Costa Rica necesita invertir 8,5 % del PIB para atender rezago educativo

Para atender el rezago del sistema educativo, es necesaria una inversión cercana al 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según señala el Décimo Informe Estado de la Educación, un poco más de lo estipulado en la Constitución Política, que establece el 8 %.

Desde 2018, la educación pública costarricense ha dejado de ser una prioridad nacional; esto se refleja en que la inversión proyectada será apenas del 5 % del PIB, lejos del mandato constitucional.

La Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la regla fiscal, que limita el crecimiento del gasto según el nivel de deuda del país, han reducido la capacidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) para ampliar cobertura, mejorar infraestructura, ejecutar programas de equidad, nivelar aprendizajes, formar docentes y modernizar tecnología educativa.

Aunque la regla fiscal no impide formalmente aumentar la inversión social, en la práctica las asignaciones al MEP siempre han sido inferiores a lo permitido. Esta restricción, combinada con decisiones políticas de recorte presupuestario, provocó que el país pasara de cumplir el 93,75 % del mandato constitucional en 2017 a apenas 61,25 % en 2025, lo que representa una caída de más de 30 puntos porcentuales en siete años. Ajustando por inflación, el presupuesto real del MEP entre 2022 y 2025 equivale apenas al 84 % del de 2018, lo que implica un recorte efectivo de alrededor del 15 %.

"No se trata solo de una reducción numérica; estamos ante una renuncia al papel estratégico que la educación debe jugar para el desarrollo de Costa Rica. Este tipo de decisiones políticas compromete seriamente la capacidad del país para cerrar brechas, formar talento humano y sostener un modelo de crecimiento con equidad", afirmó Andrés Fernández Arauz, investigador asociado del Estado de la Educación.

Para Isabel Román, coordinadora del Informe, "la aplicación de la regla fiscal ha contribuido a que se incumpla sistemáticamente el mandato constitucional del 8 %, algo paradójico, pues significa darle más peso a una norma de menor jerarquía legal que a la norma constitucional. Preocupa que parte de la disminución de la inversión educativa no provenga solo de los límites impuestos por esta regla, sino de decisiones políticas de recorte mucho mayores, lo cual, de mantenerse, tendrá altos costos sociales y económicos para el país".

Expansión presupuestaria sin resultados suficientes

El informe también analiza el periodo de mayor crecimiento del gasto educativo, entre 2000 y 2017, cuando la inversión social creció a una tasa media anual del 5,8 % y duplicó su valor en términos reales. Sin embargo, ese aumento no se tradujo en mejoras proporcionales en cobertura y calidad:

• La cobertura en educación secundaria apenas pasó del 69 % al 74 % entre 2011 y 2018.
• En educación diversificada se estancó en 48 %.
• La primaria retrocedió del 98 % al 94 %.

El informe señala que la cifra del 8 % tiene un fundamento técnico y financiero claro. Por ejemplo, universalizar el currículo completo en primaria (incluyendo contratación de personal y construcción de infraestructura) requiere una inversión aproximada de 1,6 puntos del PIB. A esto se suma la necesidad de atender órdenes sanitarias en cientos de centros educativos, lo cual exige al menos 1,3 puntos del PIB adicionales. Solo estas dos medidas implicarían un 2,94 % del PIB en inversión urgente.

Otras iniciativas, como comedores escolares, becas del programa Avancemos, bibliotecas, centros de recursos para el aprendizaje y el financiamiento básico que ejecutan las juntas de educación, también requieren un incremento presupuestario sostenido. Cada uno de estos componentes demandaría al menos 0,11 % del PIB adicional, mientras que otros proyectos de menor escala, pero igualmente esenciales para cerrar las brechas de calidad y acceso, requerirían recursos menores al 0,03 % del PIB.

El informe advierte que, de continuar la línea de recortes de los últimos años, incluso si el presupuesto educativo creciera al máximo permitido por la regla fiscal, la inversión continuaría cayendo como proporción del PIB, alcanzando apenas 4,67 % en 2029.

Lo que se necesita: compromiso, recursos y capacidad

El informe establece que alcanzar el 8 % del PIB requiere tres condiciones:

1. Decisión política orientada a definir una estrategia fiscal sostenida que amplíe el espacio presupuestario para educación y permita cumplir el mandato constitucional, garantizando este servicio conforme a la Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales.
2. Reformas institucionales que mejoren la eficiencia del MEP.
3. Una hoja de ruta plurianual que defina prioridades, metas e indicadores de seguimiento.

"No se trata solo de asignar más presupuesto, sino de garantizar que esos recursos se utilicen con eficiencia y generen impacto. La experiencia demuestra que aumentar la inversión sin resolver las trabas institucionales puede llevar a más frustración que resultados", advirtió Andrés Fernández Arauz.

Fernández Arauz enfatizó que, lejos de renunciar a la meta del 8 %, el país debe avanzar hacia su cumplimiento con una hoja de ruta seria y precisa: "Necesitamos metas graduales, capacidad de ejecución y una estrategia que vincule cada colón adicional con resultados concretos".