Diputados aumentan pena de cárcel para quienes dañen escáneres
La Asamblea Legislativa aprobó definitivamente el proyecto de ley que establece penas de entre uno y cuatro años de prisión para las personas que dañen escáneres u otros dispositivos electrónicos empleados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La tarde de este martes 27 de mayo el expediente fue aprobado de forma unánime en segundo debate y recibió 42 votos a favor. El plan ahora pasará al Poder Ejecutivo para su firma y eventual publicación como ley de la República.
La iniciativa fue presentada por la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, y reforma el artículo 229 del Código Penal, que tipifica el delito de daño agravado.
Actualmente, dicho artículo contempla una pena de seis meses a cuatro años de cárcel. Sin embargo, al elevar el castigo mínimo a un año, las personas que sean condenadas ya no podrían acogerse al beneficio de ejecución condicional de la pena, el cual suele aplicarse cuando la condena es inferior a los dos años. De esta forma, quienes resulten culpables de dañar este tipo de equipos podrían enfrentar prisión efectiva.
La propuesta también introduce un inciso adicional al artículo 229, con el fin de evitar ambigüedades en la interpretación del concepto de "equipamiento policial". La nueva ley de la república aclara que el delito de daño agravado será aplicable específicamente cuando el perjuicio recaiga sobre "dispositivos electrónicos utilizados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada".
El uso del término "dispositivo electrónico" permite abarcar no solo los escáneres, como los instalados en puertos, sino también drones y cualquier otro equipo tecnológico empleado por las autoridades para combatir estas amenazas.
La reforma responde, en parte, a hechos denunciados por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en abril del año pasado, cuando reveló que sospechaban que organizaciones criminales estarían ofreciendo dinero a conductores de camiones para provocar colisiones contra la estructura del escáner ubicado en Moín, provincia de Limón, con el objetivo de inutilizarlo.
