Culmina audiencia contra Batalla e investigados: medidas cautelares se conocerán hasta otra semana

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública todavía no dictó medidas cautelares en contra de los sospechosos del caso Pista Oscura, en el cual se investiga la posible desviación de $40 millones para reparar la autopista del Aeropuerto Internacional de Guanacaste, así como una aparente reducción en las obras en perjuicio del erario estatal.

La situación jurídica del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, Alejandro Picado Eduarte, presidente de la CNE; Henry Villalobos Solís, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de esa entidad y Marcos Castillo Masís, director de Aviación todavía permanece en el aire.

Tras escuchar la exposición de todos los abogados defensores, la jueza tomó la decisión de llegar la audiencia a su fin y convocar a las partes para dar a conocer la resolución el próximo lunes en horas de la mañana.

El Ministerio Público pretende el impedimento para salir del país, así como firmar una vez al mes, no mantener contacto ni cercanía con testigos, la prohibición para perturbarlos y también para acercarse e ingresar a las instituciones involucradas: la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Dirección General de Aviación Civil (DGAG) y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Dado que tres de ellos son funcionarios actuales del gobierno, también se pidió la separación de sus cargos y cada institución deberá definir si es con goce o sin goce de salario. El plazo de las medidas cautelares era por un año. 

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) a cargo del caso, fue el despacho que tramitó la solicitud.

La audiencia se realizó desde ayer miércoles y se tardó casi 11 horas, hasta que cerca de la medianoche se ordenó la liberación de Batalla y los demás, dado que la Fiscalía no pretendía imponerles prisión preventiva.

Hoy jueves se retomó la diligencia a eso de las 2:00 p.m. con la exposición de los abogados defensores, quienes se opusieron a imponer restricciones.

Durante las primeras horas del martes, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto al Ministerio Público, intervinieron las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde de paso los arrestaron, dado que figuran como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Esta causa se relaciona a una serie anomalías orquestadas para desviar unos $40 millones y reparar parcialmente la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, el Daniel Oduber Quirós.

Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación, la primera, vinculada a la preparación del contrato para las obras y la modificación de un decreto de emergencia para meses después de varias tormentas, incluir Liberia y por ende, la terminal aérea.

Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.

Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.

Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República.

La segunda línea recae sobre la ejecución de las obras, dado que al parecer en medio de irregularidades, se redujeron la cantidad de reparaciones sobre la pista y el valor del contrato solo bajó en $4 millones.

Aparte de Castillo, Villalobos, Batalla y Picado, en la causa se investiga a otras 10 personas de apellidos Naranjo Elizondo (exdirector de Aviación Civil), Amador Jiménez (exministro del MOPT, ya indagado por la Fiscalía General), Marín Fallas (jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Díaz Quintana (exministra de la Presidencia), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro Junta Directiva de CONAVI), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (Presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).