Detienen a fiscal de Golfito por pedir $5.000 a empresario para eliminar prueba de expediente
(CRHoy.com) Un funcionario del Ministerio Público, de apellidos Romero Ruiz, quien fungía como fiscal auxiliar destacado en la Fiscalía Ambiental de Golfito, fue detenido la mañana de este viernes a las 7.30 a.m., confirmó la institución judicial.
La comunicación oficial remitida por el ente acusador, señala que Romero es investigado por el delito de concusión, es decir, utilizó su puesto para solicitar un beneficio a una persona implicada en un proceso judicial.
"En este momento se allanan la oficina y la casa del funcionario, y se espera, en el transcurso de la tarde, solicitar medidas cautelares en su contra", indicaron.
De acuerdo con el artículo 355 del Código Penal, esta conducta la comete "el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial".
Puntualmente, el funcionario habría solicitado $5.000 a un empresario a cambio de resolver un expediente a favor de sus intereses.
"Específicamente, el fiscal auxiliar extraería del caso en investigación, por el supuesto delito de tala ilegal, una prueba importante, a efectos de resolverlo con una desestimación", detalló la Fiscalía.
Es decir, la intención del funcionario era recibir el dinero para librarlo del proceso, alegando falta de pruebas u otra justificación que permitiera solicitar al Juzgado Penal de la zona, archivar la investigación.
"Desde la Fiscalía General enviamos un mensaje a toda la población de que en el Ministerio Público no vamos a tolerar actos de corrupción, y actuaremos con toda la fuerza que la ley nos lo permita para evitar esto; necesitamos, para lograrlo, la ayuda de la población con la denuncia, así es que instamos a aquellas personas que conocen de este tipo de actos que se acerquen y busquen denunciar y nosotros recibiremos y tramitaremos estas causas", aseveró Mauricio Boraschi Hernández, fiscal adjunto de la Fiscalía General.
Agregaron que pese al ofrecimiento, la entrega del dinero no se concretó, debido a que el empresario denunció los hechos.
El caso se investiga bajo el expediente 23-000083-1218-PE.
La legislación establece penas de entre dos y ocho años para este ilícito.
