Defensa aboga por absolutoria de extrabajador de Recope acusado de sabotaje de plantel

(CRHoy.com) La defensa del extrabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) acusado de sabotear el plantel de distribución de gas licuado de petróleo (GLP), en Moín de Limón, solicitó su absolutoria.

El pedido se dio durante las conclusiones del abogado José Miguel Villalobos Umaña en el juicio seguido contra un hombre de apellidos Pérez Sánchez, que se desarrolla desde el 24 de febrero en el Tribunal Penal de la localidad.

"La absolutoria se pidió por graves errores en la pieza acusatoria, la querella y la acción civil, que no son congruentes con la prueba recibida en el debate. Además, el delito está mal tipificado en el Código Penal. Y porque no se logró probar que mi defendido hubiera realizado algún acto con el que pretendiera dañar ni las esferas, las válvulas o las tuberías por donde se iba a descargar el gas", explicó el jurista a CRHoy.com.

Tanto la Fiscalía Adjunta de Limón como la Refinadora de Petróleo solicitaron que el exfuncionario fuera condenado a seis meses de prisión. Al sujeto, ambas instituciones le achacaron un aparente atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones, previsto en el artículo 260 del Código Penal. El ilícito se castiga con entre un mes y un año y cuatro meses de prisión, según distintas condicionantes.

Pérez Sánchez es señalado específicamente por -presuntamente- haber creado un peligro de que se produjeran daños en el plantel de distribución de gas.

Los hechos ocurrieron el 11 de setiembre de 2018, cuando el entonces empleado de mantenimiento supuestamente saboteó -al provocarle daños- la subestación eléctrica interna que provee energía para la operación de los sistemas del plantel. De igual manera, se le atribuye presuntamente haber ocasionado averías encontradas en el panel de control automático de las esferas de gas licuado de petróleo, descargado de los barcos que arriban al puerto.

"Se cree que, una vez dentro de las instalaciones, se dirigió a las esferas que almacenan gas licuado de petróleo y, presuntamente, cortó un cable y habría retirado dos fusiles que suministraban electricidad. También, en apariencia, dañó el sistema de válvulas hidráulicas, siendo esto un peligro para la seguridad común, ya que se irrumpió el bombeo de gas.

"El supuesto actuar delictivo de Pérez Sánchez hubiera provocado una explosión que podría haber liberado gas licuado de petróleo a la atmósfera. Sin embargo, esto fue evitado gracias a la rápida acción de los funcionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo", detalló la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de este medio, realizada el 24 de febrero, en el arranque del debate.

De acuerdo con la pieza acusatoria, el costo de la reparación de los daños ascendió los ¢608.870, mientras que para la interrupción de 15 horas de la descarga de dos barcos con gas licuado, se estimó un costo de ¢15.486.202.

El exservidor fue detenido por la Fuerza Pública en una aparente huida.

Las acciones del encartado ocurrieron en el segundo día de manifestaciones contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a la cual los funcionarios de la institución pública en cuestión se habían sumado.

El por tanto de la resolución del Tribunal Penal de Limón será dado a conocer el próximo martes 22 de marzo a las 8:00 a.m.