Deudores de pensión alimentaria ya no irán a la cárcel de inmediato y podrán buscar trabajo

Una mayoría de 38 diputados aprobaron en primer debate este martes el expediente 21.540, una reforma a la "Ley de Pensiones Alimentarias" para permitir a los deudores por pensión alimentaria salir a buscar trabajo y así pagar su deuda.

El proyecto lo había presentado el exdiputado cristiano Harllan Hoepelman en agosto del 2019.

El diputado del Partido Nueva República (PNR) David Segura, señaló que nadie debería ir a la cárcel por pensión alimentaria si puede trabajar y que meter a estas personas prisión no hará que "mágicamente" paguen la pensión a sus hijos.

"Queremos darle a esas personas al menos un mes para que se capaciten y busquen trabajo y le paguen la pensión que le deben a sus hijos. Si no lo hacen tendrán que ir a la cárcel", señaló.

Segura mencionó que al Estado le cuesta mantener a cada privado de libertad más de 700 mil colones mensuales.

Permiso laboral

El proyecto reforma el artículo 31 de la ley mencionada para que diga lo siguiente:

Si el deudor alimentario comprobare en forma satisfactoria, a juicio de la autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos económicos para cumplir con su deber alimentario, el juez podrá concederle un plazo prudencial para que busque colocación remunerada. Este período no podrá exceder de un mes, prorrogable en casos excepcionales, por término igual.

En los casos en que el obligado alimentario que tenga una o varias mensualidades retrasadas y sobre él pese una orden de apremio corporal, podrá aportar evidencia comprobatoria de carácter documental de la existencia efectiva de una oferta laboral o el respectivo contrato emitido por el empleador y debidamente firmado, en el que se indique, al menos:

El nombre completo, en el caso en que se trate de personas físicas o la razón o denominación social de la persona empleadora, cuando se trate de personas jurídicas.
El nombre completo de la persona contratada
Número de cédula física o jurídica
Medios de localización
Labores que va a desempeñar
Salario que se va a percibir

Además, deberá presentar un plan de amortización para el respectivo pago de las cuotas adeudadas, adecuado a las nuevas posibilidades económicas de la persona deudora alimentaria.

Presentada la respectiva documentación, la persona juzgadora, utilizando las reglas sobre cargas y valoración probatorias existentes, podrá otorgar un plazo prudencial no mayor a un mes, entendido en días naturales y prorrogable excepcionalmente por un plazo igual, a los efectos de normalizar la situación patrimonial del deudor alimentario.

Los deudores alimentarios que falsifiquen alguno de los documentos requeridos para proceder con los beneficios estipulados en este artículo, no podrán gozar de un nuevo plazo para buscar una recolocación remunerada, por lo que se deberá proceder con el apremio corporal correspondiente.

Pago en tractos

El proyecto aprobado también establece a posibilidad de que el obligado alimentario pueda solicitar, a la autoridad correspondiente, el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas.

El juez estará facultado para acceder a esta solicitud en forma total o parcial.

"La resolución que conceda al obligado autorización para buscar trabajo o acogerse al beneficio de la oferta laboral según el artículo 31 de la presente Ley, para pagar en tractos o ambos beneficios, ordenará de inmediato la libertad del deudor o suspenderá la orden de captura expedida, según corresponda", indica el texto.

Por último, se crea la "Bolsa de Empleabilidad Laboral para personas deudoras alimentarias", que ayudaría a estas personas a conseguir trabajo.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Fernando Mendoza, señaló que cuando una persona no puede pagar la pensión alimenticia, todos pierden, tanto el niño que no recibe esos recursos, el Estado que debe mantener a esa persona en la cárcel y la economía porque hay personas sin poder buscar trabajo.

"Lo que se pretende es que estas personas puedan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades y no detenidos en una prisión", afirmó.

La fracción del Frente Amplio (FA) fue la única que votó en contra. La frenteamplista Priscilla Vindas, explicó que ellos apoyan por el fondo el proyecto, pero hasta que no incluya sanciones administrativas, que impidan que se use ese beneficio para burlar la ley, no lo respaldarán, así como está redactado.

Existe un compromiso para una mejor redacción del texto, lo que haría devolverlo al primer debate para reformarlo.