Costa Rica es el tercer país de la OCDE con la peor banda ancha, según estudio
Costa Rica ocupa el tercer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con peor desempeño en banda ancha, según el más reciente informe de Estudios Económicos del organismo internacional.
Solo México y Colombia registran cifras inferiores, según el análisis de la situación nacional.
El informe señala que, aunque la infraestructura digital presenta expansión, persisten desafíos para ampliar tanto la cobertura como el rendimiento de la red de banda ancha fija. Esto condiciona el inicio del despliegue de redes móviles 5G en territorio costarricense.
Expertos del organismo multilateral destacaron una cobertura superior al 95 % de la población y al 79 % del territorio mediante tecnología móvil 4G, además de un aumento en las suscripciones de banda ancha móvil.
Sin embargo, los indicadores permanecen por debajo del promedio del grupo. Costa Rica alcanza unas 96 suscripciones por cada 100 habitantes, frente a las 115 registradas como media en las demás naciones del bloque.
Por otro lado, la infraestructura de fibra óptica no mostró avances entre 2019 y 2023, mientras la penetración de banda ancha fija sigue en niveles muy bajos.
Despliegue limitado
El despliegue de infraestructura 5G se mantiene muy limitado dentro del país, a diferencia de otras naciones latinoamericanas donde ya operan redes instaladas.
El estudio sostiene que el establecimiento de estas redes permitiría una conectividad más rápida y confiable, lo cual impulsaría el desarrollo.
El informe hace referencia al proceso impulsado por Costa Rica mediante una licitación pública para asignar frecuencias del espectro 5G a operadores de telecomunicaciones. La subasta incluye incentivos orientados a facilitar la implementación de dicha tecnología.
La OCDE también advirtió sobre barreras existentes a nivel municipal, relacionadas con el despliegue de infraestructura para telecomunicaciones.
De acuerdo con el organismo, los gobiernos locales deben adecuar su normativa siguiendo directrices que permitan una mejor estandarización.
La organización precisó que 18 de las 84 municipalidades ya implementaron dichas regulaciones, aunque muchas enfrentan limitaciones por falta de conocimiento técnico para aplicarlas.
La creación de una ventanilla única digital enfocada en el despliegue de infraestructura tecnológica permitiría reducir la carga administrativa.
No obstante, la necesidad de recursos para mantener actualizada la plataforma ante modificaciones en la normativa municipal representa un reto para su implementación. Esto ocurre en un contexto donde el organismo detectó oportunidades para mejorar regulaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura digital.
"El uso compartido de la infraestructura de conductos para la fibra óptica es obligatorio, pero no está regulado. A pesar de la regulación existente para los postes y conductos de acceso, el propietario titular de la infraestructura establece precios elevados para compartirla, y se retrasa en responder a las solicitudes de otros operadores, lo que limita la competencia de facto por la telefonía fija y la transmisión de datos de gran volumen", indicó la OCDE en su estudio.
La organización recomendó regular tarifas y procesos para el uso compartido de infraestructuras de ductos, a fin de facilitar el despliegue de fibra óptica por parte de los operadores.
Asimismo, expresó preocupación por la excesiva duración en los procesos de resolución de conflictos relacionados con el acceso a infraestructuras esenciales, ya que podrían extenderse hasta tres años, generando más demoras en el desarrollo de la red de fibra.
El informe también instó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a ejercer supervisión sobre el mecanismo de resolución de conflictos, con el propósito de agilizar los procesos y destinar mayores recursos a esta labor.
Finalmente, urgió avanzar en la regulación municipal para permitir el uso de técnicas más innovadoras y menos invasivas durante la instalación de fibra óptica, así como garantizar el acceso público y en línea a la información relacionada con la infraestructura existente de conductos.
Subrayó que esta estrategia contribuiría a una expansión más acelerada de la infraestructura digital.
