Costa Rica: un tenebroso escenario para los líderes indígenas

(CRHoy.com). -Si los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas en Salitre y Jehry Rivera en Térraba, al sur del país, dejaron dolor e intranquilidad entre estos pueblos originarios, la reciente noticia de que la muerte de Rojas quedará impune les pinta con detalle el tenebroso escenario que tienen por delante en su lucha por recuperar las tierras que les pertenecen. 

Con la noticia de que hubo tres sospechosos, pero no la prueba suficiente para acusar a un solo responsable por el asesinato de Rojas, la población indígena dice que se evidencia la discriminación y el racismo de los poderes de la República hacia ella y que camina sola mientras trata de recuperar las tierras que le han sido arrebatadas. 

Lo que significa para las comunidades esta desestimación judicial, más allá de saber que nadie se hará responsable por la muerte de un padre, amigo y vecino, es que están desprotegidas y que los actos violentos contra ellas no tendrán consecuencias. Así como tampoco ha tenido consecuencias el intercambio ilegal de tierras indígenas, que son propiedad protegida desde 1977.

"Pensábamos que teníamos aunque sea un poquito de derecho en esta Nación, en este Estado, pero con esta resolución creemos que no, que definitivamente las puertas nos la cierra el Estado. ¿Cuántos van a ser asesinados de hoy en adelante? Porque es como que el Estado abre la puerta a los finqueros (personas no indígenas ocupantes de territorio protegido) y diciéndoles que pueden seguir asesinando y no va a pasar nada y no va a haber detenciones, no va a haber justicia y va a reinar la impunidad. Eso es lo que en otras palabras está diciendo el Estado", dijo Mariana Delgado, líder recuperadora de Salitre, comunidad en la que asesinaron a Sergio Rojas la noche del 18 de marzo del 2018.

Gustavo Oreamuno, representante de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, que reúne la lucha de distintos grupos indígenas del país, recordó que  este no es el único acto contra esta población que queda impune. Y mencionó una larga lista de eventos, que se detallan en la imagen que acompaña este artículo. 

"La muerte de Sergio venía siendo advertida desde hace mucho tiempo anterior. Había medidas de protección para él y para las familias de Salitre y finalmente ocurre lo que ya se había anunciado. Ahora nos dicen que no hay avance y archivan el proceso", dijo Donald Rojas, presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica.

"Vulnerables ante la criminalidad"

Meses después del asesinato de Sergio Rojas ocurrió otro, el de Jehry Rivera, el 20 de febrero del 2020. En la imagen que acompaña este artículo se les ve juntos en una conferencia, porque compartían, también, la lucha por lograr el anhelo de que les fueran devueltas las tierras a las comunidades. 

"También nos deja vulnerables ante la criminalidad a sueldo que se da en el país y que se da en el cantón de Buenos Aires (Puntarenas) respecto a los recuperadores de sus territorios", comentó Élida Rivera, tía de Jehry Rivera y activista de la comunidad.

"Una de las situaciones es que nosotros vamos a seguir en la lucha, no podemos echar atrás aunque estamos en un riesgo inminente", añadió.

Según la hipótesis del Ministerio Público, hubo personas que idearon el asesinato, distintas a las que lo ejecutaron. Lograron identificar a tres sospechosos, pero no hubo prueba suficiente para acusarlos. Sin embargo, el caso podría ser reabierto si llega nueva información. 

"Muy facilito decir ya esto terminó, es como si fuera una fiesta, un turno o una venta que se termina y recojan todo y se acabó (…) Al Estado se le ocurre, según él, de alguna manera intimidar a los pueblos indígenas, yo sí considero que es una estrategia del Estado, por lo tanto yo puedo decir que el asesinato de don Sergio es en omplicidad con el Estado", comentó Felipe Figueroa, miembro del Concejo Ditsö Irria Ajkonuk Wakpa.

Gustavo Oreamuno, de Ditsö, cree que los distintos poderes del Estado son discriminatorios por intereses económicos, políticos y un actuar ineficiente y racista.

"Gobierno cubre a agresores"

Este 24 de setiembre la Defensoría de los Habitantes le tocó la puerta al Poder Ejecutivo, luego de que el Judicial archivara el caso.

En las manos del Ejecutivo está el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI), a través del cual se investigan las fincas, los propietarios, la población. Además, se hacen las expropiaciones necesarias y se devuelven las tierras a las comunidades indígenas.

La ejecución de este plan haría que las poblaciones dejen de recuperar las tierras ellas mismas, en la zona Norte y en todos los territorios del país. Pero este Gobierno pretende extender el plazo de finalización por tres años más.

Esto haría que el proyecto que inició en 2o17 y terminaría en 2023, ahora termine hasta en el 2026. 

"Uno trata de ser diplomático y cortés, pero hay que ser realista. El Gobierno de Carlos Alvarado lo que nos ha propuesto es un diálogo para minimizar o cubrir a los agresores y agresiones tanto físicas como de muerte (…) Yo no puedo decir que el Plan RTI es tan efectivo como lo quiso decir el señor Otárola (Randall, viceministro de Diálogo) porque lo han visto de una manera platónica", añadió Elides Rivera.

En febrero del 2020 la Defensoría de los Habitantes elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que acusa al Gobierno de quedarse de brazos cruzados en medio del ambiente de inseguridad que se vive en las zonas indígenas del país -Salitre y Térraba-, donde asesinaron a Rojas y a Rivera, respectivamente. 

La población indígena al sur del país también pidió al Gobierno cambiar a los policías que vigilan los territorios, por un supuesto contubernio con los terratenientes ilegales.

Mientras que la inseguridad es más que evidente, la falta de recurso humano, técnico y económico hace que la policía administrativa quede de brazos cruzados ante la violencia que ahí se vive. El mismo Ministerio de Seguridad Pública ha reconocido que en Salitre, por ejemplo, no puede recorrer todo el territorio en época lluviosa porque sus carros no avanzan entre los caminos dañados. 

"El Gobierno, aún cuando esta es una desisción de otro poder, debería de preveer mayor protección en zonas conflictivas porque va a crear muchas más tensión en contra de los indígenas", dijo Gustavo Oreamuno a CRHoy.com.