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Costa Rica coordina con Panamá debido a alto tránsito de migrantes asiáticos

Los coyotes cobraban precios que oscilaban entre los $7.000 y los $40.000

Por Daniel Córdoba | 3 de Jun. 2025 | 5:12 am

El más reciente programa de Frecuencia MP tuvo como invitados a 2 expertos que se refirieron a la migración irregular hacia Costa Rica, particularmente en relación con el operativo denominado Matsu. En este episodio revelaron que uno de los puntos clave del caso fue el alto tránsito de personas de origen chino en medio de las montañas panameñas, quienes tenían como destino ingresar al territorio nacional.

Este caso se dio a conocer el pasado 28 de mayo, cuando se realizaron una serie de allanamientos para desarticular una banda criminal que ofrecía "servicios" a extranjeros que pretendían cruzar Costa Rica de forma irregular en su ruta hacia Estados Unidos.

En las pesquisas judiciales se detuvo al menos a 19 miembros, quienes participaban como "coyotes", con precios que oscilaban entre los $7.000 y los $40.000, dependiendo del país de origen de los extranjeros interesados.

En la entrevista participaron José Pablo Salas, asesor de la Policía Profesional de Migración, y Natalia Bolívar, fiscal de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada.

Inicio de la investigación

Bolívar detalló que fue desde 2023 cuando la fiscalía especializada contra el crimen organizado comenzó su investigación sobre dicha organización transnacional, la cual operaba desde Panamá.

Esta banda criminal ya había establecido una estructura en territorio costarricense, cuyos miembros se encargaban de facilitar el ingreso de migrantes irregulares a cambio de grandes sumas de dinero.

Los migrantes eran captados en la zona fronteriza tras evadir los controles policiales, y una vez en el país, eran transportados en vehículos particulares, servicios de terceros (buses, taxis, Uber) o en aeronaves, siendo esta última opción la versión VIP o exclusiva. Posteriormente, eran llevados hasta la frontera con Nicaragua, donde continuaban su ruta hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la fiscal, esta agrupación contaba con diversos miembros ubicados en todo el país para distintas funciones: unos se encargaban de captar a los interesados, otros del transporte y otros del alojamiento.

La gran mayoría de los migrantes eran de origen asiático, principalmente de China. No obstante, también provenían de Vietnam, India, Pakistán, Uzbekistán y Siria. Otros países involucrados eran Venezuela, Ecuador y Cuba.

¿Qué factores influyen en la migración?

Salas comentó que hay 2 factores que influyen en la migración irregular: los climáticos y los políticos. Ante esto, el grupo criminal aprovechaba la situación para cobrar sumas más altas a ciertas nacionalidades que podían estar más necesitadas del transporte. Entre mayor era el monto, más especializada era la logística.

El asesor migratorio explicó que Costa Rica se ha convertido tanto en un país de tránsito como de destino. Recordó que, por ejemplo, hace 15 años predominaba la migración desde Nicaragua hacia Costa Rica, en la que un coyote cobraba por trasladar unos cuantos kilómetros desde la frontera hacia alguna ciudad costarricense. Se trataba de un negocio más pequeño, incluso de carácter familiar. Los nicaragüenses llegaban al país en busca de trabajo.

Sin embargo, con la expansión de un mercado más enfocado en el tránsito, los coyotes comenzaron a utilizar rutas anteriormente empleadas por el narcotráfico. Empezaron a explotar a los migrantes para involucrarse en delitos como la legitimación de capitales o el tráfico de estupefacientes, con el fin de obtener mayores ingresos.

Salas indicó que entre 2022 y 2024, por Costa Rica pasaron 815.000 personas en condición migratoria irregular. Eso no significa que todas hayan utilizado una agrupación criminal para su tránsito, pero hay una alta probabilidad de que muchas sí lo hicieran.

Además, han percibido que cerca del 18 % de los menores de edad ingresan al territorio nacional solos, sin la compañía de un adulto.

Colaboración con Panamá

Natalia Bolívar aseguró que las autoridades costarricenses y panameñas comenzaron a trabajar en conjunto luego de que los canaleros empezaran a recibir denuncias y a notar un alto tránsito de personas de origen chino en medio de las montañas del Darién, algo que no era frecuente.

Por su parte, Salas comentó que la policía migratoria costarricense ha participado en aproximadamente 11 operaciones internacionales, muchas de ellas en conjunto con Panamá, pero también con Honduras, Guatemala, Colombia y Ecuador.

Durante las pesquisas se descubrió que había diferentes coordinadores que manejaban hoteles o casas particulares para ocultar a los migrantes. Además, estaban al tanto de las horas nocturnas adecuadas para movilizarlos por las fronteras, a fin de evitar la presencia policial.

Tipificación del delito

El tráfico irregular de migrantes se encuentra tipificado como delito en la Ley General de Migración y Extranjería, N.º 8764. En ese texto se establecen condenas que van de 4 a 8 años, así como agravantes que pueden aumentar la pena de 6 a 10 años.

Artículo 249. Se impondrá pena de prisión de cuatro a ocho años a quien conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos legales, falsos o alterados, o bien, que no porten documentación alguna.

La misma pena se impondrá a quien, de cualquier forma, promueva, prometa o facilite la obtención de tales documentos falsos o alterados, y a quien, con la finalidad de promover el tráfico ilícito de migrantes, aloje, oculte o encubra a personas extranjeras que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país.

La pena será de 6 a 10 años de prisión cuando:

  • La persona migrante sea menor de edad, adulto mayor y/o persona con discapacidad.
  • Se ponga en peligro la vida o salud del migrante, por las condiciones en que se ejecuta el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
  • El autor o partícipe sea funcionario público.
  • El hecho sea realizado por un grupo organizado de dos o más personas.
  • La persona sufra grave daño en la salud.

En estos casos, el delito se comete contra la soberanía del Estado como bien jurídico, ya que se violentan las disposiciones legales migratorias costarricenses.

En el caso de personas que transporten de manera terciaria a un migrante irregular, también podrían estar cometiendo el delito. En esos escenarios, será la investigación la que determinará la probabilidad de que el conductor conociera o no la intención del viajero.

Estas situaciones se presentan, por ejemplo, en el caso de choferes de autobuses, taxis o plataformas de transporte, donde alguien los contrata para realizar un traslado y existe la posibilidad de que no conozcan a quienes están llevando.

Medidas cautelares en el caso Matsu

Natalia Bolívar explicó que el domingo 1 de junio se llevó a cabo la audiencia del caso Matsu, en la que 12 sospechosos quedaron con medidas distintas a la prisión preventiva, mientras que otras 7 personas quedaron sin ninguna restricción.

La fiscalía apeló la resolución del Juzgado Penal y está a la espera de una nueva fecha.

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