Décadas de cárcel, multas multimillonarias y decomisos: sanciones que impondrían a 3 extraditables
Exmagistrado, exconvicto y empresario ganadero enfrentarán extradición a EE. UU., donde arriesgan hasta 50 años de cárcel, multas millonarias y la pérdida de su patrimonio
El exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez, el exconvicto Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o el Rey de Cahuita, y el supuesto lavador y narcotraficante Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro alias Profe se exponen a altas penas de prisión, sanciones económicas millonarias y hasta el decomiso de su patrimonio.
Así lo revela el expediente de la solicitud formal de extradición presentada por Estados Unidos ante el Tribunal Penal de San José, órgano encargado de tramitar la petición. Dentro de la documentación figuran los denominados "avisos de sanción", que ratifican los castigos por cada cargo todos superiores a 10 años, multas de hasta $10 millones y periodos de libertad vigilada superiores a cinco años.
Sanciones:
Encarcelamiento no menor a 10 años y no mayor a cadena perpetua; una multa que no habrá de exceder $10,000,000 de dólares estadounidenses y un periodo de libertad vigilada de por lo menos 5 años.
Si el acusado tuviera una sentencia previa bajo las normas descritas anteriormente, el periodo de encarcelamiento, el monto de la multa y el periodo de libertad vigilada corresponderán al doble de lo autorizado para una violación inicial de dichas normas.
Cabe resaltar que, tal como informó CR Hoy, los tres imputados enfrentan dos cargos cada uno: asociación ilícita para el tráfico internacional de drogas y fabricación y distribución internacional de cocaína con fines de importación a Estados Unidos. Con ello, las penas se sumarían.
EE. UU. no solo busca una pena de cárcel para los extraditables costarricenses, sino también busca recaudar su patrimonio económico. Las acusaciones formales también incluyen alegatos de decomiso y extinción de dominio para cada uno de ellos.
La extinción de dominio es una herramienta que permite a un Estado recuperar bienes producto de delitos o destinados a actividades ilegales. El proceso no busca sancionar penalmente a alguien, sino privarlo de la propiedad de bienes obtenidos mediante negocios criminales o utilizados de manera ilícita.
Aunque el Departamento de Justicia de EE. UU. ha señalado la posibilidad de cadena perpetua, existe un impedimento legal que no permite a la justicia estadounidense imponer penas superiores a 50 años de cárcel. Esta restricción está contemplada en la legislación costarricense.
Se trata de la Ley de Extradición N.° 4795, que regula procesos como el que enfrenta el exministro y exmagistrado. El artículo 9, inciso 7, exige que el país requirente se comprometa formalmente a no imponer una condena mayor a la máxima prevista en Costa Rica:
Artículo 9º.-El país que solicite a Costa Rica la extradición de un individuo, deberá necesariamente presentar con la solicitud de extradición:
7) Compromiso formal, escrito y firmado por una autoridad suficientemente autorizada para ello, del estado requirente, de que:
b) En ningún caso se sancionará al individuo reclamado con pena de muerte ni con pena superior al máximo permitido por la ley costarricense.
La pena máxima de 50 años de prisión está establecida en el artículo 51 del Código Penal.
La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de cincuenta años.
En consecuencia, Estados Unidos debió comprometerse formalmente a que cualquier condena contra Gamboa o López Vega no excederá ese límite. Aunque legalmente esto no equivale a cadena perpetua, una condena de 50 años podría significar para ambos pasar el resto de sus vidas en prisión federal estadounidense.
Gamboa tiene 49 años y López Vega, 48. De recibir penas de varias décadas, deberían superar edades avanzadas de la vejez para recuperar la libertad.
Los extraditables
De acuerdo con el expediente de extradición —cuyos detalles CRHoy reveló en primicia 24 horas después de las detenciones—, la DEA perfila a Gamboa como coordinador regional del Cártel del Golfo, con conexiones en Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y México.
También lo vincula con el Cártel de Sinaloa (México) y con el Clan del Golfo (Colombia), con los que presuntamente coordinaba la adquisición de cocaína para almacenarla en Costa Rica y luego enviarla hacia Estados Unidos.
En septiembre de 2023, Gamboa aseguró a dos de sus supuestos socios —que en realidad eran informantes de la DEA— que el gobierno actual le permitía introducir cocaína al país.
Alias Pecho de Rata, exconvicto por narcotráfico, fue el primero en ser detenido y podría convertirse en el primer costarricense extraditado. Fue capturado por el OIJ en una de sus propiedades en Cahuita, Limón.
En diciembre de 2023 salió de prisión tras cumplir ocho años por narcotráfico, luego de ser vinculado con el decomiso de más de 300 kilos de cocaína. Según la DEA, López —también conocido como Diosito o Rey de Cahuita— utilizaba propiedades en Sixaola para recibir aeronaves cargadas con cocaína.
Se trataba de dos fincas con salida a playa Gandoca y al río Sixaola, en la frontera con Panamá, a apenas diez minutos de tránsito. Estos puntos, identificados como rutas de ingreso de droga, quedaron más vulnerables desde 2023 ante la ausencia de Guardacostas.
Las propiedades estaban arrendadas a través de la sociedad anónima Hermanos López Tyndall, integrada por sus hijos, en la que él figuró como fiscal. La DEA señala que en esa sociedad aún participan sus hijos y su exesposa, y que las fincas abarcan unas 95 hectáreas.
Una fuente confidencial (CS-1) declaró que López Vega mantenía una estrecha colaboración con Gamboa Sánchez, incluso lavando dinero mediante un equipo de fútbol profesional en Limón.
El tercer extraditable, Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, de 46 años, es señalado por la DEA como líder de una organización narcotraficante que opera en Norte, Centro y Sudamérica desde al menos 2008.
Ganadero de profesión, figura como uno de los principales responsables de coordinar envíos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos desde al menos 2014. Según el expediente, su organización habría generado más de 1,2 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Con base en testimonios de colaboradores y en interceptaciones legales a sus asociados, las autoridades determinaron su participación en un cargamento de 328 kilos de cocaína, incautado en San José el 21 de julio de 2016.
Ese día, gracias a inteligencia obtenida de interceptaciones y otras fuentes, la policía vigiló a dos de sus colaboradores que conducían una camioneta Toyota Hilux cargada con cocaína. Al detener el vehículo, hallaron 149 kilos ocultos y arrestaron a los ocupantes.
