Desde los críticos hasta los que lo defienden coinciden en que el Poder Judicial debe ser independiente
Desde los más defensores de la institucionalidad hasta los críticos más radicales: los costarricenses coinciden en respaldar la independencia judicial y consideran que esta autonomía es un estándar básico de la democracia.
Así lo revela el más reciente Estado de la Justicia 2025, publicado este miércoles, un informe elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN).
Con base en datos de las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), se efectuó un estudio en profundidad sobre las actitudes ciudadanas respecto al Poder Judicial.
La aplicación de análisis multivariados permitió distinguir tres perfiles de opinión: los "críticos radicales", los "críticos pragmáticos" y los "institucionalistas". Pese a las diferencias entre estos grupos, todos coinciden en defender la independencia de las decisiones judiciales.
Un 64,4 % de las personas encuestadas se manifestó de acuerdo con la afirmación: "Las decisiones de las y los jueces deben ser independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo".
A pesar de un panorama de opiniones ciudadanas poco favorables en otros temas, la percepción general es que la independencia judicial es crucial para mantener la legitimidad y credibilidad del sistema de justicia, pues refuerza la imparcialidad de sus decisiones y su papel como garante del Estado de derecho.
No obstante, esta expectativa convive con una tensión importante: la percepción de que el Poder Ejecutivo debería tener la facultad de nombrar a jueces y magistrados.
Un 54,0 % de los encuestados está de acuerdo con que el Ejecutivo ejerza esta potestad, mientras que un 39,9 % muestra algún grado de desacuerdo. Este dato sugiere una comprensión limitada sobre la importancia de la independencia judicial y sus implicaciones.
La intervención política —particularmente directa desde el Gobierno— en el proceso de nombramiento de las judicaturas puede generar la percepción, o incluso la realidad, de que las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos, lo que compromete la imparcialidad y credibilidad del Poder Judicial.
El estudio también reveló un vínculo entre la percepción de que el Ejecutivo debe nombrar a jueces y magistrados y otra preocupación ciudadana: la corrupción judicial.
Un 51,3 % de las personas dijo estar "muy de acuerdo" o "de acuerdo" con la afirmación de que "los jueces son corruptos". Esto indica que cinco de cada diez personas perciben corrupción en el sistema judicial, lo cual debilita la confianza pública y la percepción positiva sobre su funcionamiento.
Esta percepción intensifica las preocupaciones sobre la independencia judicial, ya que la posibilidad de influencias indebidas en los nombramientos puede traducirse en un Poder Judicial que no actúe con integridad. Esto, a su vez, genera una percepción negativa entre la ciudadanía.
En cuanto a la valoración del servicio judicial, los resultados reflejan una confianza limitada en la actuación de jueces y juezas: solo un 27,6 % de las personas encuestadas confía en que estos cumplen la ley, mientras que un 34,3 % manifiesta su desacuerdo.
Cabe destacar que un 34,9 % respondió "no sabe / no responde", lo que sugiere una falta de conocimiento sobre el funcionamiento y cumplimiento normativo del sistema judicial.
La percepción sobre la igualdad ante la justicia es relativamente alta: un 74,3 % de las personas encuestadas está de acuerdo con que "las decisiones de los jueces y las juezas se basan en criterios establecidos por la ley de manera objetiva", mientras que un 17,2 % considera que el sistema trata de manera desigual a las personas.
Esto evidencia una confianza significativa en el cumplimiento normativo del sistema judicial. En contraste, en cuanto a su eficiencia, el 40,0 % considera que el sistema es rápido, frente a un 44,6 % que lo percibe como lento.
Esto refleja una opinión dividida sobre la eficacia del Poder Judicial. Las demoras procesales son, sin duda, una de las principales causas de quejas ante las contralorías de servicios judiciales.
Críticos radicales
El segmento de los ciudadanos críticos radicales, aunque minoritario, representa un 31 % de las personas consultadas. Este grupo posee una visión muy desfavorable del sistema judicial y un alto respaldo a políticas punitivas.
Consideran que las judicaturas son corruptas, desconfían de las decisiones de la Sala Constitucional y no creen que el sistema castigue a las personas responsables de cometer delitos, sin importar quiénes sean.
Tienen más reservas sobre la importancia de que el Poder Judicial mantenga independencia frente al Ejecutivo y el Legislativo.
Además, quienes pertenecen a este perfil tienden a aprobar la gestión del actual gobierno, lo que podría indicar afinidad con el discurso del Ejecutivo en sus enfrentamientos con el Judicial.
También muestran inclinación hacia medidas autoritarias para enfrentar la inseguridad: más presencia policial, prisión preventiva para todos los delitos y políticas de mano dura.
Sin embargo, su postura respecto al nombramiento de jueces por parte del Ejecutivo o la construcción de cárceles es más ambigua, posiblemente por una desconfianza generalizada en las instituciones.
Críticos pragmáticos
Este grupo, que representa un 37,5 %, mantiene una visión crítica del sistema judicial, pero con posturas más matizadas en temas de seguridad.
Consideran que el Poder Judicial actúa con mayor dureza contra personas de bajos recursos, que es ineficiente en los tiempos de respuesta y que jueces y juezas no son objetivos ni cumplen la ley.
También desconfían de la Sala Constitucional, pero a pesar de su mirada crítica, respaldan medidas como la prisión preventiva para todos los delitos, la construcción de cárceles y el nombramiento de magistrados por parte del Ejecutivo.
Sus posiciones son más ambiguas en relación con el aumento de la presencia policial o la aplicación de políticas de mano dura, lo cual refleja tensiones entre su crítica institucional y el apoyo a medidas autoritarias.
Institucionalistas
Este grupo —que representa un 31,5 %— tiene una percepción positiva del Poder Judicial. Confía en la Sala Constitucional, cree que jueces y juezas cumplen la ley y que el sistema castiga a quienes delinquen, sin importar su identidad.
Consideran que las decisiones judiciales se basan en criterios objetivos establecidos por ley y respaldan la independencia del Judicial respecto a los otros poderes.
Además, promueven soluciones estructurales a la inseguridad, como la educación, y rechazan medidas punitivas como la prisión preventiva generalizada, la construcción de más cárceles o la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de jueces y magistrados.
También se oponen a aumentar la presencia policial en las calles y a la aplicación de políticas de mano dura como estrategia de seguridad.
Su característica más marcada es la firme creencia en la independencia judicial.
Gran número de radicales
De acuerdo con el estudio, el escenario ideal sería que el grupo institucionalista fuera el mayoritario o, al menos, el más influyente. Se esperaría que los críticos radicales constituyeran una minoría.
En tal caso, el institucionalismo tendría más posibilidades de influir en los críticos pragmáticos. Pero esa no es la situación actual.
"Institucionalistas" y "radicales" tienen porcentajes casi iguales. El grupo más numeroso es el de los críticos pragmáticos, que tiene el potencial de inclinar la balanza a favor o en contra del Judicial.
Estos resultados sugieren una valoración desfavorable del Poder Judicial que amenaza su legitimidad y abre la puerta a reformas que podrían debilitar su independencia.
En resumen, hay una alta división de posturas respecto al sistema judicial. Aunque existen configuraciones diversas, las valoraciones críticas predominan. Todo esto se refleja en los niveles de confianza: más de la mitad de la población expresa desconfianza en la institución judicial.
Las percepciones sobre el desempeño del Poder Judicial muestran una ciudadanía crítica y fragmentada. Más de dos tercios expresan posturas desfavorables, aunque no forman un bloque homogéneo.
La crítica adopta formas diversas, con perfiles diferenciados que combinan cuestionamientos estructurales con demandas de políticas de seguridad más severas.
Los resultados revelan que las posturas críticas predominan. Aunque la confianza en el Poder Judicial venía recuperándose desde 2020, podría deteriorarse de nuevo ante cualquier mala noticia.