Costa Rica paga más de $847.000 en comisiones por préstamo de ejecución lenta y cuestionada

Costa Rica ha pagado un poco más de $847.000 (unos ¢428 millones al tipo de cambio vigente) en comisiones de compromiso por un préstamo destinado a financiar 502 obras de emergencia o de riesgo inminente, cuya ejecución avanza lentamente y está rodeada de cuestionamientos.

El dato fue mencionado recientemente por la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, durante una audiencia con el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

Según la legisladora, ese es el monto en comisiones que el país ha debido cancelar a la fecha por el préstamo de $700 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado por el Congreso en febrero de 2024 para financiar el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.

Las comisiones de compromiso se pagan por el incumplimiento en los plazos de ejecución y desembolso de los recursos.

“Aparentemente, van a tener que pagar más comisiones de compromiso porque el plazo de vencimiento de este crédito es en septiembre, y hasta la fecha apenas se registra un avance promedio del 15 % en la ejecución de las obras”, advirtió Ramírez.

Pobres resultados

De acuerdo con un segundo informe elaborado por la Auditoría Interna de la CNE, con corte al 28 de febrero de 2025, cuyos hallazgos son analizados por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, el avance promedio del Proeri es del 15,1 %.

Un ejemplo son las obras en centros educativos: la auditoría determinó que el avance en escuelas es de apenas un 5,09 %, de un total de 86 proyectos incluidos en decretos de emergencia.

Situación similar ocurre con puentes y carreteras. Algunos proyectos fueron incluidos en la lista, pero los procesos han resultado infructuosos, ya que ni siquiera se tiene claridad sobre qué se va a ejecutar, ni existe información suficiente en los carteles de contratación.

En el caso de algunas vías incluidas en el programa, se identificaron al menos 27 sitios donde no se justificaba el riesgo inminente.

De los 88 puntos en carretera, solo tres contaban con estudios básicos. Además, tres empresas concentran el 25 % de las contrataciones.

También se han eliminado proyectos y luego reactivado sin justificación alguna, bajo el argumento de que no se ha establecido un procedimiento claro para eliminar o sustituir intervenciones.

Asimismo, se detectaron inconsistencias en pruebas de calidad de materiales y omisiones en la aplicación de multas por atrasos.

Irregularidades

El país ya paga millonarias comisiones por un crédito internacional destinado a financiar un programa fuertemente cuestionado por las irregularidades denunciadas.

Según la auditoría de la CNE, en la ejecución del Proeri —que abarca 502 obras de emergencia o riesgo inminente— destacan la falta de transparencia, posibles ilegalidades, deficiencias de control interno, desorden y un pobre avance.

Además del lento progreso, la Auditoría Interna reveló las siguientes irregularidades:

• Nueve planes de inversión aprobados por la Junta Directiva de la CNE para ejecutarse con recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) aparecen enlistados como proyectos propios de la CNE.
• De 129 contrataciones realizadas desde el inicio del programa hasta la fecha de corte del informe, 29 han sido declaradas infructuosas y 76 cuentan con el proceso de contratación finalizado.
• El costo de estas contrataciones, según su estado en el proceso, se distribuye en 13 categorías, de las cuales en nueve no se tiene aún un monto asignado; solo en cuatro se ha establecido un costo.
• 48 contrataciones (37 %) han sido adjudicadas a 28 empresas diferentes; el 25 % (32 contrataciones) fue asignado a solo tres empresas, y 49 (38 %) no tienen ninguna empresa asignada (ya sea por estar en proceso o por haber sido declaradas infructuosas).

Los proyectos se financian con el préstamo de $700 millones otorgado por el BCIE a Costa Rica, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.

El 23 de abril de este año, la contralora general de la República, Marta Acosta, reconoció que la institución que lidera no ve factible ejecutar 502 obras en el plazo establecido.

Acosta señaló, por ejemplo, que el 75 % de los procesos de contratación fueron declarados infructuosos.

Indicó además que persisten deficiencias en la estructuración del Proeri, así como falta de claridad en relación con las responsabilidades de planificación y administración asignadas a los organismos ejecutores.

También mencionó las dificultades para estandarizar metodologías orientadas a medir el avance de los proyectos, así como obstáculos para lograr una comunicación fluida entre los distintos actores involucrados.

“Debido a que el plazo de contratación de Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) fue de 21 meses, podría haber un riesgo de pérdida de la capacidad operativa para administrar el programa”, advirtió.