Cuestionada póliza cubrirá a Chaves y Gabinete incluso si renuncian o cambian de puesto
Cobertura para jerarcas retirados cubrirá reclamos sobre actuaciones ejercidas durante períodos en el cargo
El presidente, Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta (Presidencia)
La póliza de responsabilidad civil que el Ministerio de Hacienda pretende contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) para cubrir a Rodrigo Chaves, presidente de la República, y a los jerarcas de gobierno, estipula que la cobertura por las actuaciones realizadas en el ejercicio de las funciones se mantendrá en aquellos casos en los que los funcionarios renuncien o se pensionen.
La contratación de la póliza anual, por más de ¢248 millones, se gestiona en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) por medio del expediente 2024PX-000002-0009100001 y bajo la figura de procedimiento por excepción (fuera del procedimiento ordinario). Según el Ministerio de Hacienda, esta es la primera vez que la Administración gestiona una póliza de este tipo.
En la justificación para este gasto, el Gobierno alega que "la póliza es necesaria para resguardar las decisiones o acciones a tomar en el país" y para que el Estado cuente con las herramientas para defender sus decisiones, proteger la imagen, el erario público y a los jerarcas en la toma de sus decisiones.
El documento "Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para Jerarcas (Presidente, Vicepresidente, Ministros Y viceministros)", en el apartado de especificaciones técnicas y generales, establece los tipos de cobertura que recibirán los jerarcas (mandatario, ministros y viceministros). Entre los aspectos contemplados, se puntualiza la "cobertura para jerarcas retirados".
"En caso de retiro de algún funcionario (por pensión o cambio de puesto) este estará cubierto siempre y cuando el reclamo sea sobre actuaciones ejercidas durante el período que ocupó en el puesto y se encuentre vigente la póliza. De igual forma, un nuevo funcionario automáticamente estaría cubierto por la póliza, dado que se encontrará desempeñando el puesto cubierto por la misma", cita el texto.
Así las cosas, si un ministro renuncia o asume otro cargo (en el Estado o en la esfera privada) mantendrá la cobertura siempre y cuando se trate sobre las actuaciones realizadas mientras estuvo en el ejercicio de las funciones gubernamentales.
En la justificación de la contratación de la póliza, Hacienda alegó que "es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no solo el interés público, sino a la ciudadanía", dice la contratación.
El ministerio defendió que la contratación se apegó a los análisis técnicos y jurídicos del proceso de contratación administrativa y que su objetivo es asegurar al Estado frente a eventuales pérdidas económicas por posibles procesos judiciales contra jerarcas del Poder Ejecutivo, de manera que no se afecten las arcas públicas para la atención de esos procesos.
La vigencia de esta póliza por ¢248 millones será anual y también incluye las siguientes coberturas:
- Gastos y costas legales de defensa.
- Costos y gastos de emergencia.
- Costos para fianzas.
- Costos para atención de crisis.
- Gastos para relaciones públicas.
- Gastos para proteger la reputación de los asegurados.
- Costos por procesos de extradición.
- Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.
- Costos para salud y seguridad ocupacional.
- Privación o confiscación de activos
- Costos de preinvestigación.
- Violaciones ambientales.
- Audiencia derivada de una investigación.
- Administradores no ejecutivos.
- Entre otros.
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República y su gabinete. Fotos: Casa Presidencial
La póliza incluirá actuaciones culposas, cualquier error probado o supuesto, declaración errónea, omisión, todo tipo de actuaciones en el ejercicio de sus funciones que causen perjuicios a terceros, entre otros.
De la póliza se excluirán, según dice la contratación, casos por soborno, lavado de dinero, litigios previos y pendientes, daños corporales o daños materiales a partir de la fecha de vencimiento.
El Ministerio de Hacienda y el INS anunciaron este 28 de octubre que pausaban la contratación a la espera de un dictamen de viabilidad legal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente y el gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos.
La CGR dejó claro que el pago de esas pólizas debe salir del mismo bolsillo del mandatario y de los jerarcas.
El ente contralor recalcó que el Artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone para todo encargado de "recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos" el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio (dinero y bienes propios de una persona), en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
La CGR puntualizó además que ya había pronunciamientos previos de su parte con relación a la obligación de los jerarcas de pagar estas pólizas de su propio peculio. Esos pronunciamientos fueron en mayo de 2022 cuando se le hizo la consulta desde la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y septiembre de 2019, cuando consultó en relación con lo mismo desde la Municipalidad de Cartago.
Entre sábado y lunes, se presentaron 2 denuncias penales contra Nogui Acosta, ministro de Hacienda y el presidente Chaves por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos, al presuntamente existir vicios legales con la contratación de la póliza.
