Desmienten excusas que Chaves usó para vetar pensión anticipada a policías del OIJ
Gobierno vetó ley para adelantar pensión a los 55 años y diputados tienen votos para volverla a aprobar
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, desmintió algunos de los argumentos planteados por el presidente Rodrigo Chaves y sus ministros Marta Eugenia Esquivel, de Planificación, y Nogui Acosta, de Hacienda, para oponerse a reducir a 55 años la edad de jubilación de los agentes judiciales.
Uno de los principales alegatos del Ejecutivo es que la reforma provocaría una "huida" masiva del personal de mayor trayectoria, en momentos en que la Policía Judicial ya enfrenta una importante fuga de talento.
"Las personas más experimentadas son las que se van a ir, sobre todo en investigación criminal, en bandas y crimen organizado, ellos son los que se van a ir", expresó Esquivel sin brindar ningún fundamento técnico o sin explicar cómo llegó a esa conclusión, ayer miércoles durante el programa televisivo semanal de Presidencia.
Sin embargo, de acuerdo con Zúñiga, apenas unos 68 agentes judiciales cumplen con el requisito de tener 55 años para optar por la pensión, si la reforma llegara a aprobarse. Aun así, eso no implica que todos se retirarían de inmediato.
A estos funcionarios se les debe aplicar un estudio para verificar si cumplen con otros requisitos, como haber prestado 30 años de servicio en funciones consideradas peligrosas, que impliquen portación de armas de fuego, entre otras condiciones establecidas en el proyecto de ley.
Por ejemplo, muchos ingresaron al OIJ como oficinistas, personal administrativo o de apoyo, y con el tiempo se formaron para convertirse en investigadores. Por tanto, alcanzar la edad no garantiza que reúnan todos los criterios exigidos para la jubilación anticipada.
Además, la iniciativa podría facilitar un recambio generacional en puestos clave de la policía judicial, lo cual tendría efectos positivos, según explicó Zúñiga a CR Hoy.
"Eso (que indican) no es correcto. La gente de experiencia de OIJ se va a jubilar cuando le corresponda. Más bien, nos va a permitir generar un recambio de jefaturas que ya han dado su tiempo a la institución, y que ya es bueno que se dé ese recambio", señaló.
Si bien en 2023 se registraron 107 bajas y desde 2017 al menos 287 investigadores han renunciado, Zúñiga considera que una pensión anticipada podría servir como incentivo para detener la fuga de personal y lograr incluso el regreso de agentes experimentados.
"Ahorita estarán haciendo Uber, ahorita estarán haciendo otras cosas, pero yo estoy seguro porque ya alguno me lo han comentado, que si se da esta reforma, ellos regresan a la policía y es personal con experiencia, es personal con conocimiento que se requiere y que se necesita para poder trabajar", puntualizó Zúñiga.
Uno de los principales factores que ha motivado renuncias son las condiciones laborales. Los agentes judiciales deben cumplir jornadas de 12 horas, pero las extras se pagan solo a partir de la duodécima.
Es decir, si un agente trabaja 15 horas en un día, solo se le reconocen tres como tiempo extraordinario, a diferencia del resto del sector público.
Mientras un funcionario público promedio labora 40 horas semanales —unas 2.000 al año—, los agentes del OIJ cumplen jornadas de 60 horas por semana, es decir, 3.000 horas anuales.
El presidente Chaves vetó la ley que ya había sido aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa con 40 votos a favor. Otro de sus argumentos fue que la reforma provocaría una crisis financiera en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y eventualmente un recargo al presupuesto nacional.
No obstante, los ministros omiten mencionar que, incluso estando jubilados, los funcionarios seguirían aportando al régimen de pensiones mediante deducciones al monto que reciban.
"Deje de mentir, basta ya de tanto palanganeo y tanta historia equivocada. Tenemos dos estudios que fueron aportados para los efectos de jubilación de OIJ. Uno pagado por nosotros como organización y otro por el Poder Judicial.
En ambos, la sostenibilidad que ofrece sí da perfectamente, para dar este paso importante", señaló Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalistica (ANIC).
El Gobierno también ha amenazado con cerrar el fondo de pensiones judicial si los diputados insisten en resellar la ley.
Sin embargo, los legisladores pueden convertir el proyecto en ley a pesar del veto, si lo aprueban nuevamente con al menos 38 votos. Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de al menos 48 congresistas, por lo que su ratificación parece muy probable.
