Defensoría: Costa Rica no estuvo preparada para atender a deportados de EE. UU.

La Defensoría de los Habitantes señaló que Costa Rica nunca estuvo preparada para brindar una atención adecuada a las personas deportadas que ingresaron al país desde febrero del presente año.

A través de un comunicado, la institución destacó que "durante estos seis meses se han hecho advertencias respecto a debilidades registradas en el proceso de observación activa", las cuales —en su mayoría— "han sido atendidas progresivamente por parte de la Administración".

"Estuvimos como Defensoría en todo el proceso: desde que arribó el primer vuelo, el 20 de febrero, así como en el segundo, cinco días después. A ello se sumaron inspecciones in situ, solicitudes de información y otras gestiones que permitieran mejoras en las condiciones de atención de estas personas, quienes nunca tuvieron la intención de ingresar al país, sino que fueron obligadas mediante el uso de la fuerza y la detención para su traslado, producto de un acuerdo migratorio entre dos países.

Hoy le digo al país que espero, como defensora, que esta desafortunada historia no se repita en las condiciones en que vinieron mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas de diferentes nacionalidades", expresó la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Agregó que "deben existir todas las condiciones de protección y atención requeridas para que el abordaje de personas migrantes cumpla, desde el inicio, con todos los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos".

La Defensoría también cuestionó que las más de 200 personas deportadas "no podían ser tratadas como un paquete", sin considerar sus circunstancias personales y familiares. Señaló que debió haberse tomado en cuenta la nacionalidad de cada persona, así como las realidades políticas, sociales y civiles que enfrentaban en sus países de origen.

Además, denunció que los menores de edad en edad escolar que estuvieron en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur nunca lograron tener acceso real al derecho a la educación.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Defensoría recomendó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y a la Dirección General de Migración y Extranjería revisar el fundamento y los alcances de las resoluciones N.° DJUR-135-04-2025 y N.° DJUR-222-07-2025-JM-ABM, que autorizaron la regulación migratoria temporal por razones humanitarias para las personas extranjeras deportadas desde Estados Unidos y albergadas en el CATEM Sur. Las recomendaciones específicas fueron las siguientes:

• Establecer un mismo plazo de autorización de permanencia en el país para todas las personas deportadas desde Estados Unidos, así como la posibilidad de prórrogas, considerando que algunas no regresarán a sus países de origen ni se trasladarán a terceros países.

• Otorgar autorización para trabajar por cuenta propia y bajo relación de dependencia a todas las personas deportadas, y no únicamente a un grupo limitado de ellas (como lo establece la resolución N.° 222-07-2025).

• Eliminar cualquier costo o cobro administrativo por concepto de documentación migratoria para todas las personas deportadas, y no solo para algunas (según la misma resolución).

• Flexibilizar el proceso de regularización migratoria para permitir el cambio de categoría sin tener que acudir a la vía ordinaria, dado que muchas de estas personas no podrán presentar la documentación exigida, como certificados o documentos emitidos en sus países de origen.

La Defensoría también solicitó continuar con las gestiones para la instalación de una red wifi que facilite la comunicación de las personas migrantes, independientemente del flujo migratorio al que pertenezcan. Asimismo, pidió dar seguimiento a los procesos de revisión de la cloración del agua en el CATEM Sur para verificar y garantizar su potabilidad.

"A su vez, es imperativo que cualquier colaboración migratoria del Estado costarricense garantice siempre el estricto respeto de los derechos humanos de las personas involucradas, conforme a la normativa vigente tanto a nivel nacional como internacional", concluyó la Defensoría.