Crisis en Japdeva: pluses en convención colectiva devoran ₡13 mil millones
Incentivos superan en 33% gasto de remuneraciones básicas y duplican totalidad de partida de servicios
(CRHoy.com) Los cálculos que hizo la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) fueron equivocados y el impacto económico de la entrada en funcionamiento de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), operada por APM Terminals, fue más significativo de lo esperado.
Así lo reconoció la actual presidencia ejecutiva de la entidad, liderada por Andrea Centeno Rodríguez, en el planteamiento del proyecto de ley para reestructurar la entidad. El documento, cuya copia posee este medio, fue entregado el martes a la Asamblea Legislativa para su trámite respectivo.
La cúpula de la junta insiste en que para recuperar la sostenibilidad financiera requieren reducir hasta en un 80% la planilla de funcionarios, pasando de 1.186 empleados a alrededor de 400. Para eso, promueven un plan de movilidad laboral voluntaria con 3 escenarios que requerirían alrededor de ₡30 mil millones (aportados por el Estado) para su ejecución efectiva.
En ese mejor escenario para ser sostenible se requiere que la institución genere ingresos por 795 millones de colones mensuales.
El mayor gasto que tiene Japdeva en este momento son los salarios de la planilla, pues representan un 69.2%de lo presupuestado para este año (más de ₡34.4 mil millones).
De esa cantidad, ₡13.2 mil millones corresponden a beneficios estipulados en incentivos salariales por Convención Colectiva. Eso, según la información oficial, supera en un 33% el gasto de remuneraciones básicas y duplica la totalidad de la partida de servicios.
"Cabe señalar que, según un análisis del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto presentado por Japdeva, el rubro en remuneraciones pasó de significar el 48,7% de los gastos en el año 2015 a un 51,8% en 2018 y 69,2% en el año 2019", apuntó la propuesta de ley.
Centeno y su equipo reiteraron que la situación crítica destapada por el inicio de la TCM dejó en evidencia una serie de problemas arrastrados desde hace años: alto costo en el gasto mensual de su planilla, duplicidad de unidades distribuidas en diferentes niveles jerárquicos y problemas de sostenibilidad financiera.
"Esta situación ha desencadenado una alta afectación en los procesos de trabajo, que obstruye el correcto funcionamiento del servicio público y pone en riesgo la sostenibilidad de la institución y su fin público", indica el documento.
Más dudas
Un análisis financiero hecho en el período 2013-2018 muestra que los ingresos obtenidos por la operación portuaria a duras penas alcanzaban para sufragar los gastos institucionales. Siempre hubo déficit, salvo en el año 2014.
Por ejemplo, para este año, los datos recopilados a marzo revelaron que una disminución de ingresos de hasta de un 80%, en gran parte por la pérdida de la atención de buques portacontenedores.
"Los estados de resultados muestran números en rojo desde períodos anteriores, con excepción del año 2014. En el año 2018, la institución finalizó con un déficit de más de ₡3.4 mil millones. Solamente la huelga de 30 días provocó un impacto en los ingresos de más de ₡2.2 mil millones de colones.
"A diciembre 2018, las reservas en bancos consistían en casi ₡6 mil millones, lo que sostuvo temporalmente el hueco financiero de la institución, que se agravó a inicios de 2019 con el cambio de modelo en los servicios de carga", describió la entidad.
El antecedente
Desde finales de febrero comenzó la operación de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), a cargo de la compañía holandesa APM Terminals, y el panorama portuario de carga del país parece haber cambiado para siempre.
Casi de inmediato, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) entró en una pugna con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por el papel de la autoridad portuaria nacional.
La junta reclamó que el MOPT permite a la TCM atender barcos que no son fully celular container (buques con contenedores cargados en celdas) y que, a su vez, eso le quita a la junta la atención de los de carga convencional o semicelular (carga mixta). Esto, según sostenía Japdeva en ese momento y lo mantiene el sindicato, los encamina a un cierre técnico.
La jerarca Centeno habló claro tras la sesión de Consejo de Gobierno de este martes 28 de mayo y dejó palabras fuertes. Calificó la situación institucional como "grave y crítica".
"Vamos a reafirmar que de parte del gobierno de Costa Rica y de la junta el acuerdo se respeta. Este acuerdo bilateral que se firmó y que fue resultado de un amplio diálogo donde se tomó en consideración los escenarios que nos permitieran proteger a los trabajadores de Japdeva en el marco de transformación de la entidad. El acuerdo será respetado de nuestro lado y presentaremos el proyecto de ley", enfatizó Centeno.
La jerarca invitó a los funcionarios de la junta a revisar "con mucho cuidado" las alternativas que se están planteando. "Que nos pregunten y nos repregunten lo que tengan que preguntar", dijo.