Defensa de Carlos Araya tilda de “temeraria” denuncia penal por régimen salarial

La causa penal que abrió la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el supuesto delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales, sigue generando reacciones. Este miércoles, el exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, David Fallas, y el abogado defensor del rector, Gerardo Huertas Angulo, dieron sus versiones a través de una entrevista con CR Hoy.

La investigación, que se tramita bajo el expediente 25-000210-1218-PE, se relaciona con la implementación del Reglamento del Régimen Salarial Académico (RSA) aprobado en diciembre de 2023 por el Consejo Universitario.

La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por Fallas el pasado 8 de mayo. En ella, pide investigar si ese reglamento fue impulsado como parte de una estrategia política para favorecer la candidatura de Araya a la rectoría, y si pudo haber beneficiado a personas allegadas al rector.

“La denuncia la realicé porque varias personas informaron —uno en entrevista y otro en reportajes— que tenían elementos de convicción que hacían pensar que el régimen se aprobó como parte de la campaña que llevó a Araya al cargo. Lo correcto es investigar si eso es cierto o no”, explicó Fallas a CR Hoy.

Él también advirtió que podrían existir consecuencias para funcionarios que se trasladaron del régimen de salario compuesto al de salario global, si se determina que hubo ilegalidades en ese proceso.

“Me preocupa muchísimo la situación de quienes se trasladaron sin tener certeza de que el nuevo régimen sea válido. Eventualmente, podrían verse obligados a reintegrar dinero”, advirtió.

Hace poco más de un mes que David Fallas, presentó dos denuncias en contra de Araya en relación con el régimen salarial académico de la UCR: Una la interpuso en la Fiscalía y otra a la Contraloría General de la República. Este medio tiene copia de las denuncias presentadas a ambas instituciones.

“La intención de dirigirle a usted la ‘Réplica' ya mencionada, es que esta sea tenida como una denuncia formal para que se investigue tanto a Carlos Araya Leandro como a quienes en su momento integraron el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y votaron favorablemente el Reglamento del Régimen Salarial Académico, ante la eventualidad de que hubiesen incurrido en algún delito”, dice un extracto de la denuncia presentada a Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República.

Defensa: “No tipifica ningún delito”

Gerardo Huertas, abogado defensor del rector, confirmó que ya cuenta con el expediente y cuestionó la base jurídica de la denuncia.

“Aunque la Fiscalía aún no ha citado a don Carlos porque esta denuncia acaba de ingresar —fue presentada en mayo de este año—, nosotros ya tuvimos acceso al expediente. De hecho, hoy mismo presenté el escrito de apersonamiento y demás documentos. Consideramos que se trata de una denuncia absolutamente temeraria y escueta, ya que proviene del exdirector de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, quien más bien presenta una opinión personal como si fuera una denuncia.

El escrito no reúne ningún elemento de tipicidad penal. A nuestro criterio, no configura delito alguno. Lo que plantea parece más bien una molestia o una rencilla personal que una denuncia real de un hecho delictivo. No hay abuso de autoridad ni ningún otro tipo penal involucrado, por lo que sostenemos que la denuncia es ligera y temeraria, y así lo demostraremos en el proceso”.

El defensor del rector calificó como contradictorio que la denuncia provenga de quien lideró la Oficina Jurídica, ya que —según dijo— esa misma dependencia respaldó en su momento la legalidad del nuevo régimen salarial.

“Hoy presentamos un escrito solicitando que se nos asigne una fecha para la indagatoria, ya que normalmente es la Fiscalía la que decide cuándo citar al imputado. El trámite habitual que ustedes ven con frecuencia es que la Fiscalía cita a la persona denunciada para que rinda indagatoria o la contacta con ese fin. Sin embargo, nada en la ley impide que la persona denunciada se adelante; es un derecho que tiene desde el momento en que se presenta la denuncia.
Uno puede decir: ‘Quiero declarar ya’, porque desea explicar desde el primer momento lo ocurrido, sin tener que esperar. Estamos gestionando esa cita porque consideramos que el régimen salarial académico ha sido completamente tergiversado en cuanto a cómo funciona, quién lo ejecuta y cómo se maneja. Eso es justamente lo que queremos aclarar ante la Fiscalía, para que pueda avanzar con su investigación.”

Consultado al abogado sobre si niegan irregularidades en régimen salarial, él jurista respondió:

“Correcto, negamos irregularidades cometidas por don Carlos en cualquier aspecto del régimen salarial, y confiamos en que así se va a demostrar en el proceso penal, en donde sí debe valorarse de forma técnica y más allá de los ataques infundados”.

Otra causa por incumplimiento de deberes

Huertas también confirmó que se está apersonando en otra causa penal contra Araya, abierta de oficio por la Fapta. De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía a CR Hoy, la causa se tramita bajo el expediente 25-000134-1218-PE, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

“Apenas estamos teniendo acceso a ese expediente. Nos enteramos de su existencia por los medios, porque en ninguna de las dos causas don Carlos ha sido notificado”, explicó.

La defensa insiste en que todo lo actuado en torno al RSA se ajustó a derecho y que se trató de decisiones institucionales, no personales.

“Realmente nosotros consideramos que el tema del régimen salarial académico no solo se ha desarrollado conforme a derecho, sino también ejecutando órdenes emitidas por un consejo en pleno, no por don Carlos a título personal. Sé que esto ha sido objeto de críticas, pero aunque él formara parte del Consejo, este es un órgano colegiado que vota en pleno. No se trata de decisiones personales de don Carlos.
Me parece que eso no se ha entendido o se ha tergiversado. Tanto así, que cualquier actuación en ese sentido se ha hecho conforme a derecho y siguiendo los criterios de la propia Oficina Jurídica de la institución. Eso es parte de lo que queremos destacar, y por ahora ejerceremos la defensa en los aspectos técnicos que correspondan.”