Desde subir cuotas hasta incluir a zonas francas: estas son algunas de las 36 propuestas para financiar pensiones

Imagen con fines ilustrativos. (CRH).

La Superintendencia de Pensiones (Supen) y distintos sectores estudian 36 propuestas para fortalecer las pensiones de los costarricenses.

Las iniciativas se han presentado, básicamente, por las siguientes razones:

• Fortalecer la seguridad social.
• Garantizar la solvencia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). De no aplicarse cambios, la reserva se agotará en 2047.
• Enfrentar el envejecimiento de la población y la transformación del mercado laboral. Según datos de la Supen, una de cada tres personas será adulta mayor en 2060. La población de 65 años o más pasará de 476.000 en 2020 a 1,7 millones en 2060.
• Combatir la multiplicación de la pobreza extrema en la vejez. Sin una Pensión Básica Universal (PBU), la pobreza total y extrema se cuadruplicaría. Además, la pobreza entre las personas adultas mayores superaría a la infantil.

A esas razones se suma que la alta informalidad laboral afectaría las pensiones de miles de trabajadores.

Por otra parte, la cobertura del régimen no contributivo de Costa Rica está por debajo de la de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la mayoría de los fondos permanece en los sistemas obligatorios.

Las 36 alternativas planteadas en el Diálogo de Pensiones generarían ¢1.869 mil millones en ingresos adicionales para el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Algunos de los planteamientos más relevantes son los siguientes:

• Exigir que los trabajadores coticen al menos 360 cuotas para recibir una pensión completa. Actualmente, el IVM establece 300 cuotas.
• Permitir que los trabajadores que no cumplan con el mínimo de cotizaciones puedan acceder a una pensión proporcional, basada en un número menor de cuotas (120), facilitando así el acceso al sistema.
• Incluir a las empresas en zonas francas en el financiamiento del sistema de pensiones.
• Establecer una retención del 3 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudado, destinado específicamente al financiamiento del sistema de pensiones.
• Implementar una privatización parcial del Banco Popular, transfiriendo sus acciones a la CCSS para mejorar la gestión de los fondos y recursos del sistema de pensiones.
• Establecer una cuota patronal uniforme para todos los regímenes de pensiones, con el fin de corregir distorsiones entre sistemas y promover una distribución más equitativa de las cargas fiscales.
• Permitir la jubilación anticipada, bajo ciertas condiciones, para recibir pensiones antes de la edad establecida.
• Garantizar una pensión mínima financiada por el Estado para quienes no pueden cotizar, asegurando un ingreso básico a las personas más vulnerables.
• Eliminar el requisito de una base mínima de contribuciones para acceder al sistema de pensiones.
• Otorgar incentivos fiscales a los empleadores que contraten mujeres, como una reducción en las cuotas patronales.
• Retirar los recursos invertidos en el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y destinarlos al IVM.
• Realizar ajustes a las pensiones existentes.
• Establecer una cuota uniforme para todos los trabajadores en el seguro de salud.
• Definir una tasa de reemplazo global que determine el nivel mínimo de pensión garantizado.
• Fortalecer el Régimen No Contributivo (RNC) con fondos públicos actualmente destinados a otros fines.
• Eliminar las exenciones de contribución vigentes para las pensiones financiadas por el Estado.
• Introducir mayor flexibilidad en los requisitos de jubilación, permitiendo el retiro con menos años de cotización o en condiciones más adaptadas a cada situación.
• Establecer un mínimo de 30 años de cotización para jubilarse bajo el IVM.
• Aplicar regulaciones uniformes a todos los regímenes.
• Crear un sistema en el que las pensiones se calculen en función del consumo de los trabajadores.
• Reformar las cargas sociales para destinar una mayor proporción al financiamiento de las pensiones.
• Ofrecer productos como rentas vitalicias para garantizar pagos regulares durante toda la vida del pensionado.
• Inscribir automáticamente a los trabajadores independientes en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
• Mejorar la gestión de la deuda pública para utilizar los recursos ahorrados en el financiamiento del sistema de pensiones.