Crisis por homicidios: Gobierno desoyó todo el año súplica para declarar emergencia

Este 2023 pasará a la historia como el año más violento y en el que más crímenes hubo en el país. El jueves, la cifra oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rompió por primera vez la barrera de las 900 vidas que se perdieron a manos del narcotráfico y el crimen organizado o bien en situaciones de violencia.

En marzo de este año, cuando la cifra apenas rondaba los 133 crímenes, las autoridades policiales alertaron del incremento en comparación a otros años.  En ese momento, cuando la expectativa era cerrar el 2023 con 800 asesinatos, la petición para que el Poder Ejecutivo declarara estado de emergencia tomó fuerza.

Sin embargo, a pesar de las exhortativas de las autoridades judiciales, diputados y expertos, el Gobierno desoyó la petición. La medida no se impulsó.

De haberse aprobado e impulsado esta declaratoria, las fuerzas policiales tanto del Ministerio de Seguridad como del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hubieran podido redirigir recursos y combatir el narcotráfico.

Esta declaratoria hubiera permitido una inyección de recursos de manera más expedita para todos los cuerpos policiales del país para enfrentar a las bandas delictivas. 

Recomiendan medida para 2024

Dos diputados y un experto en materia de seguridad aseguran que el Poder Ejecutivo debería de reconsiderar su negativa para declarar emergencia nacional por inseguridad este 2024.

Además, aseguran que de seguir demorándose esta declaratoria por parte de esta Administración, las consecuencias para el país serán más serias de las que ya se están experimentando.

Álvaro Ramos Rechnitz, experto en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, aseguró que esta declaratoria permitiría una mayor inversión en temas de seguridad por parte de todo el aparato estatal.  Añadió que esto evitaría que provincias y regiones puntuales del país se conviertan en "narco estados" en donde el Gobierno y el Poder Judicial podían perder por completo el control sobre las bandas criminales.

Ramos exhortó al Poder Ejecutivo a no solo concentrarse en cuestiones fiscales, sino en una mayor y mejor distribución de los recursos en la problemática de la inseguridad.

"Es una declaración política de importancia de elevar esta situación. Esta declaratoria hace entender en temas políticos que hay que darle prioridad al presupuesto de las instituciones policiales y represivas del país.  Además, hay que salir de esta camisa de fuerza equivocada en materia fiscal del gobierno. Ellos -Chaves y Acosta- creen que Costa Rica es un banco y no, es un país lleno de gente que sufre una enorme inseguridad. Es más importante vivir en paz y seguridad que vivir con números exactos", dijo Ramos.

Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, explicó que con la declaratoria las diferentes policías del país podrán captar recursos de otras entidades más rápidamente, pero para ello se requiere un compromiso del Gobierno.

Navas coincidió con el clamor que hizo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, ante la necesidad de contar con recursos y con el respaldo de todo el aparato estatal ante la emergencia.

Agregó que esta declaratoria no va en contra de derechos fundamentales o garantías constitucionales de la población, sino que faculta a la Comisión Nacional de Emergencias para recomendar al presidente de la República en determinada situación.

"Creo que el Gobierno tiene que declarar el estado de emergencia para efectos de captar fondos de otras instituciones, incluso porque esa es la prioridad del país, si no lo vamos a perder. Tenemos que buscar soluciones contundentes, hay cosas prioritarias en Costa Rica, pero hay cosas urgentes y esto es urgente y tenemos que echar manos de los recursos y urge que el Poder Ejecutivo declare emergencia, lo hemos dicho desde el año pasado, y así destinar recursos de otras instituciones y establecer una estrategia real de atención y contención de la criminalidad", aseguró.

El socialcristiano Horacio Alvarado Bogantes, también miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se sumó su respaldo a esta petitoria.

A su parecer, la situación del país cumple con todos los requisitos para tomar dicha acción. "Estamos viviendo una calamidad pública, no comparto que digan que no hay dinero ni que digan que si usamos esos recursos vamos a dejar niños sin becas", afirmó.

La histórica cifra de 900 homicidios a los que llegó nuestro país a pocos días de terminar el 2023, es noticia en diferentes partes del mundo. Medios de prensa de varios países hacen eco del nivel de inseguridad que vive Costa Rica y que lo llevó a esos alarmantes números de asesinatos nunca antes registrados.