La intención del Gobierno de crear una nueva entidad con salarios de lujo despierta mayores resistencias en la Asamblea Legislativa.

Esta vez, las diputadas Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, y Ligia Fallas, del Frente Amplio, formularon críticas al proyecto de ley que busca crear el Consejo Nacional de la Competencia (Conacom).

Esta entidad estaría integrada por tres funcionarios a quienes se denomina "comisionados". Cada uno de ellos ganaría ¢5,5 millones al mes, más el 50% por exclusividad. Es decir, recibirían ¢8,250,000.00 por mes.

Sería un órgano de desconcentración máxima y se encargaría de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, pero de manera independiente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Contaría con personalidad jurídica instrumental para ejercer sus funciones y competencias.

El Poder Ejecutivo puso en conocimiento de los legisladores el proyecto con la justificación de que constituye un requisito para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de prevenir prácticas monopolísticas.

Inicialmente, la propuesta consistía en la creación de un Tribunal Administrativo de Competencia, pero luego se modificó y se planteó la creación del Conacom.

"Es una irresponsabilidad"

La diputada Díaz sostuvo que, a como está planteado el texto, tiene dudas de que la OCDE esté solicitando la creación del nuevo órgano.

"Y que quiera salarios millonarios en una nueva institución, creando más burocracia, mientras por un lado ponen a aprobar una vía rápida a una reforma fiscal. Me parece que es una irresponsabilidad y una barbaridad", dijo la legisladora.

Cuestionó que el Gobierno quiera más impuestos mientras "desperdicia los recursos públicos en más burocracia".

Puntualmente, Díaz, quien no forma parte de la comisión legislativa, hizo las siguientes observaciones:

• El Estado ya cuenta con suficiente estructura para atender los temas de la competencia, protección del consumidor y resolución de conflictos en sede judicial.
• El Conacom sería un consejo muy caro e incurriría en duplicidad de funciones, porque ya las hace el MEIC.
• Es un órgano que "se disfrazaría de desconcentración máxima dentro del MEIC", pero contaría con independencia funcional, técnica, administrativa y financiera.
• Tendría potestades administrativas extralimitadas y tendría mucho poder.
• Sería una institución autónoma "disfrazada".

Adelantó que si el proyecto se dictamina afirmativamente en la Comisión de Gobierno y Administración, plantearán sus observaciones.

"Se desvirtuó"

La congresista Fallas manifestó que la iniciativa que ingresó a la corriente legislativa se desvirtuó.

"Tenemos un problema. Cuando ingresó fue como un requerimiento de la OCDE para crear el Tribunal de la Competencia. Pero ha cambiado tanto, y ahora el proyecto es inconexo".

Según la frenteamplista, "se haría una plataforma para crear burocracia donde quede gente nombrada".

Fallas, quien forma parte de la comisión legislativa, dijo que no se ha llegado a un consenso político con respecto a la iniciativa, pero manifestó que las consultas que se hicieron en su momento a diferentes sectores arrojaron opiniones negativas.

Las críticas de ambas diputadas se unen a las voces que en semanas anteriores se pronunciaron en contra de la propuesta que el Gobierno, en las figuras del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la ministra de Economía, Geannina Dinarte, defiende a capa y espada.

Los también legisladores William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Jorge Arguedas, del Frente Amplio, reconocieron anteriormente que no apoyan la propuesta, tal y como está planteada.

El proyecto también fue cuestionado por la organización Consumidores de Costa Rica y la Contraloría General de la República.

En una respuesta a la comisión legislativa, el ente fiscalizador concluyó: "impulsar la creación de nuevos órganos refuerza una dispersión no siempre conveniente o necesaria, por lo que su análisis debe ser lo más integral posible y no al amparo de premisas no siempre explícitas como la evasión de controles u otras similares como el dotar a servidores públicos de un régimen diferente al del resto del Gobierno Central, haciendo abstracción del fin primordial al cual está llamado el Estado".

La propuesta se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.