Decreto de Chaves sobre armas automáticas confirma que Gobierno no sabe cuáles podrán usar policías

El decreto ejecutivo 44699-MP-SP, que autoriza a los oficiales de cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), a portar y accionar armas de grueso calibre para ser disparadas de forma automática, no especifica cuál será el armamento que podrán utilizar los uniformados una vez que el documento sea publicado en el diario oficial La Gaceta.

Tuvieron que pasar 24 horas para que Casa Presidencial hiciera público el texto firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles; el ministro del MSP, Mario Zamora Cordero y la ministra de Presidencia, Laura Fernández Delgado, donde se pudieron conocer los pormenores.

El decreto fue nombrado "Autorización para que los cuerpos de policía, adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, y la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de Presidencia, puedan utilizar armas de fuego descritas en el artículo 25 inciso A) de la Ley de Armas y Explosivos número 7530, en el ejercicio de sus funciones" y únicamente presenta dos artículos de modificación:

• Artículo 1º: Autorizar a los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, y la Unidad Especial de Intervención (UEI) adscrito al Ministerio de la Presidencia, la utilización de armas de fuego que, con una sola acción del disparador, proyecten sucesivamente (en ráfaga) más de una ojiva, ante aquellas situaciones que así lo ameritan.
• Artículo 2°. Los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, no podrán utilizar armas de fuego descritas en el artículo anterior, cuando intervengan en huelgas o manifestaciones en el ejercicio de sus funciones.

El texto no incluye elementos que describan cómo financiar la compra de las armas, cuántas se pretende comprar o si podrán utilizar fusiles decomisados a grupos criminales.

El ministro Zamora confirmó que todavía no han definido el tipo de armamento que se adquirirá para poder suplir a los oficiales y poder dotarles el recurso que este decreto está señalando.

Chaves dijo durante el anuncio del miércoles 9 de octubre que se tomaba la decisión por el ataque que sufrió un grupo de policías en Batán, Limón el fin de semana, mismo discurso que repitió Zamora durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, no obstante omitieron brindar los datos que usaron para justificar la implementación de estos dos nuevos artículos y nunca mencionan emboscadas contra oficiales.

El principal argumento usado por el gobierno para sostener el decreto es que desde el 1 de enero de 2021 hasta septiembre de 2024 Costa Rica suma un total de 2,139  homicidios, siendo el principal móvil el ajuste de cuentas, con casi un 74% de los casos, según datos brindados por el Organismo de Investigación Judicial.

También apunta al alto decomisos de armas de fuego que durante el mismo lapso se registra 8.291 arrebatadas por las diferentes autoridades a personas que las portaban sin permisos o porque estuvieron involucradas en hechos delictivos, no obstante, en el 2023 del total solo 93 eran automáticas y en lo que van del 2024 se contabilizan 25, pero no se detallan las del 2021 ni 2022.

"Por lo anterior, es necesario que nuestros cuerpos policiales puedan utilizar armas que disparen en ráfaga, ya que estas, al tener una mayor capacidad de fuego, resultan más útiles al enfrentar a la delincuencia armada", dice el decreto.

El diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, cuestionó a Zamora sobre la partida presupuestaria del 2025 de la que saldría el dinero para la compra de las mismas y el jerarca dijo que tomarían fondos del rubro llamado Bienes Materiales, pero el documento no hace mención a esos detalles.

El presupuesto incluye recursos que corresponden a destinos específicos, por un monto total de ¢18.478,5 millones, sin embargo, en el desglose en ninguno de los puntos específicos se habla de dinero para armas.

Durante el anuncio del decreto, Chaves habló de una excepcionalidad a la Ley de Armas y Explosivos para "equilibrar el poder de la fuerza" y "el poder de fuego" en los enfrentamientos entre policías y delincuentes.