De la Corte a la Asamblea ¿Qué sigue ahora para levantar inmunidad a Chaves?

Una vez definida la votación de los magistrados para autorizar que continúe el proceso de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles y al ministro Jorge Rodríguez Vives, aún quedan varios pasos por cumplir antes de que el mandatario pueda ser sometido a un juicio oral y público.

La acusación, presentada por la Fiscalía General de la República, lo señala por el presunto delito de concusión.

Se trata de la causa vinculada con supuestos contratos a la medida otorgados por Casa Presidencial a una productora, utilizando dinero proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con los cuales se habrían beneficiado el empresario Christian Bulgarelli Rojas y el exasesor y amigo de Chaves, Federico Cruz Saravanja.

Con una votación de 15 a 7, la Corte Plena acogió la solicitud del Ministerio Público, y ahora debe remitir el expediente a la Asamblea Legislativa para continuar con el procedimiento.

El pasado 7 de abril, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, se presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para formalizar la acusación, con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio.

La documentación fue tramitada en ese despacho y luego remitida a la Sala Tercera, que analizó el caso y lo avaló para ser sometido a votación en la Corte Plena. Esta votación se realizó el martes, entre las 8:30 a. m. y pasado este mediodía, momento en que se aprobó trasladar  la solicitud del levantamiento.

¿Qué sigue ahora? El resto del proceso se traslada a la Asamblea Legislativa. Los magistrados deberán enviar un informe detallado a Cuesta de Moras con lo discutido y resuelto.

Una vez recibido, se debe conformar una comisión especial legislativa encargada de estudiar el expediente y dictaminar si procede o no el levantamiento del fuero especial del presidente Chaves Robles y del exministro Jorge Rodríguez Vives.

Luego será necesario enviarlo al plenario donde habrá una votación donde para aprobar el informe que le quitaría el fuero a los jerarcas, se debe contar con el voto favorable de al menos dos tercios del total de diputados. Si se alcanza ese respaldo, el proceso queda en firme.

Tras una eventual aprobación legislativa, la Sala Tercera de Casación Penal designará a un magistrado instructor, quien asumirá la dirección del expediente judicial. Este magistrado estará a cargo de las diligencias de investigación y deberá citar al presidente para rendir declaración indagatoria.

Además, se notificará al imputado para que, en un plazo de tres días, designe a su abogado defensor. Se señalará también la fecha para la toma de datos y la declaración.

Esta etapa se conoce como la instrucción de la causa. Una vez concluida, se valorará y resolverá la admisión de prueba, con miras a dar paso a un eventual juicio penal contra el mandatario.

¿Cuál es la causa penal?

La Fiscalía General presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.

En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.

Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.

Para ese fin, Chaves y el Gobierno usaron parte del $1 millón que el banco centroamericano dona a cada país fundador al inicio de cada nueva administración. Cabe señalar que la Contraloría General de la República (CGR) ha sido clara en que dicha donación se considera como recursos públicos.

De acuerdo con la tesis del ente acusador, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el BCIE, al coimputado Cruz Saravanja, a quien se le benefició con $32 000, derivados del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE por la vía ordinaria.

Además, según la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato.

Bulgarelli Rojas es uno de los investigados en la causa desde su apertura; sin embargo, la Fiscalía le abrió la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad, también conocido como testigo de la corona, estipulado en el artículo 22, inciso b, del Código Procesal Penal.

Dicho artículo establece que, por tratarse de un delito grave, si el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, esclarecer los hechos investigados y proporcionar información útil para probar la participación de los demás imputados, se le puede procesar bajo esa figura.

Adicionalmente, en contra de Bulgarelli se tramita la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que su colaboración no resulte eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.

El pasado 30 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró audios grabados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro durante reuniones sostenidas en Casa Presidencial para definir detalles del contrato.

En dichos audios se escucha claramente al presidente Chaves pidiendo “cariñitos” con fondos del BCIE, que son donados al país para proyectos.

“Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y, tal vez, pedir un par de chineos, de cariñitos”, dijo Chaves en un audio.

Entre los favores de Chaves, solicitó claramente que Federico Cruz “Choreco” estuviera incluido en la contratación con Bulgarelli. “Choreco” fue su asesor durante la campaña electoral.