Delitos informáticos entre los que más tiempo y recursos demandan al sistema judicial

La resolución de los delitos informáticos está entre los que más tiempo y recursos le demandan al sistema judicial costarricense.

Este es uno de los datos que surgen del Informe Estado de la Justicia 2025.

“En el último período 2015-2023, la demanda global para el sistema penal costarricense tuvo un crecimiento muy fuerte, específicamente en el 2021, que luego se estabilizó en esa cima. Aunque se mantuvo alta no creció más en los dos últimos años.

Sin embargo, al analizarlo cualitativamente, los tipos de delito que sí aumentaron son mucho más complejos: homicidios, violencia contra las mujeres y delitos informáticos”, indica el reporte que confirma los casos relacionados con atentados contra la vida y tecnológicos han aumentado con el tiempo.

De igual manera, los cibercrímenes le consumen a la justicia nacional más recursos de funcionarios y tecnología.

“Los delitos informáticos implican una inversión considerable de tiempo especializado por parte de personal técnico, así como un tratamiento altamente complejo de la evidencia digital, incluso en casos comunes, como la intervención y análisis de comunicaciones telefónicas”, destaca el documento.

Los crímenes, como los informáticos, a menudo requieren trabajos técnicos detallados para acceder y recuperar información almacenada en los dispositivos electrónicos.

Este proceso puede prolongarse debido a la complejidad de la tecnología empleada, así como a las medidas de seguridad aplicadas a los aparatos.

“En la fase de investigación, cuando la responsabilidad recae en el Ministerio Público, la duración se incrementó significativamente en cuatro grupos de delitos. El trámite de los informáticos (292 días más) y contra los derechos humanos (477 días más), representa el aumento más importante al contrastar el período 2019-2022”, resalta el informe.

Largos procesos

En cuanto a la duración según tipo de caso y razón de finalización, en el trámite promedio de los expedientes de acuerdo con la tipificación de delito y su motivo de término para cada año, resalta cómo los casos relacionados con los fraudes informáticos, deberes contra la función pública y la Ley Forestal ocupan las primeras posiciones en acusación y sobreseimiento.

“El tiempo promedio de una acusación para presuntos delitos informáticos tomó en promedio 959 días en el 2022, 1,238 en el 2023 y 980 en enero-setiembre del 2024.

El tiempo promedio de término de expediente de delitos informáticos era de 142 días, muy por debajo de las categorías promedio de otros delitos. Sin embargo, esto se debe a la disparidad entre los tiempos en que toman en darse archivos fiscales (16 días en el 2023) y desestimaciones, respecto a los tiempos para un cierre por sobreseimiento (756 días en el 2023) o acusación (1238)”, añade la investigación.

Acerca de la duración del 5% por casos que toman más tiempo en cerrarse, se analizó cómo se distribuyen estos lapsos en el percentil 95. Al comparar los tiempos máximos de duración, se destaca que los delitos informáticos con una acusación en los años 2023 y 2024 fueron los que más tardaron en cerrarse, y ocuparon el segundo lugar en el 2022.

Tanto los delitos informáticos como los relacionados con deberes de la función pública requirieron cinco años o más para llegar a una acusación en los tres años de estudio.

En particular, para ese 5% de casos con mayor duración, los delitos informáticos tomaron más de 6,3 años en el 2022, 5,4 años o más en el 2023 y más de 5,7 años en el 2024 en resolverse.

Experto opina

Para un experto en el tema, estas cifras solo vienen a dejar en claro que el cibercrimen ya no es un fenómeno marginal, sino un riesgo sistémico que afecta a la ciudadanía en todos los aspectos.

“Desde una perspectiva de resiliencia nacional, estas cifras obligan a repensar la estrategia: no basta con parches reactivos; se requiere incorporar la gestión de riesgo cibernético en la gobernanza corporativa y en las políticas públicas, con métricas claras sobre exposición y respuesta, y adicionalmente atendiendo los planes de continuidad de negocio”, considera Aldo González, director de carrera de Ciberseguridad de la Universidad Internacional Universae.

Este aumento sostenido en las estafas por medios digitales refleja una creciente vulnerabilidad en la población y en las instituciones públicas y privadas, lo que ha encendido las alertas en torno a la necesidad de contar con profesionales capacitados en seguridad digital.

“Desde la academia tenemos la responsabilidad de articular estos estándares con programas formativos que combinen fundamentos técnicos, pensamiento crítico y una visión ética del oficio. Integrar las certificaciones de la industria en los planes de estudio, sin ceder al mercadeo, permite que los egresados acrediten su dominio ante empleadores globales desde el primer día, acortando la curva de aprendizaje e impactando directamente en la reducción del índice de fraudes digitales.

Así, la universidad se posiciona orgánicamente como puente entre la demanda urgente de profesionales competentes y la protección efectiva del ecosistema digital”, complementó González Miranda.