Diputada denuncia que Gobierno de Chaves busca evitar giro de ₡3.411 millones para combatir al crimen
La diputada Paulina Ramírez, quien ha presidido la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, denunció que el Gobierno de Rodrigo Chaves pretende no girar ₡3.411 millones provenientes del ahorro por plazas vacantes, recursos que están destinados exclusivamente a atender necesidades de los cuerpos policiales.
Esto implicaría un irrespeto a una norma de ejecución incluida en el Presupuesto Ordinario de la República y debilitaría aún más la lucha contra el crimen que azota al país.
La intención del Ejecutivo es modificar esa disposición mediante la primera propuesta de modificación presupuestaria presentada ante la Asamblea.
Es inaceptable que mientras hay patrullas varadas por falta de mantenimiento, edificios policiales que se están cayendo, faltan armas y equipo, el Gobierno prefiera destinar estos recursos a gastos no urgentes que a darle a nuestros cuerpos policiales las condiciones mínimas, cuestionó la legisladora.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.992, incluye movimientos de aumentos y rebajas en ocho títulos presupuestarios, por un monto total de ₡3.411 millones. Según el Ministerio de Hacienda, esos fondos provienen de plazas vacantes no utilizadas hasta el 15 de marzo del presente año.
No obstante, para su utilización se requiere de autorización legislativa. Previamente, la Comisión de Asuntos Hacendarios había establecido una norma de ejecución para señalar que los recursos presupuestados para plazas vacantes creadas antes del 1.º de enero de 2025, y que no hayan sido utilizadas antes del 30 de junio de ese año, deberán destinarse exclusivamente a la atención de necesidades de los cuerpos policiales, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Además, la disposición establecía que dichos recursos debían distribuirse en partes iguales entre el programa presupuestario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el título correspondiente al Ministerio de Seguridad Pública.
Prefieren asfaltar una calle, poner una malla, pagar horas o destinarle recursos a las oficinas de los embajadores.
No me opongo a esto pero la fuente de financiamiento no puede ser esta, no se debe seguir por el camino de sacrificar a los cuerpos policiales cuando hay tanta necesidad en el ataque al crimen organizado, criticó Ramírez.
