Defensora contesta a Procuraduría: “En nada necesito criterio alguno para un asunto personal”
Crespo dijo que denuncia en su contra es endeble y carente de legalidad
(CRHoy.com).- Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, le indicó a la Procuraduría General de la República que en nada ocupaba un criterio de dicha institución para ser usado en un asunto personal, luego de que le fuera rechazada una consulta sobre el alza salarial de funcionarios ante los recargos de funciones.
La reacción de Crespo se da porque el Procurador Adjunto, Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, le indicó en una respuesta por escrito que "ningún jerarca puede entonces utilizar la vía consultiva para requerir nuestro criterio sobre asuntos que, aunque relacionados con la institución que representa o de la que es parte, responden a su interés personal, y no propiamente a los intereses de la administración pública".
En agosto pasado, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas, denunció ante el Ministerio Público a Crespo y a Mario Zamora, en ese momento, Director de Despacho, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícito. Al parecer, se habrían dado nombramientos que no cumplían con los requisitos y pagos prolongados injustificados.
"Ante este panorama y en atención al principio de transparencia, debo indicar que en nada necesito criterio alguno de la Procuraduría para ser usado en un asunto personal. Y mucho menos tratándose de una denuncia tan endeble y carente de toda legalidad como la que cita la Procuraduría", comentó Crespo.
La Defensora dijo que en los últimos años congeló 20 plazas; además presentó un proyecto de ley para que 16 plazas de directores con salarios de ¢3.5 millones se disminuyan a 3; y que también solicitó la eliminación de 12 plazas más. Indicó que estas medidas significaron un ahorro de más de mil millones de colones. Aseguró que esto no ha afectado la prestación del servicio público.
En el comunicado se indica que "algunas de las plazas vacantes se han llenado por medio de la figura legal del recargo; la cual se utiliza comúnmente en el sector público. No obstante, el señor Hernán Rojas, miembro del sindicato (informado de forma amenazante por él mismo), exdirector del servicio civil del gobierno PAC, y quien asumió en recargo la Dirección Laboral en el 2019, ahora adversa ésta medida, y presenta una denuncia penal respecto de hechos que él mismo sabe que son legales".
Hernán Rojas, Jefe de Recursos Humanos, aseguró a CRHoy.com, que presentó la denuncia ante el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética Pública, ya que se habrían dado nombramientos de personas, con recargos de funciones, sin emplear el proceso de concursos internos para ocupar las plazas vacantes. Incluso, mencionó que, en uno de los casos, se habría asignado a un puesto a una persona que no tenía los requisitos.
Rojas dijo que como funcionario público tiene el deber de denunciar si se da cuenta de un aparente hecho irregular y eso fue lo que hizo en este caso. Los presuntos nombramientos irregulares son al menos 6.
El Jefe de Recursos Humanos de la Defensoría explicó que la denuncia está ampliamente documentada y que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría de la Ética le dieron curso.
Rojas manifestó que no es militante del Partido Acción Ciudadana (PAC) y que eso es utilizado por Crespo para desacreditar la denuncia.
"Ella lo que está diciendo es que no es cierto que está utilizando la Procuraduría para atender sus intereses. Así no lo entendí yo, así lo entendió la Procuraduría: ‘usted está aquí denunciada por el jefe de recursos humanos por el presunto abuso que hace de los recargos para que esté mandado a preguntar si puede o no puede hacer recargos'. Eso es en concreto lo que le está diciendo la Procuraduría", dijo Rojas.
El Jefe de Recursos Humanos señaló que si la Defensora hubiera querido ahorra dinero, los recargos se los hubiera hecho a los directores y no a profesionales de menor nivel a los que hay que pagar dichos recargos.
