Diputada lleva a Ministra de Justicia a Sala IV por negar información
Legisladora le solicitó un informe detallado sobre brazaletes electrónicos
La diputada Floria Segreda, de Restauración Nacional, presentó un recurso de amparo ante la Sala IV. (CRH).
(CRHoy.com) -La diputada Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, por negarle información sobre la aplicación de brazaletes electrónicos para privados de libertad.
Según la legisladora, desde el 17 de junio anterior solicitó a la jerarca información sobre esos dispositivos electrónicos, pero no ha recibido respuesta.
"Por su silencio, por desatender nuestra solicitud y, sobre todo, por no aclarar las dudas que tienen los costarricenses sobre cómo se ejecuta el programa, procedí a presentar un recurso de amparo", dijo Segreda.
Debido a cuestionamientos que han surgido, la congresista envió una carta a González en la que pidió cuentas sobre la colocación de brazaletes electrónicos y solicitó un informe detallado sobre el uso de los mismos, así como las razones por las cuales el Instituto de Criminología no realiza los estudios previos a los que la ley lo obliga para conceder ese beneficio.
"No niego que los brazaletes puedan ser una medida alternativa y válida, pero los ciudadanos merecemos que se ofrezcan condiciones mínimas de seguridad y eso pasa, en primera instancia, porque los beneficiarios sean evualados previamente y se aseguren de cumplir con todos los protocolos necesarios", agregó.
En 2017, entró en vigencia el uso de brazaletes electrónicos para una ejecución condicional de la pena, con el propósito de descongestionar las cárceles y otorgar una segunda oportunidad a quienes, según el Poder Judicial, sean aptos para cumplir la condena mediante el control del dispositivo electrónico.
A la fecha, hay más de 1.500 personas beneficiadas, cifra que crece un 10% todos los meses.
Pero, de acuerdo con Segreda, el Ministerio de Justicia y la empresa contratada para brindar el servicio han sido incapaces de monitorear y algunos de los beneficiarios han violentado los equipos.