Deuda por ajuste salarial en CCSS se incrementaría a 49 mil millones si se paga hasta 2024

(CRHoy.com) Ejecutar hasta el otro año el ajuste salarial retroactivo, aumentaría a ¢49.119 millones la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con sus trabajadores, advierten grupo de sindicatos del sector salud.

De acuerdo con los representantes de los trabajadores, ese monto se incrementaría a ¢69.221 millones si se extiende su cancelación hasta el 2026. 

"El Poder Ejecutivo, sigue sin argumentos legales para impedir el reajuste salarial a los empleados CCSS, entonces busca cualquier excusa para que la institución no cumpla con lo acordado por la Junta Directiva, acuerdo que se ha demostrado es legal y financieramente posible", concluyeron desde la Unidad Sindical.

Los sindicalistas fustigaron la decisión de la CCSS de investigar a 5 directivos por aprobar el aumento salarial teniendo familiares que laboran en la institución.

"Nos parece poco ético e inaceptable que el Gobierno justifique no hacer el aumento a los trabajadores porque haya directivos con familiares laborando en la institución, muchos de ellos con años de servicio e inclusive mucho antes de sus nombramientos como representante de los sectores", afirmó Geovanny Ramirez, vocero de Asociación Nacional de Empleados Públicos.

Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato de enfermería, calificó como débiles los argumentos del Ejecutivo. 

"Marta Esquivel trató de incluir a la institución dentro de la Regla Fiscal y como los argumentos eran débiles, ahora salen, con que existe un conflicto de intereses de 5 directivos que tienen familiares laborando en la CCSS.

Muchos de ellos, con hasta 32 años de trayectoria institucional, mucho antes de que fueran nombrados como directivos. Además, la decisión del reajuste salarial no beneficiará a un grupo particular de los familiares de los directivos sino a la generalidad dependiendo el rango salarial de cada uno", destacó.

Según el sindicalista, el Gobierno liderado por el mandatario Rodrigo Chaves, "ha hecho lo imposible para deslegitimar el acuerdo de los directivos, al punto, que despidió al Presidente Ejecutivo Álvaro Ramos por apoyar esta tesis que con el transcurso del tiempo se demostró que el reajuste es legal". 

Investigación

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución, ordenó a la Auditoria General de esa entidad iniciar una investigación por este caso, al calificarlo como conflicto de intereses. 

"Tenemos que instaurar una cultura del conflicto de intereses. Es importante, es parte de la transparencia", dijo Esquivel.

Entretanto, el presidente Chaves afirmó que, paralelamente a la investigación interna de la institución, el propio Consejo de Gobierno también desarrollará una, al tiempo de que remitió la denuncia a la Procuraduría General de la República (PGR).

Según el mandatario, tienen conocimiento de que uno de estos directivos tienen nombrados a 6 parientes en la institución, quienes habrían ocupado sus cargos posterior a la llegada de este a la Directiva. 

Sin embargo, Chaves y Esquivel no brindaron nombres de los implicados.

Pago

El pasado 27 de setiembre, la ejecutiva de la institución dejó atrás los señalamientos de ilegalidad del pago del ajuste salarial y abrió la puerta a su pago, pero -según ella- hasta que se cumpla con lo normado en la Regla Fiscal. 

"Tenemos claro que no solo los trabajadores de la Caja, sino todos los empleados del sector público, están en una situación particularmente compleja. Sin embargo, hay una ley de obligatorio cumplimiento", dijo.

"De hecho, hay sanciones disciplinarias para quien rompa la regla fiscal y eso es competencia de la Contraloría General de la República", agregó.

Consulta

Precisamente, la Junta Directiva de la Caja, acordó, el 3 de noviembre pasado, durante su sesión semanal, enviar el tema del ajuste salarial retroactivo a consulta con la Contraloría General de la República (CGR). 

Esto para que sea el propio ente contralor el que determine si la institución está exenta o no de la Ley 9635 sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como Regla Fiscal.

De momento, la CGR no ha brindado su criterio sobre este caso.