Diputada critica recorte de ¢7.838 millones al Poder Judicial
Paulina Ramírez, diputada del PLN. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó el recorte de ¢7.838 millones al presupuesto del Poder Judicial para el próximo año propuesto por el Gobierno.
"En repetidas ocasiones hemos escuchado por parte de los diferentes ministerios, y en este caso por parte del Poder Judicial, de los recortes que realizó el Poder Ejecutivo a los presupuestos que programaron para el año 2023, que contenían todas las necesidades para cada uno de los programas. En este caso, el Poder Judicial se ve sumamente afectado en programas fundamentales", dijo la legisladora, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Mencionó, por ejemplo, que producto de la disminución de recursos el Poder Judicial no podría implementar la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, atender los programas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras necesidades alrededor de la administración de justicia en el país.
"Creemos que el Ejecutivo no definió una ruta y prioridades a la hora de elaborar el presupuesto. Hacemos el llamado al Gobierno para que defina esas prioridades y podamos los costarricenses tener la certeza de que vamos a tener en el Poder Judicial cubiertos todos los programas fundamentales para su desarrollo", agregó.
Los magistrados y jerarcas del Poder Judicial expresaron recientemente su preocupación por el recorte hecho por el Gobierno para el próximo año sin consultar a la institución.
Incluso, el director del OIJ, Walter Espinoza, sostuvo que la disminución presupuestaria planteada llevaría a esa institución a un cierre técnico en 2023. El Ministerio de Hacienda le rebajó a la entidad unos ¢2.900 millones.
Los jerarcas del Poder Judicial también citaron la eliminación del pago de horas extra a funcionarios del Ministerio Público y el eventual cierre operativo de oficinas de la Defensa Pública.
El presupuesto nacional para 2023 que propuso el Gobierno a la Asamblea Legislativa asciende a ¢12,3 billones.
