Alcalde de San José abre proceso contra funcionario que lo denunció en Contraloría y Fiscalía
Marvin Torres Labardini, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, aseguró que sufre una "persecución" por denunciar a Diego Miranda, alcalde capitalino, por presuntas irregularidades en el uso de dos plazas de gerente sin contar con recursos públicos, ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República.
Además, Torres, junto a Osman Rodríguez Solís, director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, denunciaron, en noviembre de 2024, a Miranda ante el Ministerio Público por supuesta influencia contra la Hacienda Pública por suspender durante meses el cobro de parquímetros.
De acuerdo con la versión de Torres, esos hechos más su negativa a "acomodar" criterios jurídicos para favorecer decisiones de la administración provocaron la apertura, en diciembre de 2024, de un proceso disciplinario en su contra, el envío de notificadores acompañados de policías municipales armados a su casa, ubicada en Curridabat, y acoso laboral.
Torres declaró que lo señalan por el presunto uso de un vehículo oficial para asuntos personales, supuestas ausencias por cinco días a su puesto laboral y conectarse a sistemas informáticos municipales desde su hogar.
"Lo que yo estoy sufriendo es una persecución descarada, ni siquiera lo están haciendo de manera elegante, es burda y vulgar", comentó Torres.
Este medio de comunicación envió varias consultas a Miranda sobre este tema para conocer su posición. El funcionario afirmó:
En caso de que existiera un proceso disciplinario contra algún funcionario municipal, es importante señalar que ninguna autoridad está facultada a revelar información al respecto, dado que dichos procedimientos son de carácter confidencial. Así lo indica el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como al artículo 6 de la Ley General de Control Interno.
Uno de los argumentos de Torres para cuestionar la objetividad del alcalde es que, según él, le achaca hechos falsos o manipulados en los que, añade, existen documentos y testigos que demuestran que no cometió faltas administrativas que ameriten la apertura de investigaciones en su contra.
El caso de los parquímetros se remonta al 23 de julio de 2024, cuando el alcalde convocó a una conferencia de prensa en la que anunció la interrupción temporal del cobro de estacionamientos y establecimiento de multas mientras conseguían un nuevo proveedor con un nuevo sistema de parquímetros que le ahorraría, según Miranda, hasta ¢700 millones al año. Completar ese proceso tomaría cinco semanas. Sin embargo, nunca se concretó y hasta abril del presente año, lo cual provocó perdidas millonarias para la entidad.
La pesquisa contra el jerarca josefino sobre este asunto fue confirmada por la oficina de prensa de la CGR ante una consulta de este medio de comunicación. Según esa entidad, el proceso fue abierto desde el 19 de noviembre de 2024 y se tramita bajo el número de expediente 978-2024.
Para defenderse, Torres atenderá el proceso administrativo en su contra, pero advierte que acudirá a la vía judicial para demostrar que no ha cometido ninguna ilegalidad como "lo pretende hacer ver el alcalde".
"En sus delirios del poder, es probable que él me despida, es una potestad que él tiene, pero en la vía judicial voy a desnudar todas las falencias, las arbitrariedades y las atrocidades jurídicas que él y sus asesores están haciendo", comentó el subdirector de Asuntos Jurídicos.
Sobre el supuesto uso de un vehículo de la Municipalidad de San José para asuntos personales, Torres declaró que existen pruebas documentales y testimoniales para demostrar que se utilizó el automotor para enviarle su computadora de trabajo a su vivienda para poder gestionar asuntos relacionados con su puesto incluso en horas no laborales.
Además, sobre las aparentes ausencias, señaló que sufrió, en noviembre de 2024, la perdida de un hijo y tomó vacaciones para acompañar a su esposa.
"No ha habido una investigación por parte del órgano director, es el mismo alcalde el que me denuncia, es él quien rechaza los recursos que yo presento y es él quien va a definir mi proceso (…) Es juez y parte", enfatizó el funcionario.
Policías en su casa
En unas fotografías aportadas por Torres se ve a varios oficiales de la Policía Municipal de San José junto a un notificador fuera de su vivienda, ubicada en Curridabat, San José.
"Es curioso, la Policía Municipal descuida San José, no le brinda seguridad a las personas, pero sí tiene oficiales para ir a pararse por fuera de mi casa, el 25 de enero pasado, por más de media hora. Tengo las grabaciones: dos policías armados junto al notificador por fuera de mi casa", señaló.
Añadió que eso es un claro acto de amedrentamiento.
"Le pregunté, por escrito, al órgano director, si autorizó ese tipo de notificación y dice que no. Le pregunto al director de Talento Humano si él autorizó eso y también responde que no, por escrito. Eso es así, porque el que envía a los policías es Diego Miranda".
Por último, el subdirector Jurídico rechazó que él no es partidario de Liberación Nacional ni es cercano a Johnny Araya.
"Esto no es político, él se va a defender diciendo eso, el problema es que yo he hecho denuncias fundamentadas y no tengo miedo".
Este medio de comunicación intentó contactar al notificador que aparece en la imagen para saber quién lo autorizó a ir con oficiales de policía a la casa de Torres, pero no contestó las llamadas hechas a su celular.
