Diputados apurarán investigaciones que han quedado varadas
Expedientes sobre la CCSS, PANI, MAG, Sinart, Asebanacio e ICE hace fila
La diputada Yorlenhy León, de Liberación Nacional, fue reelecta el miércoles pasado como Presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos. (Cortesía).
(CRHoy.com) -Los diputados apurarán la conclusión de al menos seis investigaciones que tienen más de dos meses paralizadas debido a la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Los expedientes se encuentran en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa que -al igual que todos los órganos parlamentarios- no sesiona desde que se declaró la emergencia nacional.
Esa comisión -una de las más estratégicas del Congreso- volverá a sesionar el próximo jueves, según confirmó la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue reelecta el miércoles pasado como Presidenta del grupo para el periodo 2020-2021.
León explicó que en lo inmediato procurarán salir de cuatro informes de investigaciones ya concluidas.
Se trata de expedientes que se abrieron contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
"Vamos a conocer cuatro informes que tenemos ya listos desde hace varias semanas. Si salen con mayoría, los estaremos trasladando al Plenario", declaró.
Explicó que después de ello se concluirán otras dos investigaciones que ya están avanzadas. Una es contra la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) y la otra es contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Listos para votar
La huelga de empleados de la Caja afectó hospitales, clínicas y Ebais. (Cortesía).
Los cuatro informes que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos tiene listos para su dictamen se relacionan con investigaciones por mal uso de recursos públicos en la CCSS, PANI, MAG y Sinart.
La investigación contra la Caja se abrió por los polémicos acuerdos que la institución suscribió con sindicatos para incumplir la aplicación de la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esos acuerdos pusieron fin en agosto de 2019 a una larga y costosa huelga que mantuvieron empleados de la entidad en hospitales, clínicas y Ebais.
En setiembre de ese mismo año, la Contraloría General de la República (CGR) anuló los acuerdos y le ordenó a la CCSS cumplir con la regla fiscal.
Las autoridades y sindicatos de la Caja habían pactado no aplicar la norma que establece calcular el pago de anualidades de manera nominal para evitar el crecimiento del gasto público.
La exjerarca del PANI, Patricia Vega (izquierda), fue interrogada por los diputados antes de renunciar a su cargo. (Cortesía).
La segunda investigación tiene que ver con el presunto manejo irregular de recursos financieros del PANI.
Los legisladores investigaron denuncias sobre la ausencia de un plan estratégico en la institución para la gestión de los voluminosos recursos que ingresaron a la entidad en los últimos 6 años.
Como parte del expediente, se pretende establecer responsabilidades por el mal manejo presupuestario de la entidad -con superávits que llegaron incluso a los ¢18 mil millones– mientras los albergues para menores de edad estuvieron prácticamente en abandono.
Entre otros aspectos, se investigó la mala gestión con plazas, nuevas oficinas, centros de intervención temprana y unidades móviles.
En julio del año de 2018, comparecieron Henry Valerín, auditor del Servicio Fitosanitario del Estado (izquierda), y el exviceministro del MAG, Felipe Arguedas. (CRH).
En relación con el MAG, los legisladores investigaron una denuncia por la cuestionada y millonaria adjudicación de una soda para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos abrió el expediente para investigar el elevado costo de la soda –valorada en ¢1.100 millones– y el procedimiento que se siguió para su adjudicación.
El último informe constituye una investigación contra jerarcas y exjerarcas del Sinart y de la administración anterior por el presunto tráfico de influencias y el mal uso de recursos públicos.
Asebanacio e ICE
Exgerentes de la Asebanacio comparecieron ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos en febrero de este año. (CRH)
En los casos de las investigaciones contra la Asebanacio y el ICE, todavía no hay informes redactados, pero se encuentran avanzadas, según confirmó León.
Los diputados investigan a la Asebanacio por el posible uso irregular y corrupto de recursos provenientes del fondo de cesantía de los empleados del Banco Nacional a la Asociación.
La Asebanacio giró millonarios créditos -entre 2011 y 2017- a grandes clientes comerciales del banco, a pesar de una prohibición establecida por la Ley de Asociaciones Solidaristas, que no permite a ese tipo de entidades prestar a terceros.
En total, ¢11.063 millones son incobrables y la Asociación registró pérdidas superiores a los ¢15 mil millones. Uno de los créditos -por ¢2.065 millones– fue otorgado a la empresa JCB Constructora y Alquileres S.A., del importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
El regulador Roberto Jiménez (izquierda) fue citado por los diputados en febrero anterior (CRH).
En el caso del ICE, se trata de un expediente que se abrió para investigar el deterioro en las finanzas de la entidad estatal.
Como parte del proceso, se investiga los estados financieros que ha suministrado la institución porque a juicio de algunos congresistas "hay mucha opacidad" en los mismos.
En el expediente, se incluyen casos como la inversión y la rentabilidad del proyecto hidroeléctrico Reventazón, en Siquirres de Limón, y los costos de producción de las represas.
También el pago de $24 millones de más que el ICE hizo a generadores privados de energía eléctrica por debilidades en las metodologías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para fijar las tarifas de compra entre 2017 y 2019.
