Denuncian a Jerarca y Viceministro de Seguridad por desterrar Academia de Guardacostas del mar

Mario Zamora, jerarca del Ministerio de Seguridad Pública y el viceministro Manuel Jiménez Steller, fueron denunciados ante la Procuraduría de la Ética debido a la sorprendente decisión de desterrar a Academia Nacional de Guardacostas de Quepos, donde tenían instalaciones adecuadas y estaban a tan solo a metros del océano, para llevarla hasta Pococí, en una localidad que queda a unos 45 kilómetros del mar más cercano y a prácticamente dos horas del centro de Limón.

Fue la diputada Sofía Guillén quien presentó una denuncia y petición de abrir la investigación, debido a una serie de posibles irregularidades que giran en torno a la decisión del viceministro, respaldada por el jerarca.

La legisladora del Frente Amplio, también solicitó indagar  la remoción de 11 oficiales del servicio, lo cual ha debilitado considerablemente la operatividad de la fuerza naval costarricense.

La denuncia también señala que Jiménez Steller lleva meses dirigiendo Guardacostas ante la falta de nombramiento de un nuevo director, tal como reveló crhoy.com semanas atrás. Esto pese a no contar con los requisitos que establece la ley. Según señala la denuncia:

Dichas acciones podrían constituir un quebrantamiento de los deberes y responsabilidades inherentes al cargo, al no cumplir con los principios de probidad, transparencia, idoneidad y uso eficiente de los recursos públicos.

Se solicita la investigación por la posible comisión del delito de abuso de autoridad conforme al artículo 338 del Código Penal, al haberse tomado decisiones contrarias a la ciencia y la técnica que rigen la formación de los guardacostas y que podrían haber afectado el servicio público de manera perjudicial.

Asimismo, la posible comisión del delito de incumplimiento de deberesconforme al artículo 332 del Código Penal, por no haber brindado la debida información y sustento técnico a las instancias correspondientes.

La petición de la congresista es realizar una investigación preliminar y que su resultado se remita tanto al Ministerio Público, como a la Contraloría General de la República y el Consejo de Gobierno.

La polémica

A inicios de setiembre, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó a crhoy.com que tomaron la decisión de retirar la escuela que entrena a los policías marítimos del recinto donde estaban desde hace años, en una parte estratégica de la Zona Americana muy cerca de la Policía Turística y de la Marina Pez Vela.

Ahora el entrenamiento se llevará a cabo en la Academia Nacional de Policías, en el distrito La Rita de Pococí. Será muy lejos de las aguas, pese a que los oficiales requieren llevar varios cursos que son impartidos o requieren mucha práctica en la costa o en altamar.

Por ejemplo, los nuevos guardacostas deben cumplir con una maya curricular que incluye enseñanzas sobre navegación costera, rescate acuático, operación de embarcaciones, sobrevivencia en el mar, comunicaciones marítimas, mantenimiento de motores fuera de borda y abordaje e interdicción.

Pese a la evidente necesidad de entrenamiento en los litorales, Seguridad Pública defiende la decisión. Eric Lacayo, viceministro de Unidades Regulares que tiene bajo su tutela la Academia de Policías, rechazó que trasladar la escuela de Guardacostas a 300 kilómetros de su antigua sede afecte la capacitación. 

Posteriormente, el jerarca Mario Zamora justificó la decisión señalando que en el recinto de Pococí había una piscina para entrenamientos.

Nadie puede tener desconfianza que en el mismo lugar donde entrena la Fuerza Pública, entrene Guardacostas. Son simplemente iguales policías unos con otros, aquí no hay ningún demérito, por el contrario.

La Escuela también tiene una piscina olímpica, si requerimos hacer pruebas en mar ya cuando son pruebas especializadas, se hace desde Limón, desde nuestra base de Guardacostas.

Aquí no hay ningún problema, la enseñanza de Guardacostas se hace desde un aula. Nadie entrena en mar las 24 horas del día. 

Ilegalidad

Según la denuncia, el traslado de la Academia de Guardacostas contraviene las disposiciones de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley General de la Administración Pública, el decreto que estableció los Principios Éticos de los Funcionarios Públicos, además de las Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general.

La diputada Guillén argumentó que se violó el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, que indica que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.

Es falso que las instalaciones en Quepos se encuentren en condiciones que afectan el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes, y por el contrario, cabe destacar que en años recientes, las instalaciones de la Capitanía de Quepos de donde se erradicó la escuela de Guardacostas, incluso han tenido mejoras y obras de arreglos en sus instalaciones. 

La denuncia también señala que la Academia de Guardacostas a Pococí, es una sede que evidentemente no cuenta con acceso al mar, sino que requiere que el personal docente y estudiantado deba trasladarse durante horas hacia el mar más cercano, quedando a dos horas del centro de Limón, lo que contradice los principios de técnica, lógica y conveniencia, ya que la capacitación de guardacostas requiere la práctica en un entorno marítimo real.

Todo este panorama no solo implica mayores costos económicos y de tiempo, además de riesgos de accidentes de tránsito y congestionamiento vial, sino que resulta ilógico, considerando que las instalaciones en Quepos están a solo 200 metros del mar, según se cita en la denuncia.

Además, la pretensión de suplir la capacitación marítima mediante el uso de una piscina en Pococí también resulta irracional e insuficiente para cubrir las necesidades de entrenamiento de los guardacostas, precisamente porque las condiciones del mar, como oleaje, corrientes, salinidad, vientos y cambios climáticos, son factores críticos que no pueden replicarse en una piscina. (…)

El entrenamiento en salvamento, interdicción marítima, y supervivencia en el mar es fundamental para la formación efectiva de los oficiales. La cercanía al mar de las instalaciones en Quepos permite realizar prácticas en un entorno realista, mientras que Pococí carece de estas condiciones, y, por el contrario, agrega obstáculos innecesarios para el estudio.

Por tanto, la decisión del viceministro es contraria a los requisitos técnicos y científicos que aseguran la formación adecuada del personal de guardacostas, y además se toma en contra de la conveniencia, pues omite la necesidad de desarrollar habilidades esenciales en un entorno auténtico y marítimo, comprometiendo la calidad y la seguridad de la capacitación, ya que incluso en el mar de Murciélago expone al personal y estudiantado a mayores riesgos que efectivamente sí comprometen su seguridad e integridad física.

Dudas sobre actuar de Jiménez Steller

Según la denuncia de la diputada Sofía Guillén, la decisión del viceministro Manuel Jiménez Steller de trasladar la Academia a Pococí desatiende las necesidades formativas de los guardacostas, lo que evidencia un uso ineficiente de los recursos y una planificación deficiente.

Señala que se ahorrará al eliminar los gastos de mantenimiento de la sede de Quepos, negando el acceso al respaldo financiero que evidencia cuánto dinero se gastaba en esta sede, y omite de igual forma revelar los costos que implican el traslado, estadía y alimentación que será necesaria para poder movilizar a todo el personal y equipo hasta las costas para realizar su entrenamiento, así como ofrecer un cronograma para determinar la frecuencia con la que será necesario hacer estos traslados, hacia cuáles costas, y así como otros elementos propios de una planificación técnica y en procura de hacer un uso eficiente de los fondos públicos. 

Al omitir en reiteradas ocasiones facilitar el respaldo contable y financiero que demuestra el hecho de que esta decisión se haga en función del mejor manejo de los fondos públicos, de manera tal que esta decisión pueda ser sometida al escrutinio técnico, el viceministro comete una falta al deber de probidad al ejecutar este traslado.

La denuncia que deberá ser tramitada por la Procuraduría de la Ética, la falta de respuesta del ministro a las consultas técnicas planteadas sobre cómo se llevarían a cabo los cursos especializados en una ubicación sin acceso al mar, refleja una falta de transparencia, objetividad y negligencia en la toma de decisiones.

Dirige Guardacostas sin cumplir requisitos

Por esa razón, la denuncia también señala que es fundamental que la Procuraduría analice estos hechos en el contexto de la falta de idoneidad del señor Jiménez para ocupar el puesto de forma interina, dado que incumple los requisitos para el cargo de director del Servicio Nacional de Guardacostas, que establece el artículo 5 de la Ley N.º 8000.

Aunque este puesto depende directamente del Ministerio de Seguridad Pública y está excluido del Estatuto de Servicio Civil, al estar regulado por una ley que establece requisitos específicos, no debe quedar exento del análisis de idoneidad comprobada. La idoneidad, como principio fundamental en el nombramiento de servidores públicos, garantiza que la persona que asuma el cargo tenga las competencias y conocimientos necesarios para desempeñarlo eficientemente, lo cual debe ser evaluado rigurosamente en este caso.

Este puesto se trata de un cargo público especializado en el resguardo de las aguas territoriales, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al Estado costarricense, y se trata de un servicio público de especial interés en el contexto de mayor violencia a nivel histórico en nuestro país (…).

En este caso, el nombramiento de un director interino que no cumpla con los requisitos viola el principio contemplado en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, y las decisiones tomadas por una persona que no cumple con la idoneidad, formación y experiencia técnica exigida, resultan contrarias a la ciencia y técnica que debe cubrir todas las decisiones de los servidores públicos.

Este incumplimiento de requisitos y falta de idoneidad para el cargo, en conjunto con las decisiones arbitrarias que debilitan la formación académica de los estudiantes de la Academia Nacional de Guardacostas, resulta de especial interés a la hora de determinar si en este caso existen conductas irregulares, contrarias a la ética e incluso que configuran una infracción de naturaleza administrativa y /o penal.