Crisis en Nicaragua “genera presión migratoria” en Costa Rica, admite gobierno
Gobierno abrió dos albergues
El reducrecimiento de la crisis humanitaria y política que se vive en Nicaragua "ya genera una presión migratoria" en Costa Rica, admitió el gobierno.
La vicepresidenta y canciller de la República, Epsy Campbell dijo este jueves que "con certeza ha aumentado mucho la demanda" de nicaragüenses que intentan ingresar al país.
Este aumento, según la vicepresidenta, se viene incrementando tanto en las fronteras como en los consulados costarricenses en Nicaragua. Mencionó que en promedio en los consulados ticos en ese país se están procesando entre 600 y 700 solicitudes nuevas de visas, mientras que por las fronteras están ingresando en promedio 150 nicaragüenses por primera vez.
"Hay un aumento que podría generar una crisis, pero por el momento estamos atendiéndolo, pero sí hay una modificación de la situación que teníamos", dijo Campbell tras el Consejo de Gobierno de este jueves.
Gobierno pide ayuda internacional para atender primeros albergues
La canciller añadió que debido a este incremento el gobierno ya está gestionando cooperación internacional entidades internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Panamericana de la Salud y las embajadas de distintos países en Costa Rica.
La canciller no precisó cuál es monto que se está solicitando a estas entidades, pero comentó que ya se recibieron cerca de $200 (alrededor de ₡113 millone) para la atención de los migrantes que piden refugio y que ya se ubican en dos albergues, uno en la zone norte y otro en Golfito.
De momento, en estos dos albergues con capacidad para 2 mil personas, ya hay 60 inmigrantes.
Por otro lado la canciller Campbell destacó el apoyo de la región a la propuesta por Costa Rica ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y que, a su vez, exige que se identifique a los responsables de la violencia y al desmantelamiento de los grupos parapoliciales.
La propuesta nacional contó con el respaldo de 21 Estados y solo 3 en contra (de Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas).
Siete naciones se abstuvieron (El Salvador, Granada, Haití, Trinidad y Tobago, Barbados, Belice y Surinam) y tres estuvieron ausentes (Bolivia, San Cristóbal y Nieves y Dominica).