Defensoría detecta debilidades graves en Puntos Violeta del Inamu
Defensoría de los Habitantes
La Defensoría de los Habitantes detectó que el proyecto "Puntos Violeta", contratado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), presenta múltiples debilidades e inconsistencias que impiden generar un impacto adecuado en la prevención y atención efectiva de la violencia contra las mujeres.
"Puntos Violeta" es un proyecto que inició en 2023 y consiste en Centros de Atención y Apoyo en procesos de denuncia, los cuales forman parte de la estrategia Ruta de Género, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo n.º 43771-MSP-MJP-MTSS-MCM.
En ese momento, iniciaron de forma unipersonal 29 Puntos Violeta en diferentes regiones del país, que luego se fraccionaron hasta convertirse en 32 ubicaciones. Estos puntos se convirtieron en ventanillas de información y referencia hacia los mismos servicios tradicionales del Inamu, con un registro de 5.456 atenciones hasta febrero de 2025.
Atenciones mínimas y desconexión con los objetivos
Sin embargo, la Defensoría señala que algunos Puntos Violeta reportaron cero atenciones durante varios meses. Por ejemplo, la oficina ubicada en Santa Cruz, en la organización Abriendo Mentes, no reportó atenciones en dos meses de 2023, seis meses de 2024 y durante el primer trimestre de 2025; es decir, 11 meses en total sin que la profesional contratada realizara funciones.
Otros casos relevantes son los Puntos Violeta de Nicoya y Cartago, que no reportaron atenciones durante siete meses. Orotina, Corredores y Osa, durante seis meses; y Desamparados, Parque La Libertad y Esparza, durante cinco meses, entre otros.
Según datos oficiales, solo un 2 % de estas atenciones se relacionan con los objetivos contractuales de la estrategia, como el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, o el acoso sexual callejero.
La mayoría de los temas atendidos están vinculados con el quehacer habitual del Inamu, como otras formas de violencia, ayudas económicas, conflictos familiares, ansiedad, pensiones alimentarias o trámites institucionales.
"Esto refleja una desconexión importante entre la finalidad contractual del servicio —extraordinario— y el tipo de atención efectivamente brindada", detalla la Defensoría.
Uno de los aspectos que más preocupó al ente defensor y que también fue señalado por la Auditoría Interna del Inamu es la ausencia de estudios de preinversión debidamente documentados, una debilidad estructural que compromete la calidad de la política pública implementada y "expone a la Hacienda Pública a riesgos de uso ineficiente de los recursos estatales".
Otro aspecto relevante es que, para los profesionales en ciencias sociales contratados en los Puntos Violeta —a través del modelo de tercerización de servicios—, solo se exigía un año de experiencia profesional en atención a mujeres en situación de violencia, acreditada mediante una declaración jurada, sin mecanismos que respaldaran la idoneidad del personal.
"Se evidenció el uso del mecanismo de contratación directa, bajo el supuesto de actividad extraordinaria, lo cual plantea cuestionamientos relevantes sobre la legalidad, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Todo indica que el servicio ofrecido es una extensión de las actividades ordinarias del Inamu, por lo que la implementación paralela de los Puntos Violeta genera una duplicación funcional, dispersa los recursos disponibles, debilita la coherencia institucional y no responde al modelo de servicio institucional.
Lejos de fortalecer las capacidades instaladas, esta estrategia se ha desarrollado mediante contrataciones temporales, sin un modelo operativo sostenible ni criterios técnicos robustos que garanticen su permanencia en el tiempo", agregó la Defensoría.
El informe también analizó debilidades en cuanto a capacitaciones y supervisión del personal contratado, condiciones del servicio, infraestructura, ubicación, falta de rotulación, insuficiencia de información, deficiencias en la difusión, valoración costo/beneficio, así como la falta de atención a las debilidades identificadas por la propia institución.
Para la defensora de los habitantes, "la ausencia de mecanismos adecuados de verificación de la idoneidad profesional, de una articulación interinstitucional efectiva, de seguimiento técnico y de evaluación del servicio prestado, compromete la eficacia de la respuesta estatal y puede implicar riesgos de revictimización de las mujeres".
Ante esto, la defensora, Angie Cruickshank Lambert, instó a que los fondos destinados a la operación de los Puntos Violeta sean reasignados para fortalecer las funciones del Inamu, como la regionalización de los servicios, con el fin de optimizar la inversión pública y asegurar un mejor acceso a servicios de calidad para todas las mujeres del país.
También señaló que deben realizarse las mejoras necesarias antes de la finalización del contrato actual, con la expectativa de que no sea renovado.
"Las mujeres requieren del Inamu servicios que sean accesibles, especializados, eficaces y articulados; capaces de brindar atención integral desde el primer contacto, con respuestas inmediatas y medidas concretas de protección. Necesitan una institucionalidad que reconozca la gravedad de cada situación, que actúe con prontitud, y que garantice, de forma efectiva, la protección de sus vidas y las de sus hijas e hijos. En su diseño y aplicación actual, la Ruta de Género, lejos de ser un camino efectivo de protección, corre el riesgo de convertirse en un laberinto institucional, carente de respuestas prontas e inmediatas para las mujeres", concluyó la defensora.
Este medio solicitó una posición al respecto al Inamu y al cierre de esta nota se estaba a la espera de una respuesta.
