Diputados aprobaron otro “proyecto jaguar” que permite ejecutar recursos sin ninguna regulación
Iniciativa fue propuesta por el liberacionista Oscar Izquierdo
La Contraloría General de la República (CGR) y su jerarca, Marta Acosta Zúñiga, advirtieron en dos ocasiones a los diputados sobre los riesgos y los roces constitucionales del proyecto de ley aprobado el pasado jueves por 37 congresistas en primer debate en el plenario legislativo, la cual pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados, organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional público.
El plan aprobado por los legisladores, pese a los señalamientos de la CGR, es el expediente 24.215, presentado en marzo del año pasado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí.
La iniciativa busca modificar el inciso e) del artículo 2 de la LGCP para eximir de los requisitos de esa ley los contratos administrativos suscritos con sujetos de derecho internacional público, incluyendo expresamente a la Cruz Roja.
Primera advertencia
La primera advertencia de la CGR se dio el 29 de noviembre pasado, cuando el ente contralor emitió su criterio sobre este expediente a solicitud de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, instancia que dictaminó la iniciativa de ley antes de su debate en el plenario legislativo.
La CGR advirtió a los diputados que, actualmente, la LGCP excluye los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, los cuales se rigen por el derecho internacional público. Además, señaló que la contratación de bienes, servicios y obra pública con fondos públicos en los que participen organismos internacionales sí forma parte del ámbito de la Ley.
Según el ente contralor, la reforma busca excluir esta actividad contractual de la Ley, lo que podría generar consecuencias negativas.
"Esto permitiría la contratación sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad. Este intento de reforma tiene un paralelismo con lo planteado en el proyecto de ley 24.467, denominado ‘Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica'", advirtió la CGR.
Además, indicó que el país cuenta con un único sistema de contratación pública derivado del artículo 182 de la Constitución Política y que no existe ninguna razón para excluir de su aplicación la contratación de obras, bienes y servicios a cargo de organismos de derecho público internacional.
"De permitirse, se aceptaría que una importante cantidad de fondos públicos se ejecuten sin ninguna regulación, sin siquiera un marco de referencia en cuanto a plazo, costos y calidad. En estas condiciones, los organismos que contraten con el Estado no estarán obligados a rendir cuentas ni podrían ser sancionados o requeridos para reparar daños en caso de incumplimiento del contrato", añadió la CGR.
Asimismo, la Contraloría advirtió que la exclusión planteada no solo elimina la aplicación de los procedimientos de la LGCP, sino que también suprime los principios de transparencia, publicidad y control previstos en la ley.
"Prácticamente deja la selección del contratista a la discrecionalidad y negociación política. Además, la CGR no ejercería ningún control, ni los desacuerdos podrían plantearse ante los Tribunales de Justicia", advirtió.
Por otro lado, la Contraloría recordó que la Sala Constitucional ha reiterado que la licitación pública es una garantía esencial para la correcta gestión de los recursos estatales y que ampliar las excepciones "erosiona este principio y abre la puerta a adjudicaciones discrecionales y riesgos de corrupción".
A modo de ejemplo, la CGR mencionó que la confidencialidad en proyectos financiados con recursos públicos, como se evidenció en el caso de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), impide a los ciudadanos y entidades fiscalizadoras conocer el uso de los fondos, generando incertidumbre y afectando la confianza en la gestión pública.
Además de las preocupaciones expuestas, el ente contralor señaló que el proyecto no indica el procedimiento a aplicar para tramitar estas contrataciones, lo que permitiría la adquisición de bienes, servicios y obras sin claridad sobre el marco normativo para su adjudicación, los controles que garantizarán el buen uso de los fondos públicos y, mucho menos, las eficiencias en tiempo que justificarían la desaplicación de la LGCP.
"Uno de los mayores logros de la LGCP es privilegiar el concurso público, abierto y transparente para la tramitación de las compras, de manera que se promueva la competencia como mecanismo idóneo para escoger la oferta que mejor satisfaga el interés público, tal y como lo recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el estudio denominado ‘Potenciando el uso de la licitación competitiva en el Sistema de Compras Públicas de Costa Rica'. Dicho estudio enfatiza la importancia de utilizar la licitación competitiva y limitar el uso de excepciones y la contratación con un solo proveedor", señala el pronunciamiento.
Asimismo, la Contraloría recordó que el artículo 183 de la Constitución Política le otorga competencia para la vigilancia de la hacienda pública, por lo que está facultada para fiscalizar toda contratación realizada con fondos públicos, aun en el supuesto de que no le sea aplicable la LGCP.
El documento completo con la opinión de la CGR puede consultarse en este enlace: DCP-0351-2024
Segunda advertencia
El segundo llamado de atención sobre este proyecto lo realizó la contralora Marta Acosta Zúñiga.
El 25 de febrero anterior, en una audiencia en la Comisión de Asuntos Sociales, la jerarca advirtió que excluir de la LGCP las contrataciones celebradas con organismos de derecho internacional para cualquier propósito, financiadas con recursos públicos y ejecutadas en el país, provocaría una estructura paralela que abriría una puerta sin retorno.
"Esto no sería conforme al régimen constitucional", subrayó la contralora Acosta.
Señaló que el modelo planteado por el proyecto generaría contrataciones con el riesgo de que se seleccione de forma directa al contratista, lo que podría derivar en falta de control y acceso a la información sobre compras de bienes, servicios u obra pública por parte de la ciudadanía, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, la CGR y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Añadió que exceptuar de los procedimientos de la ley las contrataciones con organismos de derecho internacional, en los mismos términos de la legislación anterior, implicaría un retroceso en el modelo de contratación pública, que busca eficiencia y protección de los fondos públicos.
La contralora destacó que la experiencia nacional en la exclusión de estos organismos de la aplicación de la anterior Ley de Contratación generó vacíos de fiscalización, falta de transparencia, afectación de competencias de otras instituciones públicas y riesgos de irregularidades en el uso de los recursos estatales.
"Esto permitiría la contratación sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad. Este intento de reforma tiene un paralelismo con lo planteado en el proyecto de ley 24.467, denominado ‘Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica'", concluyó la CGR.
