tras la aprobación del proyecto de ley en primer debate en el Plenario Legislativo. Los artículos 100 y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señalan que una vez recibida, los magistrados cuentan con un mes para responder.

Por eso Guerrero y otras congresistas como Piszk cuestionaron la tardanza.

Reforma necesaria

La iniciativa recorta los beneficios de las pensiones del Poder Judicial y asegura su sostenibilidad financiera. Desde julio del año pasado la Comisión Especial de Regímenes de Pensiones acordó esta noche recortar beneficios de las pensiones del Poder Judicial.

En julio del año pasado miles de funcionarios se declararon en huelga, ante la propuesta de reforma. Incluso se suspendieron las labores, de forma muy controversial, en la Morgue Judicial. La manifestación fue declarada ilegal posteriormente y trajo consecuencias, críticas y un temblor en el Poder Judicial, así como su relación con los diputados.

Hoy Guerrero afirmó que hoy se marca un "antes y un después" en el esfuerzo por salvaguardar la división de Poderes y la tarea que le corresponde a cada quien. "Ojalá sea un piso por devolverle la legitimidad tanto el Poder Legislativo como al Poder Judicial", aseguró.

Por su parte Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, señaló que la decisión de los magistrados "permite culminar" el esfuerzo por eliminar las pensiones de lujo y "darle racionalidad y sostenibilidad" al régimen jubilatorio de miles de funcionarios judiciales.

Sala IV no encontró vicios de constitucionalidad a proyecto de reforma a pensiones del Poder Judicial. Una decisión que nos permite culminar nuestro esfuerzo por eliminar las pensiones de lujo y darle racionalidad y sostenibilidad a dicho régimen jubilatorio.

— Mario Redondo Poveda (@marioredondo) April 12, 2018

Para Guerrero, el segundo debate en el Plenario no tendrá mayores complicaciones, luego de la extensa discusión del año pasado en Comisión y para el mismo primer debate.

Los puntos medulares de la reforma son los siguientes:

• La jubilación será del 85% del promedio de los últimos 240 salarios. Actualmente, es del 100%.
• El aporte obrero será gradual de entre el 11% y el 15%, según gane la persona.
• Para efectos de la pensión ordinaria, la edad de retiro para hombres y mujeres se elevaría de 60 a 65 años con 35 años de servicio.
• Se establecerá un tope a las jubilaciones superiores a los ¢4 millones y se fijará un aporte solidario de hasta un 55% sobre el exceso de ese límite.
• Este tope será escalonado de acuerdo con el monto de la pensión. Por ejemplo, jubilaciones de ¢5 millones pagarán una contribución del 25% y las superiores a ¢8 millones un 55%.
• La administración del fondo de pensiones y jubilaciones saldrá del Poder Judicial.

Con esta propuesta el déficit del fondo de pensiones, estimado en ¢5,3 billones se recortaría a ¢0,30 billones.