Defensoría: Regla fiscal ha impactado servicios sociales esenciales
Señala que norma ha afectado derechos humanos de poblaciones vulnerables
Defensoría de los Habitantes. (Archivo/CRH).
La regla fiscal, una norma creada por la Asamblea Legislativa en 2018 para limitar el crecimiento del gasto público, ha impactado el acceso a servicios sociales esenciales de las poblaciones más vulnerables y en situación de pobreza.
Así lo revela un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes que examinó el impacto de esa norma en el país.
El informe, que fue presentado al Poder Ejecutivo y al Congreso, señala implicaciones para los derechos humanos de esos sectores.
Destaca la intersección crítica entre la política fiscal y los derechos humanos y arroja luz sobre cómo la aplicación de la regla fiscal, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, está teniendo un impacto directo en la provisión de servicios esenciales para la población costarricense, indica la Defensoría.
En la elaboración del informe se empleó una metodología multidisciplinaria que incluyó análisis documental, revisión de jurisprudencia, experiencias internacionales y entrevistas con expertos en economía y derechos humanos.
Según la institución, la revisión de la jurisprudencia constitucional fue crucial, ya que ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia los derechos humanos en relación con las restricciones presupuestarias.
"El informe revela que la aplicación de la regla fiscal ha generado rigideces presupuestarias, impactando programas sociales cruciales como salud y educación. Esto ha restringido el acceso a servicios esenciales, especialmente para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza, limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica", sostiene la entidad en un comunicado.
Además, identifica que la aplicación de la regla fiscal ha ejercido una presión significativa sobre instituciones clave como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
"Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos, por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos", señala la Defensoría de los Habitantes.
El informe identifica doce aspectos críticos para considerar en la revisión de la regla fiscal. Estos abarcan desde el diseño e implementación de la norma hasta la definición del agregado fiscal regulado y la transparencia de la regla, todos dirigidos a proteger los derechos humanos de la población costarricense.
Se destaca la importancia de una revisión de la regla fiscal que no limite la efectividad de las políticas públicas destinadas a promover los derechos humanos de la población.
La Defensoría pide una reformulación de la regla fiscal que equilibre la responsabilidad fiscal con la protección de los derechos humanos, en línea con los tratados internacionales y los compromisos del país en materia de derechos humanos.
