(CRHoy.com) El Gobierno  ya presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica (BCR) y utilizar esos recursos para amortizar la deuda pública.

Según el expediente 23.331 las estimaciones que hizo la administración sobre el valor del banco estatal señalan que la venta de sus activos y pasivos tienen un valor de $1.785 millones.

"Esta es una estimación realizada con una serie de limitaciones y supuestos fuertes, a partir de información contable obtenida de los estados financieros anuales auditados y consolidados del conglomerado financiero BCR que se encuentran disponibles para el público general. Por esta razón, para determinar el valor de mercado de una forma más fehaciente, se requerirá que, al momento de realizar la venta, se dé una nueva determinación a partir del estudio correspondiente", aclara el proyecto de ley.

Falta de liquidez

El Gobierno justifica además, que la venta de este activo del Estado se sustenta en recomendaciones que ha hecho al país la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero también ante la crisis de liquidez que enfrenta el Gobierno producto de la deuda pública.

En las justificaciones del proyecto se recuerda que para el presupuesto ordinario del 2023, el Gobierno pagará 43% en intereses de deuda.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda pública del país alcanzó para el 2021 supera los $42.436 millones.

"En este contexto, para que el país pueda avanzar en desarrollo e inversión, resulta fundamental dar mayor solvencia, liquidez y margen de maniobra al Estado, con un gasto más flexible que pueda reducirse más ágilmente, en aras de que pueda ejecutar de mejor manera sus funciones, sostener las finanzas públicas sanas y, sobre todo, generar políticas públicas que puedan favorecer a todas las personas", explica el proyecto.

El Gobierno agrega que ante la rigidez del presupuesto, es necesario aplicar medidas extraordinarias para bajar el nivel de la deuda.

Es aquí donde la venta del BCR se vuelve un objetivo muy valioso para la administración.

El proyecto señala que no se considera oportuno una venta generalizada de activos, sino únicamente de aquellos que, por sus condiciones con respecto a otros puedan tener funciones similares, "resultan en un balance positivo en caso de venderse, sin afectar la configuración del Estado social de derecho y democracia costarricense".

"Es bajo ese análisis que, tomando en cuenta el balance financiero del BCR, es claro que se trata de un activo de gran valor para el Estado costarricense. Si bien, al ser una institución bancaria no se cuenta con todo el detalle de sus finanzas –dado el secreto bancario y regulaciones que protegen rubros de sus finanzas–, según estimaciones del Departamento de Investigación Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual realiza una valoración al respecto, el BCR es un banco maduro, estable y con un alto nivel de valor respecto al mercado", sentencia el proyecto.

Es evidente la necesidad que tiene el país de aliviar sus finanzas, por medio de la reducción de deuda pública para, así, tener la posibilidad de generar más políticas públicas e inversiones que mejoren la calidad de vida de las personas habitantes de Costa Rica. Por ello, una decisión que impactaría en mejorar nuestras finanzas en cifras aproximadas entre un 2,74% y 3.48% del PIB, como lo es la venta del BCR, más que necesaria, es urgente.

Impacto en la deuda

El proyecto estima que el valor del mercado del BCR podría acercarse, como mínimo, a un 2.68% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el 2022.

Además, respecto a la deuda pública, representaría entre un 4,31% y 5,48% de esta.

"Su venta representaría una oportunidad de bajar súbitamente la deuda, al utilizar los recursos obtenidos para su amortización y pago de intereses. De esta manera, se estaría gestionando inteligentemente la deuda, lo que permitiría reducir la presión sobre el presupuesto de la República y, con ello, se le permitiría al Estado contar con más recursos para inversión y política pública", explica el texto.

Nacional asumiría funciones

El proyecto puntualiza además que tras un análisis de sus funciones "es claro que el BCR y el Banco Nacional (BN) tienen el mismo rol –comercial, en sentido amplio–, a diferencia de los otros bancos públicos, los cuales tienen funciones específicas para cumplir con el objeto de las leyes que los crearon".

Es por esa razón que se propone que el Nacional asuma las funciones de carácter público, así como, los activos, pasivos, operaciones bancarias y obligaciones asociadas a la banca del Estado.

Una vez realizada esta definición, el Banco Nacional deberá absorber dichos activos, pasivos y operaciones bancarias y obligaciones de naturaleza estrictamente pública. Aquellos activos asociados a fines estrictamente públicos, pero no de giro bancario, deberán ser donados al Ministerio de Hacienda, al cual se autoriza para venderlos, con descuento de ser necesario, con base a los estudios técnicos respectivos basados en criterios de competitividad, mercado y oportunidad

Poder de decisión

El proyecto señala que el Consejo de Gobierno, constituido como junta de accionistas del BCR conformada por los ministros y ministras de Gobierno con cartera, será el órgano máximo de toma de decisiones en cuanto al proceso de venta.

Dentro de sus funciones tendrá que nombrar un Comité de Venta conformado por los ministros de: Hacienda, quien lo presidirá; Presidencia, Planificación Nacional y Política Económica; Economía, Industria y Comercio y Trabajo.

Este Comité de Venta tendrá entre sus funciones:

• Desarrollar técnicamente el cartel y bases de venta para aprobación por el Consejo de Gobierno en pleno.
• Definir, para aprobación del Consejo de Gobierno y con base a los estudios técnicos respectivos, el precio y estructuración de venta de los activos, pasivos, banca y empresas subsidiarias del BCR.
• Recibir acompañamiento o asistencia técnica de agencias u organismos internacionales que deseen coadyuvar en la venta.
• Coordinar y dirigir, en consulta no vinculante con la Junta Directiva del BCR y la Gerencia General, todos los aspectos relacionados al proceso legal de traslado y traspaso de los activos, pasivos, operaciones bancarias, derechos y obligaciones en favor de la sociedad subsidiaria Banco de Costa Rica, S.A. que se crea en esta ley.
• Asesorar técnicamente al Consejo de Gobierno en cuanto a los objetivos y fines de esta ley.

También por acuerdo del Comité de Venta, el Ministerio de Hacienda podrá contratar una o varias personas asesoras o firma asesora en materia financiera, con experiencia comprobada en banca de inversión, fusiones y ventas de bancos.

"Para tales efectos, se podrá utilizar un mecanismo excepcional de contratación, bajo las reglas del concurso internacional, siempre y cuando se respeten los principios generales contenidos en la sección II de la Ley General de Contratación Pública y, para lo cual, se hace la excepción expresa de la utilización de la plataforma de compras públicas SICOP", indica el texto.

Los honorarios de la asesoría financiera especializada serán determinados por el Consejo de Gobierno, con base al análisis de mercado que proporcione el Comité de Venta y podrá incluir un honorario fijo y otro de incentivo fijado como un porcentaje del precio de venta.

Con cautela

Mediante un comunicado oficial, las autoridades del BCR indicaron que no opinarán por el fondo del proyecto hasta "conocer su contenido y alcance".

"A nuestros clientes y colaboradores les recordamos que el BCR continuará operando con total normalidad, por lo cual instamos a mantener su confianza en nosotros como lo han hecho a través de los años. Todos nuestros proyectos, productos y servicios seguirán enfocados por el desarrollo económico del país", agregaron.

El BCR aporta de las cargas fiscales que paga, para el financiamiento de instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias (CNE), la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide).

El proyecto debe ahora iniciar su proceso en el Congreso para que se convierta en ley.

De momento las primeras reacciones de las bancadas son tímidas debido a que no conocen el proyecto a profundidad.

Sólo la fracción del Frente Amplio (FA) ya anunció que se opondrá a la venta de activos del Estado.