Delcy Rodríguez admite uso abusivo de ley contra el odio que encarceló a críticos
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. AFP
La ley contra el odio, con la que se justificaron decenas de detenciones de críticos del gobierno venezolano, fue aplicada de forma abusiva, reconoció este martes la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La norma será reformada como parte del diálogo con la oposición.
"Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley", admitió Rodríguez durante un encuentro con productores de café en el estado Portuguesa, en el oeste del país.
Sin embargo, aseguró que cree "en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor, en el relacionamiento, que no se imponga el odio sino que podamos convivir".
En la última década, decenas de dirigentes políticos, activistas, periodistas, manifestantes e incluso influencers fueron acusados de "instigación al odio" con base en esta ley, que contempla penas de 10 a 20 años de prisión.
La propia Rodríguez impulsó la norma en 2017, cuando presidía la Asamblea Constituyente, una instancia que funcionó como un "suprapoder" y anuló al Parlamento electo en 2015, de mayoría opositora.
Rodríguez gobierna de forma interina desde enero, tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. Bajo presión de Washington, impulsó una amnistía que permitió excarcelar a cientos de presos políticos, muchos de ellos condenados por esta ley. La oenegé Foro Penal advierte que aún quedan 324 presos políticos.
Reforma o derogación
Más temprano, la mandataria pidió a la Asamblea Nacional reformar la ley como resultado del diálogo político auspiciado por Estados Unidos entre el gobierno y un sector de la oposición, representado por diputados electos en 2015.
En una carta enviada a la Asamblea, presidida por su hermano Jorge Rodríguez, explicó que la reforma busca "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en la norma. Horas después, el Parlamento creó una comisión para trabajar en los cambios.
La delegación opositora afirmó en X que la ley "fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia".
"Expresamos nuestra solidaridad con quienes fueron víctimas de su aplicación y con sus familias", agregó.
Organizaciones de derechos humanos, en cambio, exigen derogarla por completo. El director de la oenegé Provea, Oscar Murillo, planteó en X "la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos".
Human Rights Watch también recomendó hace dos semanas derogar esta y otras normas, al término de su primera visita a Venezuela en casi 20 años.