De elogios a promover marcha en su contra: así escalaron paso a paso ataques de Chaves al fiscal

El mandatario Rodrigo Chaves Robles pasó de decir que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, tenía su corazón "en el lugar correcto", a atacarlo semanalmente e incluso promover -y posiblemente participar-, en una manifestación en su contra. 

Durante su programa televisado del pasado miércoles, el gobernante anunció su eventual asistencia a una marcha convocada para este martes 18 de marzo.

"No les voy a decir si tienen que venir a San José o no, pero la gente si piensa lo mismo que pienso yo del fiscal, con suerte me aparezco yo también. (…) No sé cuánta gente va a ir, doña Pilar Cisneros iba a ir. Yo lo estoy pensando", dijo la semana anterior.

Pero la relación no siempre fue de ataques: empezó con halagos y advertencias sutiles cuando Carlo Díaz recién fue nombrado. Las críticas empezaron a acrecentar, cuando la Fiscalía General empezó a avanzar con las causas penales contra Rodrigo Chaves y los miembros de su gabinete. 

Línea de tiempo: lo previo

Durante los primeros meses de la administración chavista, Carlo Díaz todavía no estaba en la palestra pública. Para entonces, el fiscal Warner Molina dirigía el Ministerio Público de forma interina, tras la jubilación de la exfiscal general, Emilia Navas. Las presiones de Chaves a esta institución se remontan desde entonces. 

El 16 de junio del 2022, el mandatario hizo una visita a las instalaciones de la Fiscalía para conocer sobre 5 expedientes de investigación en su contra y quejándose de que CR Hoy, a través de una consulta periodística, había conocido la existencia de los mismos. En el acto, fue notificado por Molina.

Carlo Díaz todavía no era la cabeza del Ministerio Público y los magistrados todavía no habían hecho una elección, cuando unos días después, el 20 de junio del 2022, las presiones de Rodrigo Chaves sobre el Poder Judicial continuaron en torno a la designación de un fiscal general. 

Luego de que planteó una "visita de cortesía", el gobernante llegó a la Corte Suprema de Justicia y conociendo que había causas penales en su contra, cuestionó la tardanza en el nombramiento del sustituto para Emilia Navas y de paso se refirió al perfil que según él, debía tener.

"Esta insigne institución no debe permitir que personas y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República, o al sistema judicial en general, como obsceno cañón para disparar balas de odio, para disparar sus intereses canallas", dijo en el encuentro.

Nombramiento y reunión

Fue hasta el 31 de octubre del 2022, cuando Carlo Israel Díaz Sánchez se convirtió en el nuevo fiscal general de la República, con el apoyo de 15 de los 22 posibles votos en una tercera ronda votación en la sesión de Corte Plena, tras casi año y medio de estar la vacante.

Por un par de meses, no hubo noticias de la relación entre el fiscal general y el mandatario, hasta el 21 de diciembre del 2022, poco más de mes y medio después de la designación. De forma privada y secreta, sin anunciarlo en la agenda presidencial, tuvieron un encuentro. 

Del mismo se conoció poco más de que ocurrió, más las imágenes que compartió Casa Presidencial horas después. Son las mismas fotografías que permitieron confirmar la presencia por parte del Poder Judicial, del ministro de Justicia y exsubdirector del OIJ, Gerald Campos.

También estuvo Jorge Torres, ministro de Seguridad en aquel entonces y actual jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), así como Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del gobernante y hermano del fiscal coordinador de Cibercrimen de nombre Esteban, hoy en el foco de los cuestionamientos y de investigaciones disciplinarias.

De parte del Ministerio Público asistió Javier Valerio, actual fiscal adjunto contra el Narcotráfico y contra la Delincuencia Organizada.

Lo único que se conoció de la cita, es que se trataron temas de seguridad como drogas, crimen organizado y trata de personas, informó el Ministerio Público. Mientras tanto, Casa Presidencial borró de su sitio web oficial el comunicado que habían publicado sobre la reunión. 

En esa nota de prensa, destacaron este como el "primer acercamiento" de Chaves con el fiscal general. No se levantó acta ni se invitó a medios de comunicación, como habitualmente ocurría. Se mantuvo con la mayor discreción.

En torno a esas fechas, el mandatario Rodrigo Chaves confirmó una reunión en su casa con dos magistrados y 6 diputados para comerse un tamal, entre ellos, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre.

La reunión entre los jerarcas del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público generó ciertas preocupaciones. El 2 de febrero, en medio de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, Carlo Díaz fue cuestionado por diputados sobre ese encuentro, dado que Chaves hizo referencia a que esperaba que él estuviera "del lado correcto".

Ante esto, el fiscal general aclaró que el encuentro no fue a solas.

"Ustedes pueden tener plena confianza que el Ministerio Público no se va a prestar para ningún juego político y no vamos a permitir ninguna injerencia a nuestra independencia", afirmó Díaz en el Congreso.

Ambos acordaron una nueva cita, de la cual no se supo nada hasta el 14 de febrero de 2023, cuando Casa Presidencial informó de la visita de Díaz a Zapote. Finalmente, la reunión no se concretó por "imprevistos de agenda".

Elogios entre críticas e inicio de allanamientos

El 25 de enero del 2023, en medio de cuestionamientos al Ministerio Público por la mora judicial y por el manejo de un supuesto megacaso de evasión fiscal que el gobierno nunca demostró su existencia real, el mandatario Chaves hizo algunas advertencias y elogios solapados hacia Carlo Díaz, quien tenía menos de 3 meses en el cargo. 

"Aquí se va a retratar muy claramente la ruta del nuevo fiscal, don Carlo, con quien he conversado. (…) Yo tengo fe. Don Carlo, el nuevo fiscal, es una persona que tiene el corazón en el lugar correcto", mencionó.

Hasta ese momento, no existían enfrentamientos directos o ataques del gobierno hacia el fiscal general. Para entonces, el Ministerio Público había pedido desestimar 5 de las 18 causas penales que había a nombre de Rodrigo Chaves.

Tiempo transcurrió y el 16 de agosto de ese año la Fiscalía General con Díaz a la cabeza, condujo un allanamiento al bufete Lexincorp, del cual es socio fundador el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco. A partir de allí se empezaron a mover más públicamente, las investigaciones penales contra el mandatario.

Ese allanamiento se realizó como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rodrigo Alberto Chaves Robles y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Informe y falta de apoyo

Uno de los capítulos donde se empezó a marcar más las diferencias, ocurrió en octubre de 2023. El Gobierno de Chaves pidió al Ministerio Público agilizar y presentar una "política pública de investigación penal", aunque este órgano es completamente independiente y es parte del Poder Judicial, por ende, no responde a Chaves.

Fue mediante un video difundido por presidencia, en la cual el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, emplazó a Díaz a explicar "cómo va a priorizar las investigaciones a su cargo".

Esta exigencia fue la reacción del Poder Ejecutivo ante la muerte de un oficial del Organismo de Investigación Judicial, Geiner Gómez, a manos de un gatillero.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, respondió que no era su obligación o de la institución, informar al Poder Ejecutivo de sus acciones de persecución penal, dado que entre sus mandatos no está informar al Poder Ejecutivo sobre sus decisiones.

"Lo anterior responde, al mismo tiempo, al principio de independencia del Poder Judicial, que es garantía de imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones como ente encargado del ejercicio de la acción penal", añadió el fiscal.

Todo esto ocurrió en medio de una discusión política sobre la negativa del Gobierno de inyectar más recursos para seguridad y el combate contra la criminalidad. 

El 5 de octubre de ese mes, el fiscal general señaló con bastante molestia la falta de voluntad de Chaves para reforzar a las instituciones a cargo, luego de una reunión que habían tenido en días recientes.

No se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público, evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia.

A partir de allí, la ruptura se acrecentó, al tiempo que la lista de causas penales de Rodrigo Chaves se ampliaba en decenas.

Allanamientos por Parque Viva: el detonador

La ruptura más grande y el inicio de los ataques de Chaves directos y direccionados hacia el fiscal general, comenzaron más fuertes el año pasado.

Durante los primeros meses, no hubo mayor movimiento y de hecho en entrevista con CR Hoy, se cuestionó al fiscal general por el poco avance de los expedientes penales que existían contra el mandatario. 

En ese momento, Díaz se justificó en que los casos tenían el avance que corresponde según la ley y rechazó que estuvieran atrasados, aunque aceptó que algunos trámites no tienen mayor complejidad; dijo que iban recabando las pruebas.

Sobre la falta de allanamientos, la posibilidad o necesidad de intervenir en Casa Presidencial u otras instituciones, el fiscal general señaló:

Cuando ha sido necesario, por ejemplo este caso del financiamiento de partidos, hicimos los allanamientos que corresponden y ahora estamos en el análisis de las pruebas, y también pidiendo otras pruebas mediante oficio a las instituciones. 

Cuando consideremos que es necesario y oportuno realizar algún tipo de allanamiento o diligencia, lo vamos a hacer. Pero de momento, no ha sido necesario. 

A mediados de setiembre llegó uno de esos allanamientos. La Fiscalía General condujo un operativo en las instalaciones centrales del Ministerio de Salud, para intentar recabar pruebas, documentos, archivos y dispositivos electrónicos con información relevante sobre el caso del cierre del Parque Viva.

En la investigación figuran como imputados el mandatario Rodrigo Chaves Robles, la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal y el exministro de Transportes, Luis Amador, entre otros.

El gobernante es el principal señalado en la investigación por supuesto abuso de poder y prevaricato, tras el cierre a mediados de 2022 del Parque Viva. A los 2 días, el mandatario arremetió contra la diligencia judicial.

Hoy allanaron el Ministerio de Salud porque el fiscal general le dijo a la Sala Tercera que es la sala suprema de la materia penal, que yo Rodrigo Chaves había creado una especie de sindicato criminal para cerrar el Parque Viva.

(…) Es una muestra más de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía y de la Sala Tercera, la presidenta Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de dañar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme. Eso es lo que están haciendo. (…)

Tantas cosas, pero no. Hay que hacer una investigación autorizada por la Sala Tercera para ver cómo fue que yo lideré un grupo criminal para afectar a Parque Viva y a La Nación. (…) 

El fiscal general de la República, respondió a los ataques del mandatario Rodrigo Chaves contra el Ministerio Público. 

El Ministerio Público es un órgano jurídico que se encarga por ley de ejercer la persecución penal, de modo que no se referirá a manifestaciones mal intencionadas que pretenden cuestionar nuestra objetividad e independencia en las acciones operativas en ejecución.

Cualquier discusión jurídica acerca del trabajo que dirigimos la haremos únicamente donde corresponde: en los Tribunales de Justicia.

Caso Barrenador: la explosión

Setiembre del 2024 fue en definitiva, el mes clave para la erupción de una confrontación sistemática del mandatario hacia el fiscal general. Unos días después del operativo en el Ministerio de Salud, salió a la luz pública el caso Barrenador. 

Carlo Díaz ni la Fiscalía General estuvieron involucrados, pero el Ministerio Público y el OIJ condujeron una serie de 28 allanamientos como parte de una investigación por supuestas anomalías y sobreprecios en la adjudicación de contratos a cooperativas, para la administración de 138 Ebais en varios puntos del país.

Marta Eugenia Esquivel, una de las figuras más cercanas de Chaves y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue detenida y trasladada en perrera desde Pérez Zeledón donde se entregó, dado que se ordenó su detención por figurar como principal sospechosa del supuesto favorecimiento, que le costaría al país ₡12.400 millones anuales.

Poco después, Chaves organizó uno de sus programas televisados semanales para despotricar contra la Fiscalía y su jerarca.

"Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar. Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted, compatriota?

¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro de que sí, y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal", señaló entre otras cosas.

Díaz replicó y calificó las palabras que utilizó el gobernante como irrespetuosas, falsas, erradas, temerarias y preocupantes.

Financiamiento de campaña

A inicios de este 2025, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, se apersonó al Tribunal Supremo de Elecciones  (TSE) para secuestrar un informe que elaboró la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) del órgano electoral, acerca de las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral del hoy gobernante. 

Las conclusiones de la investigación elaborada, revelados en primicia por CR Hoy, evidencian la presunta comisión de delitos relacionados con la captación de recursos de particulares y el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas del PPSD, en contra de lo que establece el Código Electoral, a partir de 2 presuntas estructuras paralelas de financiamiento. Los delitos investigados son penados, en algunos casos con hasta 6 años de cárcel.

En el caso del mandatario Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.

Además, se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de "una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político".

El informe señala también a otras 8 personas investigadas, por hacer y recibir presuntas donaciones ilegales. Chaves calificó el reporte como ridículo.

Ataques sistemáticos

Desde ese episodio, Rodrigo Chaves ha dedicado prácticamente todas sus apariciones públicas a culpabilizar al Poder Judicial no solo de la inseguridad y la ola de asesinatos que azotan al país desde que inició al gobierno, sino de forma personal al fiscal general Carlo Díaz.

Esto ha ido más allá de las palabras, al punto que según investiga el Ministerio Público, la aparente existencia de una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la de la DIS cuya misión es "obtener información de las personas o grupos que eventualmente atacan o podrían investigar al presidente (Chaves) y a sus principales ministros".

El propio fiscal confirmó que él ha detectado seguimientos y la presencia de esta estructura en las inmediaciones de su vivienda, según confirmó en octubre del 2024.

El mandatario ha tergiversado información dada a conocer por medios de comunicación, ha desinformado y ha brindado datos falsos para insinuar en múltiples momentos que Díaz es "socio comercial" con sospechosos de narcotráfico, para acusarlo de favorecimiento en nombramientos dentro del Ministerio Público, para señalarlo de presunto acoso laboral.

Todo como parte de una estrategia para deslegitimar al Ministerio Público, como lo ha señalado el propio Carlo Díaz. El gobernante ha sostenido embates permanentes al punto de respaldar vallas publicitarias pidiendo la renuncia.

En las últimas semanas, Chaves no solo ha respaldado, sino que también ha publicitado, promocionado y casi festejado la organización de una movilización hacia las instalaciones del Poder Judicial y la Fiscalía, con el fin de pedir la renuncia del fiscal general de la República.