Datasys sostiene que orden de embargo en Guatemala pone en riesgo la democracia
En primera instancia la Corte había rechazado esa petición de la Fiscalía.
Datasys Guatemala
Los representantes en Guatemala de la empresa Datasys, adjudicada en Costa Rica por Radiográfica Costarricense (Racsa) para el desarrollo de la red 5G, afirman que la orden de embargo que se les impuso en suelo chapín es un atentado a la democracia y responde a los intereses de la Fiscalía General de perjudicar el proceso de elecciones en el que resultó electo el actual presidente Bernardo Arévalo.
En Guatemala, dicha compañía, por medio de Podernet, fue la empresa que ganó la licitación para ejecutar el plan de conteo electrónico en los comicios presidenciales del año pasado. La Fiscalía de ese país les investiga por el supuesto sobrepago autorizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la implementación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los comicios presidenciales del año pasado.
Como parte de la resolución, además del embargo, se ordenó la suspensión del pago de más de ¢2.600 millones (40 millones de quetzales) a la compañía proveedora por el servicio brindado TSE.
En primera instancia, la Corte había rechazado esa petición de la Fiscalía, pero el órgano acusador apeló y la segunda instancia avaló lo solicitado por el Ministerio Público.
CRHoy.com consultó al Ministerio Público sobre la resolución de embargo de la Sala Segunda de Mayor Riesgo del Poder Judicial de Guatemala relacionada con Datasys e indicaron que no podían dar detalles, pero confirmaron la información.
"En este caso únicamente se confirma la información, ya que por la reserva que conlleva la investigación no es posible ahondar en detalles", contestaron.
Embargo a Datasys Guatemala. Captura de pantalla del medio TVGT NoticiasLa empresa sostiene que son acusaciones infundadas y que son víctimas de persecución política.
"Datasys Guatemala S.A. está siendo objeto, junto a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de una abierta persecución política e institucional por parte del Ministerio Público, dirigido por María Consuelo Porras Argueta de
Porres, como represalia al haber rechazado nuestra empresa varios ofrecimientos e injerencias impropias en el marco de nuestro contrato de transmisión de datos electorales obtenido de manera legal bajo concurso y ofertas de otras compañías que no pudieron ofrecer las mismas condiciones y servicios que Datasys cumplió", señalaron
A criterio de los afectados por la decisión de las autoridades judiciales, el Ministerio Público busca deslegitimar el proceso electoral "poniendo en riesgo la democracia del país" sin tomar en cuenta la voluntad popular en las urnas "al lanzar acusaciones espurias contra Datasys Guatemala S.A. y contra los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral".
Su tesis la reforzaron con la decisión que tomó Estados Unidos al prohibir a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta de Porres, el 16 de mayo del 2022, la entrada a ese país por actos que señalan iban contra el combate a la corrupción en su país.
A eso sumaron el hecho de que la Organización de Denuncia de la Corrupción y del Crimen Organizado (OCCRP, en inglés) designara a esa funcionaria como el "personaje más corrupto" del mundo durante 2023.
Datasys informó que es "respetuosa de las leyes y procesos legales", por lo que al conocer las medidas cautelares presentaron todos los documentos y argumentos que demostraban la legalidad de nuestras acciones, mientras que aseguran que el Ministerio Público no ha tomado esa posición al no respetar el primer mandato del Juez de Extinción de Dominio, tomada el 24 de enero pasado.
Otro de los hechos que señalaron es su preocupación por el conocimiento de detalles del expediente judicial del Caso TREP, pese a que se trataba de documentación confidencial de acceso exclusivo para las partes.
"A pesar de lo anterior, el Ministerio Público ha negado a Datasys Guatemala S.A. acceso a la carpeta o al expediente judicial en el que se le involucra, con lo que violenta de manera flagrante el derecho universal que tiene todo ciudadano a defenderse, ya que no puede conocer de qué se le acusa y cuáles son los argumentos en su contra", indicaron.
Sobre el sistema que usaron insisten que se ejecutó de forma transparente y que obtuvo buena calificación de observadores internacionales, algo que aluden es gracias a sus 25 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas.
Vea aquí el comunicado completo que emitió la compañía:
Caso TREP
La Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala tiene bajo la lupa a 8 magistrados del Tribunal Electoral por el presunto manejo irregular que se le dio al sistema que aportó la compañía Datasys, encargado del sistema de conteo de votos durante las elecciones.
La entidad le achaca a los funcionarios un presunto delito de abuso de autoridad al haber suscrito el contrato administrativo con Datasys, del programa informático para la trasmisión de resultados electorales.
Pero además se les investiga por incumplimiento de deberes, debido a que -supuestamente- no fueron diligentes a la hora de supervisar la labor de la empresa contratada para el proceso electoral.
Finalmente, le endosa a los magistrados una posible comisión de fraude debido a que los investigados autorizaron la adjudicación del contrato administrativo con la entidad Datasys Guatemala S.A.
En los comicios resultó electo Bernardo Arévalo, en medio de múltiples cuestionamientos al sistema y posteriores allanamientos al TSE, así como incursiones judiciales en el proceso electoral.
