Decomisos de cigarros de contrabando cayeron casi 70% desde que inició gobierno de Chaves

Los decomisos de cigarros de contrabando en Costa Rica se desplomaron casi un 70% al comparar los casos del 2021 y los del 2023, luego de que de Rodrigo Chaves Robles asumiera el mando presidencial.

Según datos oficiales de la Policía de Control Fiscal (PCF), el año pasado se cerró con los peores números de los últimos seis años, con la incautación de apenas 25,1 millones de unidades, en contraste con el 2018, que se mantuvo antes como uno de los más raquíticos, con el decomiso de 33,2 millones de cigarros.

La brecha se hace mucho más grande si se toman en cuenta los números del año antes de que Chaves asumiera el poder con Nogui Acosta a cargo del Ministerio de Hacienda, institución a cargo de la Policía de Control Fiscal (PCF), pues se decomisaron 82,7 millones de unidades, es decir, la cifra del 2023 apenas alcanza el 30% de la del 2021.

Los números de Hacienda señalan que durante este 2024 apenas se contabilizan 17,1 millones de cigarros confiscados al cierre de setiembre, manteniendo la tendencia a la baja que inició con la llegada de Chaves a Zapote.

Para la Cámara Costarricense de Comercio este es un tema preocupante, pues estos números, lejos de reflejar menos circulante de contrabando, más bien comprueba que hay más cigarros ilícitos en la calle.

"Sin duda no se trata de que un tema de disminución de ingreso de producto ilícito, más bien ha sucedido lo contrario, las mediciones indican que para finales del 2023 el comercio ilícito de cigarrillos llegaba a 40%, mientras para el primer trimestre del 2024 ya estaba en 45%, eso nos confirma que el comercio ilícito de cigarros sigue incrementando en el país", explicó Ricardo Carvajal, director ejecutivo del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara.

A criterio de Carvajal, las bandas han sido más eficientes a la hora de ocultar sus cargamentos, pues las autoridades no han sido capaces de detectar el producto en infinidad de ocasiones que han ingresado para distribuirlo en el mercado local.

"Lo que nos indican en la PCF es que las bandas están evitando movilizar los productos en camiones grandes, lo hacen en vehículos más pequeños y así son más difíciles de identificar y a eso se deben los decomisos, sin embargo, nuestro llamado a las autoridades es reforzar y hacer un trabajo de inteligencia más robusto que les permita identificar los cargamentos de contrabando", recalcó.

 

La baja en decomisos se da en medio de investigaciones abiertas en Panamá y Costa Rica para identificar a los grupos criminales que estarían detrás del traslado de estas mercancías ilícitas desde la provincia de Colón en la Zona Libre.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá confirmó a crhoy que existen al menos 20 agrupaciones criminales en esa zona que se encargan de recibir los cigarros de contrabando que salen de ese depósito mediante varias sociedades anónimas, para distribuirlo localmente y luego por medio de sus alianzas enviarlos a países como Costa Rica, Colombia y Ecuador.

Reynaldo Javier Bello Méndez, subdirector de esa entidad, reveló que existen alianzas entre grupos ticos y panameños para la colocación de estos productos.

El expediente 21-000115-0622-PE, conocido como Caso Colorado, donde se investiga a familiares y personas de confianza de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, menciona que la estructura aparentemente dedicada a blanquear capitales de Arias, usa la colocación de cigarros de contrabando en negocios de Pococí.

Varias llamadas interceptadas a presuntos miembros de la organización revelaron el vínculo de estas personas con el negocio del contrabando y sus movimientos en abastecedores de la zona, así como a personas independientes que se dedicaban a colocar el producto.

El documento judicial al que tuvo acceso este medio apunta a un hombre de apellido Aragón, quien es dueño de supermercados, su pareja de apellido Vargas, así como un hombre de apellido Jiménez, conocido como “Cabra” o “Gato Covid”, como los responsables de colocar este producto ilícito que ingresa por Paso Canoas, proveniente de Panamá.

Para el Ministerio Público de nuestro país, este tipo de incursiones en nuevos negocios por parte de las organizaciones con más trayectoria, son habituales una vez que cuentan con mucho capital, pues buscan invertirlo en otros negocios y para ellos crean alianzas internacionales con el fin de lavar el dinero que obtienen de las ganancias de la droga.

Un año sin dar declaraciones

Crhoy tiene prácticamente un año de estar solicitando una entrevista con la dirección de la PCF, pero en el Ministerio de Hacienda han encontrado todo tipo de excusas para que se brinden declaraciones a este medio.

El 20 de noviembre del 2023 este medio gestionó con la oficina de prensa de esa institución un encuentro con Jacqueline Soto Rivel, quien fue nombrada por Chaves en ese puesto cuando fungió como ministro de Hacienda en gobierno de Carlos Alvarado, designación por la cual se le abrió una causa penal al mandatario por presuntas anomalías.

Ese despacho indicó dos días después, por medio de correo electrónico, que confirmaban la entrevista vía virtual para el 27 de noviembre, sin embargo, cuando llegó el día acordado horas antes cancelaron la cita.

"Buen día Carlos: Debido a que Doña Jacqueline Soto Rivel, directora de la Policía de Control Fiscal, se encuentra incapacitada por problemas de salud, debemos reprogramar la entrevista prevista para la tarde de este lunes. Inmediatamente, ella regrese a sus labores, le llamaremos para coordinar el espacio. Nuestras disculpas", indicaron.

Este medio estuvo de acuerdo con mover la fecha, tomando en cuenta que era una situación de salud de la jerarca policial, sin embargo, los días pasaron y nunca hubo una comunicación para indicar el cambio de día para tener la reunión.

Por esa razón, el 11 de diciembre volvimos a solicitar la entrevista, pero en esta ocasión ni siquiera contestaron el correo de la petición.

Posteriormente en el mes de abril del 2024, Hacienda notificó la renuncia de Soto Rivel a su cargo, asumiendo de manera interina la entonces subdirectora, Melissa Rodríguez Araya.

Ante este panorama, el 25 de octubre pasado, luego de realizar publicaciones sobre el contrabando desde Colombia, Ecuador y Panamá hacia Costa Rica, nuevamente pedimos un espacio para conversar con Rodríguez sobre la labor que está realizando el cuerpo policial que está bajo su mando y la oficina de prensa de Hacienda respondió que lo gestionarían.

A la fecha en ese ente gubernamental siguen sin confirmar el encuentro en el que se pidió además hablar sobre los trabajos de grupos desarticulados del 2022 a la fecha, decomisos de cigarrillos del 2018 al 2024, las marcas más decomisadas y cuántos grupos por años ha desmantelado la PCF.

También queríamos conocer por parte de esta policía cuantos casos habían logrado remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos relacionados con el contrabando de cigarrillos, pero toda esta información no se ha entregado pese a que el plazo de los 10 días hábiles para responder ya está por cumplirse.