Diputado impulsa reforma para incentivar transición a buses eléctricos

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) José Joaquín Hernández Rojas impulsa un proyecto de ley para que el país avance en la transición a buses eléctricos.

Hernández recordó que desde el 2018 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9518 que da incentivos y promoción del transporte eléctrico.

Esa legislación declara de interés público la promoción del transporte eléctrico y establece como prioridad la utilización de la energía renovable en el transporte.

Contempla que la flota de autobuses en el país se sustituya por autobuses eléctricos a un ritmo de un 5% cada 2 años.

Pero tras 6 años de esa normativa, la realidad es muy diferente. Uno de los principales problemas es el costo de las unidades.

Un dato señala que solo 10 buses eléctricos superan los $3 millones.

Según cifras de la Aresep, en nuestro país hay en operación cerca de 5.000 buses, y un número aproximado de 300 empresas privadas prestando el servicio de transporte público de pasajeros, en su mayoría empresas familiares.

Hernández comentó que el costo por kilómetro de viaje en un autobús eléctrico es cerca de un 30% más barato en comparación con un autobús diesel.

"Costa Rica desde hace varios años construye un proyecto-país de lucha contra el cambio climático con el objetivo de cumplir con el compromiso adquirido en el acuerdo de París. El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país y garantizar y preservar el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", comentó el legislador.

Reforma

La reforma que impulsa el diputado del PLN apunta a que el valor de un autobús eléctrico es mayor que uno convencional y que para hacer posible el acceso de un operador a un crédito, necesita tener concesiones a más largo plazo para estructurar operaciones viables y rentables, ya que actualmente con la legislación del país, la concesión de una ruta se da por un periodo de 7 años.

Hernández presentó el proyecto 24.126, que modifica los artículos 26 y 28 de la Ley 9.518 y le adiciona varios transitorios con el objetivo de hacer viable la transición de buses de hidrocarburos por autobuses eléctricos cero emisiones, aumentando los años de la concesión para habilitar el financiamiento a largo plazo, que permitiría no impactar en las tarifas de los usuarios y garantizar la implementación y la sostenibilidad.

Para que un operador logre esta autorización de ampliación del plazo de la concesión, debe entregar a los entes competentes para su estudio y aprobación un plan detallado de sustitución de su flota por autobuses eléctricos.

Este proyecto contempla un fuerte castigo al incumplimiento del plan de sustitución por parte de un operador y es que, en caso de ocurrir, el Consejo de Transporte Público debe cancelarle la concesión y sacar de inmediato a licitación dicha ruta.

Para el legislador, si Costa Rica tiene como objetivo cumplir con las metas de descarbonización establecidas en el Acuerdo París, se deben tomar acciones y este proyecto es una de ellas.