(CRHoy.com) -A pesar de que el impacto económico de la crisis del COVID-19 podría colocar al borde de la ruina a quienes dependen de pequeños negocios, obligados a cancelar alquileres de locales comerciales, los desacuerdos entre diputados tienen frenado un proyecto de ley para declarar una moratoria en esos pagos.

La iniciativa -que fue presentada por el Poder Ejecutivo– no ha logrado avanzar en la mesa de trabajo conformada por un grupo de legisladores para estudiarla.

Así lo reconocieron Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), quienes forman parte del grupo.

Mientras, el congresista Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), atribuyó las dificultades a la falta de visión del Gobierno.

Urge brindar mecanismos de ayuda a quienes dependen de pequeños negocios -como salones de belleza, peluquerías, floristerías, sodas, etc.- pero los pulsos entre diputados mantienen varada la iniciativa, y el tiempo corre.

La misma Cámara de Comercio de Costa Rica ve con preocupación el atraso y no se hace expectativas de que la propuesta sea aprobada en este mes.

Más bien pide a arrendatarios y arrendantes no quedarse de brazos cruzados y buscar acuerdos privados, en vez de esperar una ley.

"Tenemos claro, por información que tenemos de los diputados, de que en abril no va a salir este proyecto. Entonces hemos insistido en la negociación entre arrendatario y arrendante. La retroalimentación que tenemos hasta el momento es muy positiva, se ha logrado llegar a acuerdos ganar-ganar en ambas partes. Por ahora, esperemos que sea para mayo y seguimos insistiendo y viendo caso por caso, si no hay arreglo entre las dos partes", declaró Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.

Sin acuerdos

El diputado Jiménez reconoció que existen "diferencias sustantivas" sobre la normativa que quieren aprobar.

Mencionó que una de las más importantes es el plazo de la medida.

Mientras el Gobierno plantea que la moratoria sea de 6 meses, fuerzas de oposición insisten en que sea menor (de 3 meses).

"La moratoria creemos que debería ser menos porque la moratoria que aprobamos para el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y renta fue de 3 meses, y debería existir correlación entre ambas", argumentó.

Admitió que están revisando el texto, pero que han avanzado apenas como en tres artículos del proyecto de ley.

"Estamos preocupados por las dos partes: los propietarios e inquilinos. Hemos recibido advertencias de propietarios (de locales) de que una moratoria de 6 meses los acabaría porque los ingresos de algunos únicamente dependen de los alquileres y, por otro, lado está el sector desempleado y a quienes se les reduce la jornada laboral, o se les suspendió el contrato. Estamos tratando de alcanzar un equilibrio", manifestó.

El legislador Vargas aseguró que la propuesta para ampliar la moratoria no tiene muy buen ambiente en el grupo de trabajo.

Además, dijo que existe preocupación por la ausencia de un mecanismo para detectar a las personas que verdaderamente necesitan ese apoyo.

"No hay un mecanismo para detectar quién puede pagar y quién no (…) Muchas personas que ya llegaron a acuerdos privados, a raíz de la propuesta de extender la moratoria a 6 meses, se echaron para atrás en los contratos sobre los cuales ya tenían un acuerdo. El problema es cómo ver a quién realmente podemos ayudar, y que no se nos metan 'vivazos' que sí pueden pagar y tienen sus ahorros", aseguró.

También manifestó que algunos parten del supuesto de que todas las personas que alquilan locales comerciales son adineradas "y eso no es cierto"

"Hay gente que, por ejemplo, alquilan una casita y dependen de esos ingresos. No le podemos echar toda la carga a una de las dos partes", expresó.

Como parte de las dificultades, mencionó que el "Gobierno lo que hace es dar consejos y poner la mano".

Abogó, además, por dar mayor libertad a los acuerdos privados entre las dos partes.

"No hemos llegado a ningún acuerdo. Esa es una realidad. Caminamos sobre algunos temas, pero no estamos listos", afirmó.

Discusión

La legisladora Montero, del oficialismo, admitió que hay una extensa discusión en torno a aspectos del proyecto de ley.

Mencionó la diferenciación que se debe hacer en alquileres de locales comerciales y viviendas, los casos en los que se puede aplicar la moratoria, los mecanismos que se seguirán y las pruebas que deberían presentar las personas para optar por el beneficio.

"Hay que buscar equilibrios. Ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Estamos entre dejarlo a lo libre y que las partes se pongan de acuerdo, que es un extremo, o poner algunos elementos probatorios, como declaraciones juradas", explicó.

Otra de las diferencias que admitió Montero es el plazo de la medida.

"Hay que buscar un termino medio. No puede ser tan poquito y tampoco puede ser muy largo. Me caso más con los 6 meses, pero pareciera que hay más personas que se inclinan por los 3 meses", agregó.

Pedro Muñoz, del PUSC, reconoció la existencia de dificultades en la mesa de trabajo.

"Falta una visión integral y un plan de ajuste parejo y justo", respondió el socialcristiano.

Los diputados del grupo volverán a tener una sesión virtual de trabajo el próximo viernes, pero Jiménez adelantó que duda mucho que lleguen a algún acuerdo ese día.