Denuncia revela irregularidades en licitación en hospital de Liberia
Supuestamente se modificó el pliego de condiciones
Imagen con fines ilustrativos
Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concluyó que el Dr. Marvin Palma, director del hospital de Liberia, adjudicó el 30 de mayo de 2024 una licitación a una empresa, sin atender una serie de requerimientos y órdenes dadas por la Contraloría General de la República (CGR) con respecto al contrato de suministro de gases médicos e industriales necesarios para el funcionamiento del hospital.
La denuncia indica que en el trámite de la licitación, aparentemente existió un "modus operandi" para sacar proveedores y así poder favorecer a uno en específico. Además, se aseguró de que en el pliego de condiciones se solicitara adjudicar a una sola empresa, por un periodo de 4 años.
A raíz de esto, la Contraloría General de la República (CGR) declaró parcialmente con lugar un recurso de objeción, alegando que "no se ha dado una justificación técnica para obligar a los oferentes a participar en todas las líneas" e indicó que la Administración (refiriéndose a la dirección del hospital) debía incorporar el criterio técnico que sustentaba la petición.
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Se hace necesario verificar las razones que sustentan la decisión del Hospital (…) Si bien se entiende que se está en presencia de insumos que inciden en la vida de los pacientes, no se señala técnicamente cómo les perjudica que existan diferentes proveedores de diferentes gases.
(…) dado que no se ha dado una justificación técnica para obligar a los oferentes a participar en todas las líneas, se declara parcialmente con lugar este aspecto, a efectos de que la Administración incorpore el criterio técnico que lo sustente. Las citadas en el pliego de condiciones y en la audiencia especial resultan insuficientes.
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Pese a esto, según la denuncia, no se atendió el requerimiento de la CGR y, más bien, se verificó que el hospital no logró fundamentar la obligatoriedad de contratar todas las líneas en una sola partida.
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Esta contraloría advierte que nos encontramos ante la cuarta ronda de objeciones, sin que la Administración haya procedido a emitir un criterio técnico debidamente motivado sobre el aspecto de la modalidad de oferta (ítem único o por líneas)(…), el estudio técnico que justifique la modificación de participación por líneas con un mínimo del 50% de estas, en los términos que se plasmaron en el pliego publicado el 26 de enero de 2024, no es ubicable dentro del expediente de la licitación (…). Las falencias en el motivo y la motivación que han venido siendo apuntadas por esta Contraloría desde la primera ronda de objeciones continúan arrastrándose por la Administración, sin que ello se subsane con indicar una participación de al menos el 50% (…). Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar la objeción interpuesta contra la cláusula 1.2, y la Administración deberá proceder a rendir e incorporar al expediente de la licitación el estudio técnico que justifique la participación por líneas con al menos el 50% de estas; siendo de su entera responsabilidad el haber omitido las justificaciones técnicas que respaldan tal especificación.
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Además, el órgano auditor aseguró que la CGR reveló que la administración "quebrantó los principios de transparencia, buena fe, eficiencia y eficacia" por las modificaciones al pliego de condiciones y por no atender lo ordenado por la CGR en 4 ocasiones.
De hecho, el órgano contralor ordenó abrir una investigación para determinar la "existencia de responsabilidades de los funcionarios involucrados en el proceso de licitación, realizar un nuevo análisis de las ofertas y, mediante acto debidamente motivado, adoptar lo que en derecho corresponda".
Luego, el 30 de octubre de 2024, se declaró desierto el proceso de licitación y se tramitó una compra urgente que fue adjudicada a Praxair, bajo la modalidad de entrega según demanda por 6 meses, por la suma de ¢248.769.530.
Esta compra se realizó el 11 de julio y, el 23 de ese mismo mes, se volvió a adjudicar a esta empresa bajo las mismas condiciones.
Por estos hechos, Olger Sánchez, auditor de la CCSS, advirtió a la Dirección de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y solicitó que realicen las investigaciones necesarias sobre el tema.
Su relación con la necesidad de tramitar posteriores contrataciones urgentes mediante procedimientos de urgencia (…) señala el deber de determinar si la situación urgente fue provocada por mala gestión y, en tal caso, iniciar la investigación correspondiente y proceder a establecer las medidas que correspondan conforme lo regulado por el ordenamiento jurídico, concluyó Sánchez en su informe.
Warner Picado Camareno, director de la Dirección de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, indicó sobre los hallazgos de la Auditoría que se conformó una Comisión de Investigación Preliminar mediante el oficio DRSS-DRIPSSCH-1311-2024, del 20 de diciembre de 2024, y que actualmente se encuentra dicha investigación en proceso.
