Denuncian penalmente a magistrados por presunto cambio en sentencias firmes
Afirma que magistrados variaron sin motivo resoluciones firmes
La empresaria mexicana Evangelina López Guzmán, propietaria de la compañía gasera Gas Nacional Zeta S.A., denunció penalmente por presunto prevaricato a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los denunciados son integrantes de la Sala Primera: Rocío Rojas Morales, Luis Guillermo Rivas Lóaiciga, Román Solís Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández (vicepresidenta de la Corte) y Ana Isabel Vargas Vargas.
La queja fue presentada por los representantes legales de López el 11 de diciembre por –aparentemente- variar resoluciones firmes sin motivo alguno.
¿Cómo surge el caso? López sostiene una pugna familiar por un divorcio con su exesposo Miguel Zaragoza Fuentes. Durante décadas ambos constituyeron un emporio empresarial que se extendió por Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa.
Una sentencia dictada en 2015 por Roy Moore, juez de familia de Texas, señaló que el 100% de las empresas en Costa Rica (donde está Gas Nacional Zeta S.A), Suiza y México quedaron en poder de López. El fallo fue nacionalizado por la Sala I a través de un procedimiento conocido como exequátur (cuando se nacionaliza una sentencia dictada en el extranjero).
En contraparte, Zaragoza Fuentes presentó una apelación que depende de lo que aún se dilucide en los tribunales estadounidenses.
¿Por qué se presenta la queja? La denuncia penal se origina luego de que los magistrados de la Sala Primera emitieran la resolución Nº 00033-E-S1-2016 adoptada posterior a resoluciones firmes, giradas por ese mismo tribunal y otras jurisdicciones de familia, donde se pidió ejecutar la sentencia del juez Moore. Esto fue confirmado en 2 o 3 oportunidades en 2015.
Sin embargo, en febrero de 2016 la Sala Primera -aparentemente- revocó todo y –según López- cambió el contenido de la orden dada desde EE.UU.
Esto se tradujo, según la queja, en una anulación de las sentencias que ya estaban firmes (donde confirmaban el control empresarial de la mexicana).
“La denuncia se planteó porque esa sentencia de 2016 (Nº 00033-E-S1-2016) le revocó resoluciones que habían sido dictadas favorables para ella por la misma sala y que posteriormente fueron cambiadas, revocadas y con una modificación en el sentido”, apuntó Carlos Quesada, uno de los representantes legales de la empresaria en el país.
Proceso millonario
Actualmente, las compañías en el país están bajo el control de López hasta que se resuelva el divorcio en EE.UU. Ya hubo una resolución inicial que permanece en apelación en un tribunal del condado de Harris.
“La Sala Primera en una decisión antijurídica, incomprensible, fuera de toda lógica y razón revocó y modificó sus propias resoluciones argumentando que aclaraba, adicionaba y saneaba sus propias resoluciones argumentando que aclaraba, adicionaba y saneaba sus propias resoluciones sin que hubiese activación legal ni recurso vertical ante ella para ese proceder.
“En virtud de que todo lo previamente resolvió carece de impugnación y, bajo esa tesitura, se atribuyó competencia como superior jerárquico del Juzgado Primero de Familia, anuló las sentencias firmes del Tribunal de Familia, despacho al que excluyó del conocimiento en alzada de cualquier asunto que resuelva el Juzgado Primero de Familia en lo tocante a la ejecución de las medidas (…)”, cita para de la denuncia presentada.
La sentencia dictada por el juez Moore en Texas ordenó dividir en partes iguales la fortuna (calculada extraoficialmente en $2mil millones) a la cual se le suman 5 aviones, yates y casas de lujo repartidas en diferentes países.
Esta pugna entre López y Zaragoza no es nueva. En 2015 el lío marital puso en jaque el suministro de gas en el país (Gas Nacional Zeta S.A. controlaba la mayoría del mercado) y lo tuvo al borde del desabastecimiento.
La denuncia penal se investiga bajo el expediente 18-00001-0033-PE.
