Detienen a 2 ingenieros sospechosos de lavar dinero tras secuestro de empresario
Los relaciones con la privación de libertad extorsiva contra el empresario William Sean Creighton Kopko
(CRHoy.com) Dos ingenieros de apellidos Molina y Morales fueron detenidos por agentes de la sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de blanqueo de activos provenientes de un secuestro extorsivo.
Según el reporte judicial, ambos estuvieron involucrados en la ejecución de transacciones de bitcoins, que se pagaron en el 2018 para el rescate del extranjero William Sean Creighton Kopko, dueño de una casa de apuestas, a quien un año después encontraron sin vida en una fosa del cementerio de Parrita.
Para poder culminar con el trabajo, los judiciales contaron con la colaboración de la Policía de España, cuyos oficiales participaron en la investigación del secuestro y la detención de los sospechosos de planear y ejecutar el delito.
Para arrestar a estos dos jóvenes, la policía allanó dos viviendas en Vargas Araya y Los Higuerones de San Pedro, así como una tercera en Coto Brus, donde se decomisó una computadora.
Caso complejo
Al multimillonario estadounidense lo secuestraron el 24 de setiembre del 2018 cuando viajaba de San Pedro, donde estaban las oficinas de su empresa, hacia su casa.
Debido a que no llegó a su destino, la esposa denunció su desaparición, por lo que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), llevó a cabo una serie de diligencias importantes para determinar lo ocurrido.
Tras más de un año de investigación, estas autoridades determinaron que todo se trató de un plan delictivo de una familia, la cual secuestró a Creighton y pidió dinero a cambio de su libertad.
Los parientes del extranjero pagaron una millonaria suma por su rescate en moneda virtual y a pesar de esto, los captores lo asesinaron y huyeron del país.
En medio de diligencias internacionales se logró la detención de los 11 sospechosos de cometer la privación de libertad con fines extorsivos y el homicidio, la mayoría de ellos en Alicante y Zaragoza de España, país en el que pretendían esconderse tras tener en sus cuentas los millones que le arrebataron a la familia del ahora fallecido.
El fiscal José Ángel Peñaranda Chaverri, en su momento, explicó que, aparte del abordaje realizado a los familiares del ofendido, el OIJ realizó un rastreo telefónico, lo que permitió determinar quién era el líder de la organización criminal, así como identificar a las otras personas que participaron en el acto delictivo.
De acuerdo con Peñaranda Chaverri, las primeras diligencias permitieron establecer que se trataba de un grupo familiar, pues vinculaba a una persona con su mamá, abuela, tío y novia. Según acreditó la Fiscalía, este grupo contó con la colaboración de oficiales de tránsito, que facilitaron el secuestro de la víctima.
"Pudimos determinar que había un plan trazado con gran anterioridad y gran planificación. Los roles eran muy específicos, algunos se encargaron del manejo de la información de las criptomonedas, otra del sitio del cautiverio y otros ejecutraron actos materiales como vigilancias, seguimientos y contactos", señaló el fiscal.
El fiscal especializado explicó que, según datos obtenidos en la investigación, los sujetos planeaban viajar a un tercer país que no tuviera convenio de extradición con Costa Rica y antes habían estado en Cuba, como parte de su exilio para evitar ser capturados.
Condenados
El pasado 20 de mayo el Tribunal Penal del II Circuito Judicial dictó una condena contra 9 personas acusadas por este caso.
Entre los sentenciados figuran 2 oficiales de tránsito, quienes fueron condenados. Además, por el principio in dubio pro reo se absolvió al hombre de apellido Sánchez.
No obstante, el Tribunal Penal dictó las siguientes penas por los delitos de secuestro extorsivo, robo agravado y asociación ilícita.
- Morales Vega: 65 años de prisión
- Vega Aguirre 65 años de prisión
- Martínez Chacón: 65 años de prisión
- Vega Aguirre: 65 años de prisión
- Solís Chaves: 65 años de prisión
- Sanabria Abarca: 65 años de prisión
- Aguirre Leal: 65 años de prisión
- Jirón López (policía de Tránsito): 35 años de prisión
- Medrano Vargas (Policía de Tránsito): 25 años
- Sánchez Gamboa: Absuelto.
Las penas, al final, se ajustan al máximo permitido de ley, 50 años de prisión.
Anteriormente, un hombre de apellido Ford Dowman aceptó los hechos acusados por la Fiscalía y decidió someterse a un proceso especial abreviado y fue sentenciado a 33 años de cárcel.
