Diputada impulsa ley para crear red de albergues estatales para adultos mayores sin hogar
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Katherine Moreira Brown, presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley N.º 25.282, "Ley para la Creación del Sistema Nacional de Albergues Estatales y Centros para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor en Situación de Calle o Abandono (SINACE)", con la contribución, donaciones y deducciones voluntarias por parte de funcionarios del Estado.
La iniciativa busca garantizar el derecho a una vejez digna y segura para las personas adultas mayores que hoy se encuentran en condiciones de abandono o sin hogar.
Red nacional de albergues
El SINACE se concibe como una red nacional de albergues y centros estatales de atención integral, bajo responsabilidad directa del Estado costarricense, adscrita al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Su misión sería ofrecer atención digna y segura a toda persona adulta mayor detectada o referida en situación de calle o abandono, en un plazo no mayor a 72 horas.
Creación de Fondo para adultos mayores
El proyecto también dispone la creación del Fondo de Infraestructura y Operación Digna para el Adulto Mayor en Abandono (FOMAYOR), un mecanismo de financiamiento solidario, permanente y transparente destinado a la construcción, mantenimiento y operación de los centros y albergues del SINACE.
El FOMAYOR se financiará mediante una asignación obligatoria del 0,08% de los ingresos ordinarios y extraordinarios de diversas instituciones públicas —entre ellas el ICE, CNFL, RACSA, RECOPE, INS, bancos estatales, JAPDEVA, Correos de Costa Rica, SINART, entre otras—.
Donaciones y deducciones
Además, la Junta de Protección Social (JPS) destinará el 0,5% de sus utilidades líquidas, las municipalidades aportarán el 0,003% de sus presupuestos, y las universidades públicas contribuirán con el 0,05% de su presupuesto anual.
A esto se suma una deducción solidaria del 0,5% del salario mensual de los altos jerarcas de los Supremos Poderes, incluyendo al presidente y vicepresidentes de la República, ministros, diputados, magistrados y presidentes ejecutivos de entes autónomos.
Asimismo, el fondo podrá recibir donaciones y aportes del sector privado, organismos internacionales y la sociedad civil.
Todos los ingresos y egresos serán auditados anualmente por la Contraloría General de la República, y el CONAPAM publicará informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y el número de personas atendidas, garantizando así la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la supervisión de los recursos.
El proyecto también autoriza al Estado a reutilizar edificios públicos en desuso para convertirlos en albergues o centros de atención, y establece un Protocolo Interinstitucional de Atención Inmediata entre el CONAPAM, la Fuerza Pública, las Policías Municipales, el IMAS y la CCSS, con el fin de asegurar traslados dignos, atención médica oportuna y acompañamiento integral.
"Este proyecto nace del compromiso de que envejecer en Costa Rica no sea sinónimo de abandono, sino de respeto, cuidado y dignidad. Se trata de una respuesta estructural del Estado a una realidad dolorosa que no puede seguir siendo invisible", afirmó la diputada Katherine Moreira Brown.
"Con esta iniciativa, la Presidencia de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor reafirma su compromiso de avanzar hacia un país más solidario, donde cada persona adulta mayor tenga garantizado un lugar seguro, una atención integral y el reconocimiento que merece por toda una vida de esfuerzo", agregó.