Defensoría urge medidas económicas a favor de adultos mayores
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
La Defensoría de los Habitantes urgió que se tomen medidas económicas a favor de la población adulta mayor.
Según la institución, recientes investigaciones determinaron que no se le está brindando la atención suficiente a los derechos de los adultos mayores, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad.
Sostuvo que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros porque se equipara la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no solo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como los prestamos "gota a gota", el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas.
La Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al sistema financiero.
Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores el acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.
La institución solicitó al Conapam elaborar un proyecto de ley para garantizar a los pensionados, independientemente del régimen de pensiones al que pertenezcan, una pensión mínima inembargable o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de la misma sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.
La Defensoría también emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) promover, entre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio y denuncias en caso de detectar abusos financieros en contra de los adultas mayores.