Diputada Rojas: “Banco Central quiere invadir privacidad de las personas”
(CRHoy.com) La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Daniela Rojas lamentó el accionar del Banco Central luego que denunciar a la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, quien se negó entregar información sobre deudores a la entidad.
La diputada dijo que, con la excusa de que el Central necesita información para generar estadísticas económicas, la entidad ha sido recurrente en exigir a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas.
Para Rojas lo que pretende el Central es invadir la privacidad de las personas.
Vergonzoso y delicado el accionar del Banco Central de Costa Rica, la información solicitada, es confidencial de todos los costarricenses, en relación con las operaciones de crédito. De suministrarse esta información se estaría violentando la normativa de la Sugef y la Ley de Datos Personales, aseguró la diputada.
Agregó que la información que pide el Central no es pública, y su actuación "tiene un ánimo de control e invasión de la privacidad".
El jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco también criticó el actuar el Banco.
"La denuncia penal contra la Superintendente de la SUGEF no es de recibo, pues se hace de forma precipitada, mucho antes de que la Procuraduría emitiera su criterio, pero, además con esta denuncia se ataca a quien razonablemente busca proteger el derecho a la intimidad de los deudores", señaló Pacheco.
Aguilar indicó el jueves que la semana anterior que le notificaron sobre la denuncia penal, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la Gerente del Banco Central de Costa Rica, el 21 de abril del 2023.
"La acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le
remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para el desarrollo de sus labores de supervisión", indica el comunicado.
Además, consideraron que la información solicitada por el Banco Central, eran datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968.
El Banco Central hizo la solicitud, basándose en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley N°7558 y los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, Ley Nº9694, señaló la entidad supervisora.
La asesoría jurídica de la Sugef consideró que la solicitud era "contraria" a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al Superintendente, Intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente", añade el documento.
La Sugef resaltó que por este delito hay pena de 4 a 6 años de cárcel, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de conformidad con el artículo 203 del Código Penal.
La diputada Rojas enfatizó que estará muy atenta a lo ocurrido, tema que no se descarta llegue a alguna comisión legislativa y al control político en el plenario.